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La elección de constituyentes en Chile dejó a los "mercados preocupados”

La derrota de las fuerzas políticas tradicionales a manos de emergentes fuerzas independientes en la elección de los delegados que redactarán una  Constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Pinochet, conmocionó a los mercados financieros.

Vista de "La escondida", en Chile, la mayor mina de cobre del mundo, perteneciente a la megaminera australiana BHP..

   El creciente descontento por la profunda desigualdad social, que generó un estallido social a fines de 2019, derivó en un proceso constitucional que este fin de semana llevó a una variopinta elección de 155 delegados para redactar el nuevo texto.

   “Hay un rechazo al sistema político en general y eso queda demostrado en el nivel de abstención, cercano al 58%. Segundo, hay un rechazo a los partidos políticos tradicionales, quienes obtienen la más baja votación respecto de todas las elecciones anteriores”, dijo el analista político Guillermo Holzmann.

   Para el experto, la relación entre el Estado y el mercado se modificaría intentando que “sea eficiente, esté cercano y sirva a la ciudadanía”. La centroderecha oficialista no conquistó el tercio de escaños que esperaba, lo que le hubiera permitido bloquear directamente cualquier cambio drástico del modelo, mientras que la centroizquierda -que gobernó mayormente el país desde la vuelta de la democracia- obtuvo un resultado inferior al de las fuerzas emergentes de izquierda.

   “Es probable que la mayor incertidumbre política antes de las elecciones presidenciales afecte los activos hacia adelante, dado que es probable que los mercados interpreten esto como una encuesta en gran escala sobre el sentimiento chileno”, dijo el Citibank en una nota a sus clientes.

   El resultado de los comicios es otro fracaso para el presidente conservador Sebastián Piñera, cuya popularidad se hundió en medio del descontento social y el intento de su gobierno por bloquear retiros de los ahorros en los fondos de  pensiones para paliar la crisis, profundizada por la pandemia.

   La mirada está ahora puesta en los acuerdos que pueda alcanzar el conjunto de delegados constitucionales, liderado por independientes aunque con clara mayoría de movimientos críticos de la política económica tradicional.

   La elección estremeció a los mercados, llevando al peso chileno a perder más del 2% a media sesión, mientras que el índice líder de la bolsa llegó a rozar un desplome del 10%. Los bonos soberanos del país también resintieron el resultado.

   La agencia Fitch dijo que la calificación actual del país es “muy sólida” y que “podrá soportar importantes incertidumbres políticas y económicas” después de la rebaja realizada en octubre de 2020.   Sin embargo, señaló que la nueva carta magna podría generar “riesgos para la gobernabilidad, la situación fiscal y de deuda” y las “perspectivas de crecimiento” a mediano plazo.

   Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero -que agrupa a las megamineras con inversiones e el mayor productor mundial de cobre- dijo que el desafío para los delegados será “incorporar equilibradamente las diversas visiones” y enfocarse en la “búsqueda de acuerdos”. “Creemos que es fundamental que este espacio de diálogo se caracterice por discusiones serias y bien fundadas. Si, por el contrario, se trata de discusiones desinformadas y con miradas cortoplacistas, habrá razones para el pesimismo”, aseguró el ejecutivo. 

La mina Cerro Verde, en Perú, propiedad de las megamineras FCX (EEUU) y SMM Netherlands, es también otra de las mayores productoras de cobre del mundo

“Riesgo político” en la región cuprífera

   En las montañas de los Andes, abundantes en cobre, el riesgo político crece a medida que los altos niveles de pobreza, exacerbados por la pandemia, impulsan cambios potencialmente drásticos y ponen la riqueza minera en la mira de políticos y ciudadanos enojados.

   Chile, el mayor productor mundial del metal rojo, está en vías de redactar una nueva Constitución y sus políticos debaten un aumento en las regalías. Perú, segundo mayor extractor, se encamina a unos comicios presidenciales polarizados, con un izquierdista poco conocido que encabeza las encuestas y dice que quiere “redistribuir” la riqueza minera.

   “El 42% de la producción mundial de cobre está en incertidumbre política que podría traer aparejados riesgos sobre la producción futura, justamente en un momento en el que todas las apuestas financieras están mirando ese futuro”, dijo Juan Carlos Guajardo, jefe de la consultora chilena Plusmining.

