España: proponen que el Defensor del Pueblo investigue los abusos sexuales en la Iglesia 

   La comisión incluirá, según la propuesta, "tanto a representantes de la administración, como expertos en otros campos y en la que se quiere que esté representada la Iglesia católica", informó Héctor Gómez, portavoz del Grupo Socialista.

   "Creemos que esta es la mejor vía porque nuestra prioridad es proteger a las víctimas y, aunque muchos han trasladado públicamente sus experiencias, hay otras personas que prefieren mantenerse en el anonimato", añadió Gómez.

   La iniciativa se ofrece como respuesta a quienes solicitaron una investigación profunda sobre los casos de abuso perpetrados en España. En los últimos años, muchas víctimas de abuso solicitaron públicamente y a través de la plataforma online change.org que se cree una "comisión de la verdad" para conocer la magnitud de la problemática.

   La Conferencia Episcopal de España fue habitualmente cuestionada sobre su intención de poner en marcha una comisión de investigación propia. En la última ocasión, el pasado 14 de enero, el cardenal Juan José Omella, presidente de la institución, declinó la posibilidad de activar un mecanismo como éste.

   Ante cualquier sospecha de abuso, el cardenal puntualizó que investigan los casos por jurisdicción . "Hemos constituido comisiones en cada diócesis para recoger las denuncias, para acompañar a las personas que se sienten heridas y evitar que en el futuro estas cosas puedan volver a suceder. […] Nos parece el tratamiento más cercano a las personas", informó Omella.

   Se desconoce el número de casos de abusos sucedidos en el seno de la Iglesia católica de España. Según la propia Conferencia Episcopal española, estarían contabilizadas 220 investigaciones contra miembros de la institución desde el año 2001.

   La Fiscalía General del Estado solicitó el pasado 31 de enero a las Fiscalías Superiores de cada Comunidad Autónoma que les remitan toda la documentación relativa a procedimientos iniciados por este tipo de delito, tanto en sede fiscal como judicial. En total, les dio un plazo de diez días hábiles para ese fin.