“El objetivo es beneficiar al trabajador y darle dignidad, sin seguir haciendo asistencialismo”
Alfredo González destaca la presentación de la senadora salteña Nora Giménez. La iniciativa apunta a una armonización con los programas sociales nacionales, permitiendo a pymes agroindustriales emplear a sus beneficiarios.
“Debemos sostener la cultura del trabajo en el agro, armonizando adecuadamente los intereses de los actores que intervienen en este proceso”, señaló la senadora del Frente de Todos Salta, Nora Giménez al presentar un proyecto de ley que impulsa la compatibilidad de los programas y planes sociales con el empleo rural registrado.
La propuesta legislativa se enfoca en generar esta armonización con los programas nacionales de protección integral a los sectores vulnerables por el término de dos años, “período en el que se espera que ocurrirá una reactivación económica sostenida durante el período de pos-pandemia”, indica Giménez en los fundamentos y agrega que de esta manera “el Estado podrá responder eficientemente a las inquietudes tanto de los trabajadores temporarios como de sus empleadores, así como brindar un importante alivio a las economías locales de nuestro interior profundo”.
Alfredo González, secretario gremial de CAME, destacó en diálogo con NORTE que “el objetivo es beneficiar al trabajador y a las pymes, para generar dignidad con el trabajo. De lo contrario seguiremos haciendo asistencialismo, lo que al final termina siendo dañino”. “El proyecto está presentado por una senadora del oficialismo y tenemos esperanzas de que avance”, confió.
Explicó que la senadora salteña del oficialismo viene trabajando junto al área de Economías Regionales de CAME, aunque aclaró que la problemática de falta de mano de obra abarca a más sectores de la economía y no sólo a los agroindustriales. “El problema es que (los beneficiarios de programas sociales) no quieren un trabajo en blanco, formal, por temor a perder los beneficios sociales”, indicó.
Ese problema de falta de mano de obra en plena época de cosecha, según refirió el dirigente chaqueño, generó muchos inconvenientes en Río Negro, en la zona citrícola del NOA y en el sector yerbatero.
González subrayó la necesidad de contar con un marco legal que otorgue “seguridad jurídica para la contratación de nuevos trabajadores y la generación de empleo”. “Son necesarias reglas claras y formalidades para utilizar toda la mano de obra ociosa que existe”, resaltó.
El dirigente planteó además que el sector empresarial pyme coincide con las premisas de “ayudar a que la gente tenga su plato de comida” a través de distintas asistencias sociales, y completó: “Es necesario que exista alguna contraprestación para poder formalizarlos. No es un problema de quienes reciben beneficios sociales sino de las leyes argentinas”.
En esa línea, marcó la necesidad de “dar la posibilidad al sector empresario pyme de que pueda tomar esa mano de obra”. Más allá del sector de economías regionales y producciones agroalimentarias, resaltó la importancia de extender esta posibilidad a todos los empleos temporarios que generan el comercio y los servicios.
“A diferencia de las grandes empresas, cuando una pyme encuentra un trabajador que le es útil y da resultados, no lo suelta más, porque armar un recurso humano cuesta mucho”, afirmó González.
Son necesarias reglas claras y formalidades para utilizar toda la mano de obra ociosa que existe.
Detalles de la iniciativa
La presidenta de la Comisión de Economías Regionales del Senado de la Nación detalla en el proyecto que “es importante poner de manifiesto la delicada situación que atraviesan actualmente las pymes de las principales cadenas agroindustriales del país, tanto por las consecuencias devastadoras de la pandemia del COVID-19, como por la dificultad que afrontan para cumplir con su ciclo productivo debido a la falta de mano de obra disponible, llegando a perderse entre un 25 y un 50% de la producción total”.
Según informe, de marzo de este año, de CAME esta situación se presenta en sectores productivos característicos de provincias con importantes índices de pobreza y desempleo, tales como el yerbatero, tabacalero y citrícola, así como en la producción de cerezas, té, olivos y otros. En el mismo documento se detalla que las producciones regionales emplean alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente a 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha.
“Para lograr una sociedad más justa y equitativa, es indispensable que el Estado preste su apoyo a los más necesitados, avanzando en el pleno reconocimiento de los derechos laborales, brindando seguridad a los trabajadores para no perder los beneficios sociales que les corresponden por ley”, destaca la presidenta de la Comisión de Economías Regionales del Senado en el proyecto.