Promover derechos de las personas con discapacidad
Si bien es cierto que se han logrado importantes avances en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, todavía falta mucho por hacer para derribar los prejuicios y las barreras sociales y culturales que obstaculizan la plena inclusión.
Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) recordó que en un reciente informe de sistematización de denuncias recibidas en ese organismo, se observa que el motivo de la discapacidad es el que mayor cantidad de casos presenta en el Inadi desde 2008 hasta 2019 (20,2 por ciento), sin distinción de sexo y con presencia en todos los ámbitos de socialización.
Según esta fuente, la discriminación hacia las personas con discapacidad el ámbito laboral aparece como el segundo pretexto de discriminación, luego del estado de salud. Por otra parte, se informa que en relación a las consultas recibidas en el organismo entre el 20 de marzo y el 6 de agosto de 2020, es decir durante las primeras 20 semanas del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se puso en marcha en el marco de la pandemia, la discapacidad se encuentra dentro de los primeros tres motivos por consulta.
En especial, las consultas se refirieron a problemas con prestadores y centros de salud, dentro del ámbito laboral o en empresas y comercios. En este último caso, los primeros tipos remiten a problemas en el ingreso a locales, es decir, muchas consultas fueron de personas a quienes no se les permitió entrar con sus hijos o hijas (mayormente mujeres), seguidas de personas con discapacidad. Los expertos en la temática observan que se dice que una persona con alguna deficiencia tiene una discapacidad si encuentra alguna dificultad o imposibilidad para realizar una o más actividades de la vida cotidiana, debido a las barreras que le impone la sociedad.
Aquí es donde aparece el término “barreras” al que debe prestarse atención a la hora de pensar una comunidad que promueva la inclusión de las personas con discapacidad. En este caso se entiende por “barreras” aquellos factores que, por ausencia o presencia, limitan el ejercicio pleno de los derechos y crean una experiencia de discapacidad. Como ejemplo positivo de acciones que permiten eliminar barreras puede citarse la reciente inauguración en la Terminal de Ómnibus de Resistencia de una Boletería Única Accesible para que las personas con discapacidad puedan acceder a la compra de pasajes para viajes en forma ágil y con atención personalizada.
La iniciativa, que fue impulsada por el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (Iprodich), es la primera de este tipo en toda la provincia. Otros ejemplos para destacar son la construcción de rampas en distintas ciudades de la provincia o el uso de intérpretes de lengua de señas en actos y ceremonias oficiales.
Sin embargo, lamentablemente, también se observan situaciones que son reprochables, como los vehículos que estacionan en las rampas, o el desconocimiento de la ley provincial 7278 que establece el derecho al libre acceso y permanencia con perros guías en lugares públicos y privados de acceso público, por citar unas pocas situaciones que demuestran que todavía falta mucho por hacer para erradicar los obstáculos que impiden la inclusión plena de las personas con discapacidad. Por otra parte, debe mencionarse que el jueves pasado se realizaron en distintos puntos del país marchas para expresar preocupación por la falta de actualización de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.
En la ciudad de Resistencia, la marcha se llevó a cabo en la plaza 25 de Mayo. De todos modos, debe señalarse que en las últimas décadas se registró en la Argentina un importante cambio en relación con la mirada tradicional que se tenía sobre el colectivo de las personas con discapacidad ya que, cada vez más, se deja de considerar la discapacidad como una enfermedad y se adopta la perspectiva de los derechos humanos que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Esto, en sí mismo, es un gran paso adelante.
Por último, merece destacarse el trabajo que vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil y los centros educativos terapéuticos que promueven los derechos de este importante sector de la población.
