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Cautelar antiaborto: el Gobierno argumentará la falta  de competencia de Aucar

El Ejecutivo entiende que la jueza capitalina no tiene jurisdicción para fallar por la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Defensa de quienes promovieron la acción y descuentan réplicas en otras provincias.

La decisión de la jueza Marta Beatriz Aucar de dar lugar a una medida cautelar para que se suspenda en Chaco la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo provocó un revuelo mediático y el levantamiento de un sinnúmero de voces como es habitual a favor y en contra de un tema que genera divisiones en la sociedad.

En lo práctico, la decisión de la magistrada del Civil y Comercial N° 19 la hicieron circular los propios demandantes en los círculos contarios al aborto legal y gratuito y luego la información tuvo un alcance tan amplio que se convirtió en la noticia del día en los principales medios provinciales y del país.

En lo institucional, autoridades provinciales señalaron que estaban a la espera de la notificación formal (el fallo salió con un error en la fecha , 28 de febrero y debía subsanarse) para comenzar a actuar, pero por el tenor y el contenido de las declaraciones se descuenta que la contestación será plantear la excepción por falta de competencia por considerar que es una cuestión de asunto federal y apelar la sentencia para su revocación.

En paralelo, se agregarán los informes de lo actuado desde que la normativa fuera promulgada en el Boletín Oficial, el 24 de enero, de parte del Ministerio de Salud y los protocolos de actuación si los hubiera.

CONSTITUCIONAL Y CON RÉPLICAS EN OTRAS PROVINCIAS

Fernando Guirado es el abogado que patrocinó a los demandantes y como si lo hiciera en el escrito presentado ante la jueza capitalina, defendió la postura en la que se señala que Aucar de Trotti tiene jurisdicción ante un asunto de índole, en virtud de que lo votó en los últimos días de 2020 viola lo establecido en la Constitución provincial.

En concreto, se ataca el artículo 21 el que señala que se trata de una normativa de “orden público” y fija como autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo nacional lo que violaría las facultades delegadas a las provincias en términos de adhesión o no de leyes nacionales.

Además, con este antecedente y con varios distritos con cartas magnas con espíritu y contenidos similares, se descuenta que en otras provincias se harán presentaciones del mismo tenor en procura de suspender la aplicación de la Ley 27610.