Bolsonaro llama a una movilización masiva de sus adeptos para ir contra el máximo tribunal
El presidente ultraderechista prepara su propio “asalto al Capitolio”, en su caso contra el Poder Judicial, porque lo investiga por hechos de corrupción y desmanejo durante la pandemia, y porque se opone a reformar el sistema electoral. Líderes internacionales advierten sobre intento de golpe.

Brasil se preparaba para manifestaciones convocadas para este martes por parte de los partidarios del presidente Jair Bolsonaro, quien les ha pedido que lo apoyen en su ataque contra el Supremo Tribunal Federal. La seguridad se reforzó en Brasilia y la policía comenzó a bloquear el acceso al centro comercial, donde se espera que miles de personas marchen apoyando a Bolsonaro y rechazando que la Justicia lo investigue por hechos de corrupción.
Los críticos temen que el presidente esté alentando a los partidarios al punto de que puedan intentar intimidar o invadir los tribunales, advirtiendo de los paralelismos con los partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio después de su derrota electoral.
A nivel internacional, más de 150 líderes progresistas firmaron una carta abierta criticando a Bolsonaro por alentar lo que llamaron una “imitación de la insurrección” del 6 de enero en el Capitolio de EEUU. Las manifestaciones están “avivando los temores de un golpe de estado en la tercera democracia más grande del mundo”, advirtió la carta.
No le gusta que lo invesiguen
Bolsonaro asegura que las manifestaciones serán un “ultimátum” a los magistrados del STF que han tomado decisiones “inconstitucionales” contra su gobierno. El tribunal ha autorizado que la Fiscalía investigue a los aliados de Bolsonaro por presuntamente atacar las instituciones democráticas de Brasil con masiva distribución de información falsa en línea.
El presidente califica las investigaciones ordenadas por la corte como una violación del derecho a la “libertad de expresión”, y pretende intervenir el tribunal con el ejército.
El Congreso y los tribunales también se resistieron al intento de Bolsonaro de cambiar el sistema de votación electrónica, que según él es vulnerable al fraude. El tribunal electoral mantiene que el sistema es transparente y seguro.
Los críticos de Bolsonaro dicen que está sembrando dudas para poder luego cuestionar los resultados de las elecciones del próximo año, cuyas encuestas de opinión ahora muestran que perdería en todos los escenarios ante el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguno de los dos han confirmado aún sus candidaturas.
Siguiendo los pasos de Trump
Ante las denuncias de golpismo de la oposición o de una invasión al Supremo Tribunal Federal en Brasilia al estilo del movimiento ultraderechista Qanon, los seguidores de Donald Trump al Congreso de EEUU, Bolsonaro busca enfrentar a la corte con “1 ó 2 millones de personas en las calles” para que el poder moderador de la República “sea el pueblo y no un par de jueces”.
Alineado tras las ideas del Steve Bannon, exasesor de Trump y gurú de la extrema derecha mundial, Bolsonarro prepara su primera gran demostración de quiebre institucional desde que Brasil recuperó la democracia en 1985, tras 21 años de dictadura militar (1964-1985), régimen de facto reivindicado por Bolsonaro y los militares que lo asesoran en el gabinete.
El gobierno de EEUU pidió a sus ciudadanos que se alejen de las manifestaciones por temor a hechos de violencia. El Gobierno de Brasilia aumentó la seguridad en torno a la embajada de China, país considerado “enemigo comunista” por el bolsonarismo, a pesar de ser el primer socio comercial de Brasil.
Sociología del bolsonarismo
Las protestas tendrán el mayor operativo de seguridad conocido en San Pablo y Brasilia, sobre todo porque los gobernadores han lanzado un alerta sobre posibles motines de las policías provinciales a favor de Bolsonaro: habrá controles de armas en los accesos a los lugares de las manifestaciones.
Empresarios bolsonaristas que lo respaldan desde 2018, ruralistas sojeros, de la minería en la selva amazónica, pastores evangelistas y entidades policiales son las que organizaron las caravanas desde 10 estados del país para llegar a las manifestaciones.
