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Vivir con inflación

La inflación es un problema que distorsiona todo el funcionamiento de una economía y afecta más a los que están más abajo de la escala de ingresos. Bajarla es un proceso que el gobierno conduce, pero que conlleva una responsabilidad colectiva. Esta definición pertenece al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzman, quien enfrenta uno de los mayores desafíos de la historia económica del país: desactivar el proceso inflacionario y vencer a ese mal que se ha transformado en una enfermedad endémica para la Argentina.

En rigor, el término “endémico” para hacer referencia a las serias dificultades que tiene nuestra organización social y económica para mantener una razonable estabilidad de los precios es utilizado por economistas, tanto ortodoxos como heterodoxos, en un intento por explicar el drama que se repite generación tras generación en nuestro país y al que en esta ocasión deben sumarse como agravantes la crisis sanitaria desatada por la pandemia y el hecho de que la emergencia encontró a la Argentina con un proceso inflacionario en marcha y sin reservas suficientes en el Banco Central.

Debe coincidirse con el ministro Guzmán cuando señala que la inflación golpea con mayor fuerza a los bolsillos más débiles, es decir a buena parte de la población. Salvo unos pocos (los que tienen capacidad para fijar precios), el resto de la población sufre la inflación de manera distinta. Algunos no podrán ampliar la capacidad de la empresa, otros verán cómo se esfuma el sueño de construir su casa o de cambiar el auto, mientras que los más desfavorecidos —y esto, por supuesto, es lo más grave— no tendrán asegurado un plato diario de comida con la nutrición suficiente en sus hogares.

La inflación, como fenómeno, recibe muchos nombres. Es un impuesto a los sectores más pobres, aseguran algunos especialistas y, si se repasa sin demasiados apasionamientos la historia económica del país, se comprueba que razón no les falta. También hay consenso en que se trata de un problema que tiene múltiples causas y que una de ellas es la recurrente incapacidad de la Argentina para generar un volumen de productos exportables que permita el ingreso de dólares suficientes como para evitar que las tensiones internas y las pujas distributivas salgan de control, que se produzca una pérdida de empleos productivos y, lo que es peor, que siga aumentando la pobreza.

Quienes vivieron y sufrieron lo que fue la hiperinflación cercana al 5.000 por ciento que aceleró la salida del gobierno nacional de Raúl Alfonsín, allá en los primeros años del regreso de la democracia, saben que derrotar la inflación y estabilizar la economía son dos variables cuya importancia fundamental ningún gobierno debe subestimar. Afortunadamente, con el paso de los años, muchos de los errores cometidos en el pasado sirvieron para comprender que una inflación muy alta mezclada con un contexto de debilidad política es una combinación explosiva que no conviene a nadie y es por eso que las fuerzas políticas con representación parlamentaria comparten, al menos, una regla de oro: hay que garantizar la sucesión pacífica del poder y que cada gestión concluya su mandato. El expresidente Mauricio Macri, por ejemplo, antes de llegar a la Casa Rosada y en plena campaña electoral dijo que bajar la inflación era una cosa sencilla pero terminó su gobierno con una inflación de 53,8 por ciento en 2019 y una deuda externa que compromete el futuro de varias generaciones de argentinos.

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, definió este histórico problema argentino como un mal que distorsiona todo el funcionamiento de la economía y para enfrentarlo se planteó varios objetivos, entre ellos lograr que el índice inflacionario de este año sea de 29 por ciento. Parece una meta difícil de alcanzar, aunque desde la cartera de economía aseguran que no es imposible. Las esperanzas están puestas también en el comercio exterior y en el potencial productivo del país, aunque con respecto a las ventas externas se advierte que todavía están lejos de funcionar como un mecanismo de relojería, es decir, persisten restricciones que alejan al país del camino que lleva al desarrollo con equidad.

Es de esperar que esta vez se logre reducir los desajustes macroeconómicos para poder dejar atrás los ciclos de frustraciones, la toma de préstamos impagables en organismos internacionales y, si no es mucho pedir, que la moneda nacional vuelva a ser considerada reserva de valor.

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