Dos episodios, dos países
En los últimos días, dos hechos sirvieron para dibujar, por separado, el país que somos y el país que podríamos ser. El primero de ellos fue el escándalo nacional por la vacunación clandestina a figuras del poder político y amigos del gobierno, organizada por el mismísimo Ministerio de Salud. El otro, la condena que un tribunal federal dictó contra Lázaro Báez, de doce años de prisión.
En el caso del “vacunatorio VIP”, como lo bautizó la prensa, la primera reacción de Alberto Fernández fue alentadora. Sin esperar a que alguien se lo pidiera, el presidente despidió al principal responsable de la increíble idea, el ministro Ginés González García. Era lo que correspondía. La vacunación secreta a funcionarios, familiares de éstos, periodistas militantes y amigos varios fue una expresión extrema de deshonestidad, tanto por parte de quienes ofrecieron el favor como de aquellos que lo recibieron.

Pero con el paso de los días Fernández fue adoptando otra actitud. Reclamó a la Justicia (que abrió una causa penal para investigar lo ocurrido) y a los medios que “dejen la payasada”, y lamentó el “escarnio” a que –según su criterio- fueron sometidos aquellos que “se adelantaron en la fila”. En resumen, todo un cambio de enfoque que desdibujó la impecabilidad de aquella primera decisión presidencial ante las irregularidades descubiertas.
Los términos utilizados por Alberto dejaban ver que, en realidad, para él lo sucedido no era tan grave, incluso pretendiendo desconocer que una cosa es “adelantarse en la fila” para ingresar a una sala de cine y otra muy diferente hacerlo en el reparto de botes salvavidas del Titanic.
La segunda fase de la reacción presidencial volvió invisibles los valores que parecían estar detrás de la primera, y hasta generó la sensación de que la exoneración de Ginés había sido una medida empujada más por la necesidad de amortiguar el costo político del escándalo que por la convicción de que lo hecho por el ministro era moralmente inaceptable.
Al cabo de toda la secuencia, Fernández se veía más indignado con la oposición, los periodistas y los investigadores judiciales que con los propios protagonistas de las vacunaciones bochornosas. El propio Ginés, al ver todo esto desde su casa, podría estar preguntándose por qué lo echaron.
Una sociedad sensibilizada
Paradójicamente, las vacunaciones VIP le asestaron a la imagen del gobierno un golpe duro -pero de dimensiones todavía no precisadas- justo en el terreno donde en otros momentos brotaban los mayores caudales de apoyo ciudadano al presidente: la lucha contra la pandemia.
Está claro que no era fácil conservar aquellos niveles de respaldo que marcaron las encuestas en los primeros meses del aislamiento social preventivo. En cualquier proceso que se extiende más allá de lo calculado suele ocurrir que lo mismo que al principio se consideraba digno de apoyo luego se convierte en el motivo principal de rechazo y crítica. Pero una cosa es que las restricciones a las actividades de las personas se tornen desgastantes de una manera casi natural y otra que la sociedad se encuentre con que el amiguismo y el acomodo no respetaron siquiera el tema más sensible del momento, ése que por balancearse entre la vida y la muerte todos suponían al margen de las miserias argentinas habituales.
Los chaqueños ya habían tenido algo de todo esto con los casos locales de “adelantamiento de fila” que se volvieron públicos a partir de un agradecimiento de un sacerdote católico desde su cuenta de Facebook a las autoridades del Hospital Perrando. Aquí el asunto no pasó a mayores. El director hospitalario, Daniel Pascual, tuvo el buen tino de poner su renuncia a disposición del Poder Ejecutivo, pero el gobernador no se la aceptó, los medios no se hicieron demasiado eco del tema y en la Justicia –que se sepa- nadie consideró que el caso daba para una investigación de oficio.
Pero como en esta provincia tropezar dos veces con la misma piedra es el deporte favorito, ahora se habrían producido nuevos desvíos de vacunas hacia personajes influyentes de localidades del interior. Esta vez Dos episodios, dos países un fiscal decidió ocuparse del caso. Es Carlos Amad, del fuero federal asentado en Sáenz Peña. Decidió ver si son ciertas las versiones que circulan sobre figuras políticas y gremiales que habrían recibido la inmunización anti-covid sin que les correspondiera. La lista que suena incluye a una mayoría de nombres vinculados al justicialismo, pero también estarían alcanzados algunos de la UCR. Algo de cierto debe haber, porque el viernes el gremio docente Atech anunció la separación de su cargo de un delegado sindical, dando por cierto que fue uno de los receptores de las dosis indebidas.
