Dobleces políticos y resultados devaluados

En cambio, Gran Bretaña avanza de hecho, sin prisa pero sin pausa, en el ejercicio soberano –político, militar y económico- sobre las islas y su mar circundante, apenas limitada por la "aversión al riesgo" de su propia clase empresarial, que sigue esquivando el imprescindible volumen de inversión de capitales, invocando la "inseguridad jurídica".

En nuestro país, en tanto, progresa la "desmalvinización", entendida como el aplacamiento del afán soberanista popular, imprudentemente encendido por la decisión tan especulativa como errada de la dictadura cívico-militar al desafiar a (uno de) sus mandantes extranjeros en 1982. La expresión más notoria de esta política no consiste en la falta de enunciación de los derechos nacionales sobre las islas en los foros internacionales, sino en la resignación continuada y sistemática ante la dominación del capital extranjero sobre nuestra economía, nuestra calidad de vida y nuestros derechos de ciudadanos.

En este sentido, el olvido y la postergación infligidos a los excombatientes, desde el primer día por la dictadura, y hasta el último día por las instituciones políticas y económicas de la democracia (léase obra social, pensiones, etc), es un signo inocultable de "desmalvinización". Todas las decisiones políticas, legales y materiales tomadas en estas cuatro décadas para favorecer la prosperidad de los grandes capitales y garantizar su "seguridad jurídica" forman una masa de proporciones gigantescas comparadas con el poco y la nada que se les reconoció a los conscriptos de 1982.

Ambos desarrollos pueden rastrearse desde la misma aventura dictatorial, pasando por las propuestas expresadas en ese momento por los dirigentes políticos que iban luego a gobernar en democracia, hasta llegar a la actual situación de los excombatientes, de los trabajadores argentinos… y de las Malvinas.

Alfonsín

El líder radical y primer presidente de la democracia apoyó explícitamente la toma de las islas el mismo 2 de abril de 1982, igual que el conjunto de los dirigentes de los suspendidos pero no ilegalizados partidos políticos que desde 1980 venían conversando con la dictadura a través de su ministro del Interior Albano Harguindeguy. Pero cuando quedó clara la decisión de Margaret Thatcher de retomar las islas por la fuerza, y todos esos partidos reclamaron "negociar", Alfonsín picó en punta con una postura más definida, coincidente con la del Departamento de Estado de EEUU: propuso reemplazar a la junta militar por un gobierno de "salvación nacional" presidido por Arturo Illia, que tratara con los ingleses y condujera a elecciones. Implícito en su propuesta iba el reconocimiento de hecho de las obligaciones internacionales que los dictadores habían impuesto ilegalmente al país, principalmente la fraudulenta deuda externa, tal como luego se consumó.

Después de un temprano e infructuoso cara a cara con el gobierno británico en Berna, en 1984 -propiciado por los acreedores británicos en el Club de París y mediado por sus representantes suizos-, el gobierno alfonsinista decidió apelar a los foros internacionales (OEA, ONU, etc). Allí obtuvo sin mayor dificultad las consabidas exhortaciones al gobierno británico para que negocie, llamados que Londres ignoró olímpicamente, como sucede hasta hoy. En respuesta, el gobierno de Alfonsín se negó a declarar el cese de hostilidades, aunque en 1985 derogó el decreto militar que establecía la gobernación argentina en las Malvinas, y anexó simbólicamente las islas al gobierno del entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego.

Menem

En octubre de 1989, en Madrid, el canciller menemista Domingo Felipe Cavallo firmó oficialmente el cese de hostilidades. En 1990 se rubricó el Tratado de Madrid para restablecer las relaciones diplomáticas bilaterales, con la fórmula del "paraguas de soberanía", que estipula que nada de lo que se negocie, o se haga, o se deje de hacer, entre ambos países afectaría las pretensiones soberanas de ninguno.

En 1991 el nuevo canciller Guido Di Tella inició la política de "seducción de los kelpers", que más allá de varios hechos ridículos como el envío de "souvenirs" de peluche a los isleños, no produjo ningún beneficio al país. La pantomima era solo la cobertura de una política de entrega sin contraprestaciones, que en 1995 derivó en un acuerdo para avalar que el gobierno de la Falklands llamara a una licitación para exploraciones petrolíferas en la plataforma marítima de las islas, garantizando que la Argentina no haría cuestionamientos jurídicos a los derechos de las empresas adjudicatarias.

Ese mismo año, el exdictador chileno Pinochet fue a Inglaterra para tratarse un problema de salud, y el gobierno británico lo detuvo, a petición de la Justicia española, que lo procesaba por varias causas de violación a los derechos humanos de chilenos y europeos que lo habían denunciado en Madrid (ante la inacción de la Justicia chilena). El gobierno (democrático) chileno protestó por la violación de su soberanía, y suspendió los vuelos de la empresa LAN a Malvinas, dejando incomunicados a los kelpers.

El asunto se saldó con la intercesión del gobierno argentino, que consiguió la restitución de los vuelos a cambio de que uno por mes hiciera escala en Río Gallegos, y que pasajeros con pasaporte argentino pudieran viajar a Malvinas. Entonces Gran Bretaña devolvió al dictador chileno a su país (a condición de que fuera juzgado allí, lo que jamás pasó), y el presidente Carlos Menem fue el primero en visitar Londres después de la guerra y se sacó una foto con la reina.

Los Kirchner

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hicieron de la cuestión Malvinas y de la soberanía nacional piezas centrales de su discurso. Los kelpers (Londres), por su parte, no dejaron de avanzar con las licitaciones petrolíferas y la venta de licencias de pesca, aunque no mucho (por los costos exponenciales que implican las explotaciones offshore sin un vínculo continental, y por la imposibilidad –otra vez, los costos- de una vigilancia efectiva contra las flotas pesqueras ilegales). Además, se negaron sistemáticamente a habilitar a empresas argentinas para volar a Malvinas.

En respuesta, los gobiernos kirchneristas sancionaron una ley que prohíbe a las empresas petroleras que hacen negocios en Malvinas participar en licitaciones petrolíferas en nuestro país (aunque British Petroleum sigue siendo accionista de Bulgheroni en Cerro Dragón, el yacimiento convencional más importante de la Argentina), dejaron varios años sin titular la embajada en Londres, suspendieron vuelos, y crearon el Museo Malvinas en el predio de la exEsma.

Macri y Fernández

     La gestión de Mauricio Macri, sobre todo con su primera canciller Susana Malcorra, puso el acento en la mejora de las relaciones con Gran Bretaña, especialmente para buscar acuerdos en torno la explotación pesquera y petrolera, sin ningún resultado concreto. Esa política amistosa y de predisposición a los negocios ni siquiera consiguió los votos necesarios para que prosperara la pretendida candidatura de Malcorra a la secretaría general de la ONU.

     La política del actual gobierno con respecto a las islas es parecida a todas sus otras políticas (para la deuda, para la economía, para los derechos de los trabajadores) y puede sintetizarse con las palabras de Alberto Fernández en el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos, el 10 de junio de 2021: "Malvinas es para todos nosotros un dolor enorme, porque no las tenemos y sabemos que son parte de nuestro territorio. La diplomacia es la que debe llevarnos a recuperar esas tierras".