Erradicar la desigualdad desde la primera infancia
El sistema de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ha demostrado ser una herramienta clave en los esfuerzos por acortar las brechas de desigualdad ya en los primeros años de vida de muchos argentinos, es decir en esa etapa donde se definen en buena medida las condiciones que los acompañarán en la vida adulta. De ahí la importancia que tiene la reciente decisión del Gobierno nacional de incorporar un millón de niños, niñas y adolescentes más a este beneficio.
Los nuevos requisitos para acceder a la Asignación Universal por Hijo se dieron a conocer esta semana a través de la publicación del decreto 840/2020 en el Boletín Oficial, en el que se detalla que el beneficio llegará a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad que sean argentinos o argentinas nativos o nativas, naturalizados o naturalizadas o por opción. También se señala que cuando los beneficiarios y sus progenitores o las personas que los tengan a cargo sean extranjeros, deberán acreditar dos años de residencia legal en el país. Por otra parte, deberán acreditar la identidad del titular del beneficio y de la niña, del niño, adolescente o persona con discapacidad, mediante Documento Nacional de Identidad. Los interesados deberán, además, acreditar que la persona que percibirá el beneficio tiene a su cargo a la niña, al niño, adolescente o persona con discapacidad, en función de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y de conformidad con la documentación que la ANSES disponga a estos fines. Se aclara que la acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 22.431, certificada por autoridad competente. Por otro lado, se explica que hasta los cuatro años de edad -inclusive-, deberá acreditarse el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio; mientras que para beneficiarios cuyas edades van desde los cinco años de edad y hasta los 18 años, deberá acreditarse además la concurrencia a establecimientos educativos públicos.
Pero más allá de estos requisitos, que por supuesto son necesarios, es importante remarcar que se trata de políticas públicas destinadas a revertir las inequidades que persisten a lo largo y ancho del país. Son iniciativas que permiten garantizar derechos a amplios sectores de la población que se encuentran fuera del sistema de seguridad social. Al cumplirse los primeros cinco años de la implementación de la AUH, el economista y sociólogo Bernardo Kliksberg realizó junto a un equipo técnico un amplio relevamiento muestral en todo el país para conocer los resultados de esta política pública y responder a una serie de interrogantes relacionados a, por ejemplo, en qué medida los ingresos recibidos permitieron una mejora de la calidad de vida de los hogares más vulnerables y particularmente de niños, niñas y adolescentes, legítimos destinatarios de la prestación. Los resultados fueron volcados en el libro “El gran desafío. Romper la trampa de la desigualdad desde la infancia. Aprendizajes de la Asignación Universal por Hijo”, cuya lectura es recomendable a todas aquellas personas interesadas en conocer los verdaderos alcances de este tipo de políticas. En uno de sus párrafos, este valioso trabajo de investigación observa que “en las trayectorias vitales de las personas y en sus logros no sólo pesan las capacidades naturales y el empeño de sus esfuerzos”. “Hay condiciones manifiestamente desiguales desde el punto de partida. Las características del hogar de origen condicionan fuertemente los desempeños y las elecciones posteriores. Los déficits nutricionales en la primera etapa de la vida y el ambiente familiar afectan de manera irreversible las capacidades cognitivas y limitan los aprendizajes posteriores”, advierten los autores, despejando así las dudas sobre la conveniencia o no de promover estas transferencias de ingresos a las familias más vulnerables.
En las conclusiones del trabajo se asegura que en tan sólo cinco años de vigencia, el régimen de la AUH ha demostrado una extraordinaria capacidad para achicar las brechas de desigualdad que separan a niños, niñas y adolescentes provenientes de hogares vulnerables y excluidos de aquellos que antes de su implementación ya gozaban del acceso a la protección social cimentada sobre su condición de hijos de trabajadores registrados. Es de esperar, entonces, que en esta nueva etapa contribuya también a erradicar las desigualdades que, directa o indirectamente, afectan al conjunto de la sociedad.