Lo interesante es que Amad, que se decidió a actuar a partir de una publicación de NORTE, discrepó con el presidente en cuanto a que la avivada de la que estamos hablando no esté tipificada en el Código Penal. El fiscal explicó que si alguna autoridad permitió la vacunación irregular incurrió en una violación a los deberes de funcionario público; que si se aplicó a alguien una vacuna que era para otra persona eso es malversación; y que si un hombre o una mujer utilizaron sus “contactos” para acceder a la inmunización se habría incurrido en un tráfico de influencias. Y eso que Fernández es docente en la carrera de Derecho de la UBA.
Báez, por morocho
En medio del lodazal de las vacunaciones por acomodo llegó una noticia refrescante: el tribunal oral que había enjuiciado a Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros imputados (entre ellos el mediático arrepentido Leonardo Fariña) en la causa conocida como “Ruta del dinero K”, dictó una condena de 12 años de prisión por lavado. La acusación fiscal estimó que el buen Lázaro blanqueó entre 55 y 60 millones de dólares.
Como se sabe, Báez era en Santa Cruz un hombre del montón que tuvo la suerte de conocer a Néstor Kirchner en los primeros capítulos de su carrera política. Intendente de Río Gallegos primero y gobernador después, antes de ser presidente, Néstor ya tenía el don de transmitir a su entorno un notable espíritu emprendedor y una tan repentina como inigualable capacidad para los negocios.
Así fue que Ricardo Barreiro, en algún momento jardinero de Kirchner, logró ser un millonario propietario de empresas hoteleras y gastronómicas; el chofer Rudy Igor Ulloa dejó el volante y se puso a manejar medios de comunicación e inmobiliarias; y Lázaro dejó su empleo común y silvestre en el Banco de Santa Cruz para convertirse en el empresario de la construcción que más obras públicas conseguía.
Cuando Néstor llegó a la Casa Rosada, la suerte de Báez se incrementó sustancialmente. La Patagonia le quedaba chica, por lo que también comenzó a conseguir contratos en el resto del país, el Chaco incluido. Para entonces, las mentes perversas ya comenzaban a pensar lo mismo que antes se decía en Santa Cruz: que Báez ganaba todas las carreras porque era el caballo del comisario.
Emblema de la corrupción kirchnerista, recibió ahora el golpe más duro de su vida, arrastrando a sus hijos (que recibieron condenas menores) en la caída. ¿Puede complicar este fallo la suerte de Cristina Kirchner en causas vinculadas con los negocios del ex constructor? Algunos penalistas dicen que sí, otros dudan de que sea así. “A Báez lo condenaron por ser morocho y por ser amigo de Néstor”, definió el inefable Oscar Parrilli, apelando a una salida de manual.
Lo que no se puede negar es el carácter histórico del fallo, que de todos modos no está firme. En un país de verdad sería casi imposible que la sentencia sea volteada, pero en el nuestro el pronóstico es incierto. Aun así la valentía de jueces y fiscales arrima algo de aire fresco entre tantos vapores tóxicos, sobre todo porque ninguno de ellos debe ignorar que ahora estarán en la mira de quienes buscan decapitar magistrados no cuando fallan, sino cuando aciertan.
Elección cotidiana
Lo ocurrido con las vacunas malversadas y la etapa cerrada en el caso Báez nos hablan de las Argentinas posibles. Una es la que ya tenemos, con los resultados conocidos. Ese país en el que “juzga la historia”, porque en los tribunales lo que paga es mirar para el costado y lo que cuesta caro es comprometerse con la verdad. Y la historia es algo que alguien escribirá dentro de mucho tiempo salvando a todo el mundo.
La otra posibilidad es vivir en un lugar en el que mentir, robar, engañar y discriminar para favorecer a la propia tropa sean consideradas prácticas incompatibles con el ejercicio del poder público. Una nación en la que sean perseguidos los corruptos –sean del color que sean- y no los honestos. Donde dé tanta vergüenza quedarse con lo ajeno como defender al ladrón sólo porque pertenece a la misma fracción política que uno.
Una elección en la que, aunque parezca que no, votamos todos los días.










