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La discapacidad en crisis

Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

Doctora Marcela López, especialista en Neurología.

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15 % de la población vive con algún tipo de discapacidad. Las mujeres y las personas de la tercera edad, tienen más probabilidades de sufrir discapacidades.

La Organización Panamericana de Salud (OPS), expresa que en los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona. Hoy en día se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. La OPS estima que en América Latina y el Caribe, viven aproximadamente 66 millones de personas con al menos una discapacidad.

En Argentina no se tienen cifras claras sobre la población con discapacidad y en el próximo censo del 18 de mayo, no incluye en la encuesta ningún ítem relacionado, se pierde una oportunidad única para ‘conocernos’, según dice el slogan del censo. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que prueba la discapacidad en todo el territorio argentino. Se otorga luego de una evaluación que hace una Junta formada por profesionales de distintas disciplinas, médicos, servicio social, psicología, psicopedagogía, etc. Cada provincia debe tener conformada esa Junta y emitir los CUD.

Para qué sirve el CUD: Garantiza entre otros derechos: 1- Cobertura del 100 % de las prestaciones básicas que incluyen tratamientos médicos, rehabilitaciones, apoyo educativo, prótesis, etc. 2- Acceso gratuito al transporte público nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos, micros. 3- El símbolo internacional de acceso para tener libre tránsito y estacionamiento. 4- Acceso a asignaciones familiares por hijo/a con discapacidad. 5- Eximición de tasas municipales. 6- Beneficios para comprar automotores.

Duración del CUD: El certificado dura lo que indica la Junta evaluadora, según la patología y el grado de compromiso en las funciones corporales y/o intelectuales del solicitante.

Leyes argentinas para discapacidad: La Ley 22.431 define en su artículo 2 al beneficiario (discapacitado a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral).

La ley 24.901 recepta esta definición en su artículo 9 (remitiendo al 2 de la ley anterior) casi textualmente, pero agregando "alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental...", eliminando la disyuntiva "física o mental".

En este sentido, se receptan los cuestionamientos a la idea de discapacidad centrada en el individuo, para redirigirla a la relación con su entorno, "la discapacidad no es pues una característica de personas lesionadas o enfermas, sino una relación entre esas personas y su mundo circundante". Según la OMS, discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano.

Empresas de medicina prepaga (E.M.P.) y obras sociales provinciales: Aunque la Ley 24.901 ha sido votada por unanimidad por todos los legisladores provinciales de su momento, sin embargo ninguna de las obras sociales o institutos provinciales se encuentran obligados por la misma, ya que no han adherido a la Ley 23.660 y sólo 17 provincias han adherido a la Ley 24.901.

Esta circunstancia constituye una situación de ‘discriminación’ para aquellos beneficiarios de los sistemas provinciales (generalmente empleados públicos y docentes) y genera una deuda de las provincias con sus beneficiarios del sistema de salud local y de sus legisladores con los compromisos que suscriben en la legislatura.

Esto provoca en la práctica una situación paradójica, aunque la provincia estuviera adherida a la Ley 24.901, si la obra social provincial no está adherida al sistema de la Ley 23.660 no recibe el aporte del Fondo de Redistribución del A.P.E. (Art. 7 de la Ley 24.901) y en consecuencia sus beneficiarios no están cubiertos por la ley.

En cambio, los habitantes de las provincias que adhieren a la Ley 24.901, pero que no son beneficiarios de la obra social provincial, tienen la cobertura de la provincia (al menos jurídicamente, ya que la realidad dista de ser consecuente); es decir, están en mejor situación real y posición jurídica que aquellos que no tiene cobertura alguna.

Esta situación ha generado en las provincias una judicialización (recursos de amparo) de los reclamos respecto a las obras sociales provinciales. La situación de las Empresas de Medicina Prepaga (E.M.P.) tiene alguna similitud a la de las obras sociales provinciales, pero un distinto análisis normativo.

La Ley 24.901 no incluye expresamente a las empresas de medicina prepaga entre los obligados a dar la cobertura de la ley a sus beneficiarios con discapacidad, sin embargo, en este caso, existen sólidos argumentos que permiten afirmar que se encontrarían obligadas, como las obras sociales, a la cobertura de discapacidad.

Ante la falta de pago a los prestadores -Centros educativos terapéuticos, de rehabilitación física, rehabilitación intelectual, transporte, etc.-, se constituyó la Asociación Nacional de Prestadores de Discapacidad Unidos, que el día 28 de Abril pasado se concentraron ante la Casa de Gobierno de Chaco, presentando un reclamo para que se solucione en forma urgente la situación, ya que es imposible sostener las instituciones cuando el último pago actualizado fuera en febrero del 2021.

Si bien los pacientes o familiares presentan Recursos de Amparo para conseguir medicamentos, prótesis, sillas de ruedas adaptadas o posturales, tardan años en conseguirlos. Un caso de ejemplo: se solicitó una silla adaptada para una niña con compromiso neurológico severo, cuando ella tenía seis años, se la entregó ahora que tiene 21 años, obviamente creció y no la puede utilizar. Como este caso, mil absurdos, sin soluciones ni respuestas.

Marcela López - Especialista en Neurología

Cel contacto: 3794188820

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