   Esa incertidumbre está ayudando a elevar los precios globales del cobre, que han alcanzado máximos históricos a medida que la demanda china se recupera tras la pandemia, así como el rápido desarrollo de una revolución verde de  electrificación que se espera impulse el apetito por el metal industrial en los próximos años.

   Pero en la propia América Latina, la recuperación parece algo lejana. La pandemia de Covid-19 ha provocado un aumento en la pobreza, dando paso a medidas para desbloquear y redistribuir recursos, ya que muchos luchan por mantenerse a flote en medio de paralizaciones de la actividad y altos costos de la atención médica. Eso ha puesto los recursos minerales en foco, dado el papel descomunal que desempeñan en el motor económico de la región.

   El candidato presidencial que lidera los sondeos en Perú, Pedro Castillo, prometió dar vuelta a la tortilla y retener el 70% de las ganancias mineras en el país para frenar el saqueo de empresas extranjeras, y advirtió que podría nacionalizar recursos. Encabeza los sondeos previos a la votación del 6 de  junio, aunque las encuestas dicen que la derechista Keiko Fujimori está descontando terreno.

   Chile está en medio de un largo proceso para reemplazar la Constitución de la dictadura pinochetista, que sostuvo décadas de crecimiento agudizando la desigualdad, lo que condujo a las violentas protestas que sacudieron al país a fines de 2019.

   La Cámara de Diputados también aprobó este mes un proyecto de ley que aumentaría drásticamente la carga tributaria sobre el sector para financiar programas sociales, que según algunos expertos de la industria podría impactar a la minería.

   En tanto, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la principal cámara minera de Perú, dijo que había “problemas de asignación de recursos” que debían abordarse, pero que la solución estaba en reformar los gobiernos locales “ineficientes” en lugar de un nuevo régimen fiscal.

   “Lamentablemente, los fondos no se han utilizado adecuadamente para cerrar las brechas sociales, dejando atrás a las regiones productivas”, dijo.

   La “convergencia de riesgos” ha dejado el escenario más incierto en años, aunque la región tiene historial de volatilidad, con frecuentes cambios políticos, protestas y huelgas.

   Ejecutivos de la minería dijeron que parte del riesgo puede atenuarse, ya que quienes buscaban los cambios más audaces se enfrentaron a la oposición política y se vieron obligados a diluir sus planes.

   Diego Hernández, director del gremios de mineras chilenas Sonami, dijo que el proyecto de regalías liderado por la oposición probablemente se enmendará en el Senado antes de recibir luz verde.

   “No creo que se apruebe el proyecto como está hoy día en el Senado porque sería muy irresponsable y muy imprudente”, dijo. Advirtió a principios de mayo que la medida legislativa sería un voto a favor de “no más minería”.

   “En un período donde todos debemos preocuparnos por la recuperación económica prescindir o estrangular a la minería no le hace bien a ninguno de estos países. Entonces uno finalmente supone que el sentido común prevalecerá”, agregó.

   La estatal chilena Codelco es el mayor productor mundial de cobre, mientras que el país alberga la enorme mina Escondida de BHP y Collahuasi, una empresa conjunta de Glencore y Anglo American.

   En Perú, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, dijo que la redistribución de la riqueza mineral era una forma obvia de mejorar el uso de fondos para la recuperación pospandémica, aunque un Congreso fragmentado probablemente limitaría el poder de quien se convierta en  presidente.

   Agregó que la incertidumbre “podría desanimar a los inversores”, temerosos de que el Estado establezca controles sobre los yacimientos. “A nadie le gusta meter u$s 1.000 o u$s 1.500 millones de inversión donde al Jefe de Estado le gustaría nacionalizar”, opinó.

   Perú tiene una lista de unos u$s 56.000 millones en inversiones mineras. La férrea oposición de comunidades locales ya ha detenido varios proyectos, incluido Tía María de Southern Copper y una iniciativa para extraer oro por u$s 5.000 millones de Newmont y la local Buenaventura.

   En Chile, Guajardo de Plusmining dijo que además las mineras se enfocan en proyectos existentes o “brownfield”, que con el tiempo verían caer los niveles de producción si no se realizaran nuevas inversiones.

   “Si tú no haces esas inversiones vas a tener que administrar un activo que va a tener una tendencia a caídas en sus leyes y variables que se va a reflejar en menor producción”, aseguró.