Las principales están convocadas a la mañana en Brasilia y a la tarde en la Avenida Paulista de San Pablo, escenario donde en 2015 nació el bolsonarismo al calor de la derecha liberal y conservadora, que llenaron las calles para pedir el impeachment de Dilma Rousseff, con el apoyo logístico de la principal patronal del país, la Federación de Industrias del estado de San Pablo.
Más de 200 caravanas de 10 estados contratadas por empresarios ruralistas viajarán a Brasilia y San Pablo al precio de 250 reales el asiento, según divulgado en los avisos de las redes bolsonaristas en Telegram.
"Ultimátum"
Bolsonaro publicó un video en las redes en el que dijo que esto funcionará como un ‘ultimátum del pueblo‘ contra los jueces supremos Alexandre de Moraes y Luis Barroso, este último titular de la justicia electoral también.
Moraes investiga desde 2019 a bolsonaristas por usar dinero público y financiación privada para sitios que impulsan un golpe miliar, como la intervención del Ejército en el Supremo Tribunal Federal.
El clima de alta tensión incluye el avance de la inflación, del precio de la canasta básica de alimentos y la investigación a Carlo y Flávio Bolsonaro, concejal de Río y senador, respectivamente, por haber desviado durante más de diez años dinero público de sus empleados parlamentarios, generando supuesto lavado de dinero por más de 2 millones de dólares, según la fiscalía.
En el discurso que Bolsonaro puso hoy en las redes sociales, afirma que ‘la libertad está por encima de la propia vida‘. La semana pasada, defendió que la población compre fusiles porque ‘un pueblo armado no puede ser esclavizado‘, en una señal a sus seguidores, sobre todo a los clubes de tiro y al lobby armamentista. Policías de San Pablo y otros estados están convocando a participar de las manifestaciones, y allí radica el principal peligro de enfrentamientos.
El ejército contra la Corte
El principal lema de los bolsonaristas será ‘Eu Autorizo‘ (Yo autorizo), que es un pedido para que Bolsonaro envié al Ejército a la máxima corte, algo que se arrastra desde el inicio de la pandemia y que es motivo de pedidos de juicio político contra el jefe del Estado.
El interrogante es saber si las Fuerzas Armadas participarán del evento, que es privado, ya que se han suspendido las celebraciones militares oficiales del 7 de setiembre a causa de la pandemia.
El gobierno cívico-militar de Brasil (hay más militares en cargos estatales, unos 6.000, que con el último dictador, Joao Baptista Figueiredo) estará bajo un momento único de tensión. Parte del establishment ha retirado su apoyo al gobierno, entre ellos los principales bancos privados y el agronegocio exportador. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la conferencia episcopal, condenó el llamado a manifestación y el uso de armamento en la población civil. Desde el mercado financiero que apoyó a Bolsonaro en el balotaje de 2018 suenan las alarmas.
‘Un autogolpe ya no es más un delirio paranoico‘, dijo Gustavo Franco, extitular del Banco Central administrador de la gestora de fondos de inversión Rio Bravo. La oposición de izquierda aparece dividida sobre hacer manifestaciones, porque temor a choques violentos con las oficialistas. Sin embargo, habrá sí respaldo al tradicional Grito de los Excluidos de todo 7 de septiembre del Movimiento Sin Tierra, para reclamar la distribución de la riqueza.
A 199 años del grito de la independencia en Brasil, todos los fantasmas del golpe se agitan, que fue sede este fin de semana de la internacional conservadora organizada por el diputado Eduardo Bolsonaro, en la cual participó y convocó a combatir ‘el totalitarismo‘ nada menos que el hijo de Trump. La foto de la invasión al Capitolio le quita el sueño a gran parte de Brasil.
Un decreto para habilitar las noticias falsas
El presidente Bolsonaro firmó este lunes un decreto que cambia las regulaciones de Internet para combatir la "eliminación arbitraria" de cuentas, perfiles y contenido, dijo la oficina de prensa presidencial.
El decreto dice que es para "dar claridad‘ a las políticas de las empresas de medios sociales para cancelar o suspender cuentas" y daría a las personas el derecho a volver a publicar contenido prohibido, agregó la oficina de prensa, que destacó que la medida tiene como objetivo proteger la ‘libertad de expresión‘.
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