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Oportunidad de incorporar la mirada ecologista a las inversiones y negocios 

Hidrovía: la propuesta socio-ambiental que busca saldar 25 años de falencias y prevenir más daños 

Organizaciones ecologistas proponen discutir la matriz socioeconómica sobre la que se asienta la hidrovía, apelando al debate sobre una política de transporte fluvial de largo plazo. Control y participación ciudadana, algunas de las claves.  

Las catástrofes ambientales de los últimos años, sobre todo aquellas del 2020 como los incendios en la zona de humedales del Delta y una sequía histórica que afectó al río Paraná, imponen en el debate y aportes para la nueva etapa de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay un capítulo importante en materia ambiental. De hecho, la mayoría de las propuestas presentadas a la instancia consultiva abierta por el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), contiene consideraciones en ese aspecto. 

Alrededor de 50 agrupaciones e instituciones ambientalistas presentaron propuestas ante el Consejo Federal de la Hidrovía, aportando cuestiones indispensables a tener en cuenta de cara a la próxima concesión.  (Foto: El Litoral-Santa Fe)

El pasado 17 de marzo, en la segunda jornada de exposiciones de propuestas ante las comisiones conformadas (Planificación Estratégica y Económica, Obras e Infraestructura, y Ambiental), que nutrirán las decisiones del CFH, las organizaciones sociales y ecologistas presentaron el documento elaborado. 

Son alrededor de 50 agrupaciones e instituciones las que adheren, encabezadas por la Fundación CAUCE, Taller Ecologista y Fundación Humedales y Wetlands International. Sus propuestas refieren a cuestiones fundamentales que deben ser atendidas en procesos de planificación de infraestructuras asociadas a modelos extractivitas, en este caso la ampliación de la vía de transporte fluvial de commodities más extensa e importante del país.

Los ejes 

La ronda de exposición de las propuestas presentadas ante las comisiones consultivas que asesoran al Consejo Federal de la Hidrovía.

Las organizaciones solicitan que este proceso licitatorio garantice: 

-El acceso a la información pública en todos los procedimientos previstos para la futura administración de la hidrovía y el derecho a la participación ciudadana. 

-Una evaluación ambiental estratégica con un enfoque ecosistémico, que permita analizar la relación de este mega proyecto con aspectos ambientales, territoriales y socioeconómicos. 

-Una planificación de obras y de navegación que evite o minimice daños y la implementación de medidas para la conservación de humedales, riberas y sus bienes. 

-La constitución de un órgano de control con representación y participación plural de la ciudadanía.

Las organizaciones pidieron, además, la incorporación al CFH como miembros permanentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y de organismos sociales, territoriales y de ambiente de todas las provincias que son influenciadas por el tráfico de materias primas y mercaderías procesadas.

Falencias de 25 años 

Según explican las organizaciones ecologistas, sus propuestas “se basan en un análisis de las falencias durante los 25 años de concesión de obras de dragado y balizamiento del tramo argentino del río Paraná y río de la Plata (Confluencia-Océano), que culmina el próximo 30 de abril”. 

Al listar las falencias, enumeran: déficit en la publicidad de la información ambiental; planificación, ejecución y monitoreo de Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental acotados y sesgados; ausencia de canales de participación ciudadana; y mecanismos de monitoreo y control de la concesión insuficientes.

“Solicitamos que se atiendan las propuestas a los fines de transparentar el proceso licitatorio, teniendo en cuenta la sustentabilidad socioambiental del proyecto de infraestructura fluvial. Creemos que esta instancia otorga, también, la posibilidad de discutir la matriz socioeconómica que la hidrovía estructura y a la que responde y apelamos al debate sobre una política de transporte (fluvial) de largo plazo que incorpore la dimensión ambiental en todas sus etapas”, expresaron.

Acceso a la información 

Entre los ejes sobre los cuales se apoyan las propuestas de organizaciones ambientalistas se cuenta el acceso a la información. Para cumplirlo, requieren:

-Se informe sobre todos los procedimientos de planificación, proyección, ejecución y control de obras e infraestructura en general, previstos para la futura administración de la hidrovía. 

-Se garantice el pleno acceso a la información pública relativa a los efectos o impactos ambientales registrados y potenciales de la hidrovía y todos los proyectos y obras asociadas a ella, principalmente estudios de prefactibilidad, estudios de impacto ambiental, estudios de impactos acumulativos, planes de gestión y procedimientos de seguimiento y evaluación de los mismos, tanto en el orden nacional como provincial. 

-Se publique y mantenga actualizado un sitio web que permita acceder a toda la información, a los fines de promover la participación y garantizar la transparencia en las acciones del Estado y las empresas contratistas. 

-Se establezcan mecanismos de revisión de transparencia independientes para esta nueva concesión en particular, conforme lo establece el artículo 5, punto 18, del Acuerdo de Escazú.

