La educación superior como bien público social
La Universidad de Buenos Aires es una de las ocho mejores instituciones de educación superior de América Latina, según la lista anual publicada por la consultora británica Quacquarelli Symonds, que analiza y evalúa el rendimiento académico de universidades de todo el mundo. El buen desempeño de la UBA refuta, de alguna manera, los discursos que intentan quitar legitimidad la labor de las universidades públicas.
La responsable de elaborar el ránking es la consultora QS (Quacquarelli Symonds), una empresa con sede en Londres que cada año publica una lista de las universidades de todo el mundo con mejor desempeño. Este año, la Universidad de Buenos Aires, además de ubicarse en el octavo puesto de la lista de más de 400 casas de estudios de América Latina, también logró una puntuación perfecta en la métrica de reputación, que tiene en cuenta su calidad académica, el acceso al mercado laboral de sus egresados, su productividad e impacto en la investigación y la proporción de profesores y estudiantes, entre otros indicadores.
El primer lugar del ranking regional lo ocupa, por cuarto año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Universidad de San Pablo (Brasil), el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad de Chile, la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), la Universidad de los Andes (Colombia) y la Universidad Nacional Autónoma de México.
El hecho de que la Universidad de Buenos Aires esté dentro de las diez casas de estudios con mejor reputación dentro del ecosistema regional de educación superior demuestra que el concepto de universidad pública y gratuita como bien público social está muy lejos de ser incompatible con la calidad académica, como plantean los discursos de deslegitimación que repiten, una y otra vez, quienes invariablemente proponen recortes financieros para el sistema público de educación superior y cuestionan las políticas de inclusión y de gratuidad que caracterizan a la universidad pública argentina.
Ese pensamiento retrógrado se refleja en la pregunta que lanzó en mayo de 2018 la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en una charla ante socios del Rotary Club de la Provincia de Buenos Aires. “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”, preguntó la mandataria. El sitio Chequeado.com que se dedica a la verificación del discurso público calificó de falso el planteo de Vidal, señalando que los datos de la realidad revelaron exactamente lo contrario: el número de estudiantes del sector de menos ingresos que asisten a universidades había crecido en el conurbano bonaerense en los últimos años.
¿Qué es lo que llevó a una figura política como Vidal a afirmar que nadie que nace en la pobreza en la Argentina llega a la universidad? ¿Prejuicios de clase? ¿Ignorancia? Ese mismo año, en 2018 y en el marco de las celebraciones por el centenario de la Reforma Universitaria, se realizó en la Universidad de Córdoba la III Conferencia Regional de Educación Superior. Allí, el primer día de actividades del encuentro se clausuró con una conferencia del doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y director del Centro de Estudios Sociales de Portugal, Boaventura de Sousa Santos, quien observó que en distintos países de América Latina se repiten los discursos de deslegitimación de las universidades públicas, enmarcados “en una racionalidad neoliberal que sustenta la idea de que la universidad no sólo debe ser relevante para formar en las competencias y cualificaciones que demanda el mercado, sino que ella misma debe funcionar como un mercado”.
Vale rescatar el documento que se elaboró al término de esa Conferencia Regional en el que se reafirmó que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado, recordando que estos principios “se fundamentan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos y la construcción de una ciudadanía plena”. No hay dudas que la universidad pública, con todas sus limitaciones, sigue siendo un ámbito de producción de conocimiento que es fundamental para toda la sociedad.
