Prevenir la discriminación, el racismo y la violencia

Las nuevas problemáticas sociales emergentes obligan a buscar consensos básicos que sirvan de puntapié inicial para dejar atrás discursos, representaciones y prácticas que impiden que el Chaco pueda desplegar todo su potencial de desarrollo y crecimiento.

Bernardo Kliksberg señala en su libro "Más ética, más desarrollo" que "los grupos desfavorecidos tienen valores que les dan identidad. Su irrespeto o marginación pueden ser totalmente lesivos a su identidad y bloquear las mejores propuestas productivas. Por el contrario, su potenciación y afirmación pueden desencadenar enormes potenciales de energía creativa".

La desigualdad social, el desempleo y la informalidad forman parte de problemáticas sociales y económicas con carácter estructural de la Argentina de los últimos años.

El Chaco, por supuesto, no permanece ajeno a esa dura realidad que golpea a buena parte de la población. Así, la sola pertenencia a los grupos desfavorecidos, como los denomina Kliksberg, parece ser suficiente para que una persona no pueda acceder a espacios públicos por su aspecto físico, o a veces la simple pertenencia a determinado grupo étnico da lugar a ciertas prácticas discriminatorias incluso en organismos del Estado provincial, pese a que el propio Estado es el que tiene el deber de combatir la discriminación.

La iniciativa para diseñar un Plan Provincial contra el racismo y la discriminación, que puso en marcha una comisión organizadora integrada por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, el Comité Para la Prevención de la Tortura, el Ministerio de Educación, el Instituto de Cultura, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Fundación Napalpí, tiene por delante varios desafíos, el primero de ellos, lograr que la propuesta no quede en los papeles.

Otro de los retos es conseguir que la convocatoria sea lo más amplia, plural y diversa posible, es decir, que sea una oportunidad para escuchar a todos los sectores de la comunidad chaqueña comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Esto último no es poca cosa en estos tiempos en los que los discursos de odio y la intolerancia parecen ganar terreno en el debate de los asuntos que son de interés público.

Hay mucho por hacer. El Chaco, lamentablemente, registra a lo largo de su historia graves antecedentes de violaciones a los derechos humanos, negaciones de derechos fundamentales, de la dignidad y la identidad cultural.

En ese sentido hay que recordar que incluso antes de ser de provincia, en julio de 1924, se produjo la Masacre de Napalpí, un hecho que durante largos años permaneció invisibilizado, pero que la memoria de los primeros pobladores logró rescatar del olvido.

Se puede citar también el caso del artesano Juan Ángel Greco, fallecido en julio de 1990 tras ser hospitalizado por graves quemaduras sufridas en una comisaría de Puerto Vilelas; o el ocurrido en la localidad de El Espinillo en octubre de 2003 y que tuvo como víctima a la joven LNP, por entonces de 15 años, integrante de la comunidad qom, que fue agredida sexualmente por varios jóvenes blancos.

Si bien es cierto que se ha avanzado con la puesta en funcionamiento de organismos oficiales que tienen el deber de velar por el respeto de los derechos fundamentales y, en ese punto, hay que decir que la provincia fue pionera en el país con la creación, por ejemplo, del Comité para la Prevención de la Tortura, que sigue los lineamientos del "Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" de Naciones Unidas; no es menos cierto que persisten en el seno de nuestra sociedad viejas prácticas y discursos que surgen de miedos infundados y prejuicios que se traducen en actos discriminatorios y, en el peor de los casos, en posturas racistas o violentas.

Reconocerlo es un primer paso para avanzar en la construcción de una sociedad que, sin dudas, será mejor para todos.