Impactos ambientales y socio-territoriales

El río Paraná en 2020, durante una histórica sequía que afectó y redujo al mínimo la navegación comercial.

Las organizaciones resaltan que la hidrovía, como todo proyecto de gran escala, ha causado en el pasado y previsiblemente generará en el futuro impactos socioambientales significativos en los ríos y humedales y, en consecuencia, en los territorios donde se producen los bienes transportados.

Indican, a la vez, que los estudios de factibilidad de la hidrovía realizados durante la década de 1990 tuvieron una fuerte impronta economicista, desestimando los impactos socio-ambientales y costos de mitigación vinculados a la obra. “Hoy se vuelve necesario jerarquizar la dimensión socio-ambiental de proyectos de esta envergadura, analizando los impactos acumulativos y sinérgicos”, subrayan. 

Luego, advierten que “las obras y el mayor flujo de transporte fluvial previsto, podrían generar impactos directos sobre esos sistemas y sus unidades, particularmente en los bordes de la llanura aluvial del Paraguay inferior, la del Paraná Medio y en el Delta del Paraná”. “Existe un enorme potencial de alteración de las características hidrológicas y de la conectividad del sistema, del hábitat de organismos invertebrados, de las comunidades de peces, fauna y vegetación asociados a estos ambientes y de la calidad del agua y sedimentos”, agregan. 

En suma, señalan que “existen numerosas evidencias acumuladas de los impactos ambientales y territoriales directos e indirectos de la hidrovía. Dada la diversidad, complejidad y magnitud de dichos impactos y las de aquellos que podrían agregarse por la ampliación de la hidrovía, se requieren y son necesarios estudios y evaluaciones rigurosas integrales y de carácter interdisciplinar, en base a las cuales planificar la próxima política de transporte fluvial en nuestros ríos”.

Por esas razones, las propuestas tienen varias dimensiones: 

-En cuanto a evaluación de impactos, lo central es que “se elabore una Evaluación Ambiental Estratégica del conjunto de proyectos de obras y actividades, que permita analizar la relación de este mega proyecto con aspectos ambientales, territoriales y socioeconómicos dentro de su área de influencia directa e indirecta por ser infraestructura asociada a diferentes territorios de nuestro país”. 

También proponen que se constituya un fondo económico para el estudio, monitoreo, control, mitigación y reparación de impactos ambientales y socio-territoriales que provoque la hidrovía en el ecosistema del río Paraná y afluentes.

-En cuanto a la planificación de obras y de la navegación, evitar o minimizar los impactos de las obras de dragado; implementar medidas para la conservación de humedales, riberas y sus bienes; evitar o minimizar los impactos de la navegación (por ejemplo, regulando la velocidad máxima de las embarcaciones, así como las distancias mínimas a las márgenes). 

Participación ciudadana

Las organizaciones ecologistas proponen que se definan y concreten instancias de consulta pública presenciales y/o, -preferentemente- virtuales, donde se invite a participar a toda persona, profesional, académico/a o institución pública o privada interesada, logrando pluralidad de actores a fin de obtener una visión integral respecto de los procesos y decisiones a tomar en el desarrollo de la hidrovía. 

También que se desarrollen audiencias o consultas públicas siempre de manera previa a la decisión de autorización de una obra o proyecto, tomando realmente en consideración la opinión u objeción de los participantes. 

Un real y efectivo órgano de monitoreo y control

El Decreto 863 del año 1993 de llamado a licitación pública nacional e internacional para el sistema de navegación troncal, preveía la constitución de un órgano de control de las actividades de la empresa concesionaria, tales como la presentación e implementación de planes de gestión ambiental, campañas de muestreo y calidad de agua. Las organizaciones mencionan que dicho órgano de control nunca se constituyó, recayendo estas funciones y atribuciones de supervisión y control en el área de Puertos y Vías Navegables, la cual en 25 años no contó con las capacidades técnicas y administrativas que tal figura conlleva. 

Por esa razón, las propuestas apuntan a que se constituya un efectivo Órgano de Control de la concesión, superador del previsto en la licitación de 1993-1995 y solicitado en reiteradas oportunidades por la Auditoría General de la Nación, a fin de velar por el interés público; y se asegure en el órgano de control una representación y participación plural de la ciudadanía, y no sólo de los usuarios de la hidrovía comercial.

Además, que se realicen monitoreos permanentes de los impactos con mayor intensidad en los puntos críticos donde se realizan los dragados, así como en las áreas portuarias para evaluar la calidad del agua, sedimentos y comunidades biológicas; y se diseñe e implemente un sistema de monitoreo continuo e integral de los impactos ambientales producto del mantenimiento y uso de la HPP (obras de dragado, balizamiento, tráfico de embarcaciones, etc.), con participación de instituciones, expertos independientes y organizaciones de la sociedad civil.