Chile: el pueblo contra la maraña

LAS AFP: “Si estamos obligados al darle los ahorros de toda nuestra vida laboral a la AFP, lo menos que podemos esperar es que ante una emergencia sanitaria mundial como esta nos permitan usar una parte mínima de lo que hemos ahorrado para sobrevivir”.

La señora, cercana a los 50 años, empleada bancaria con su traje sastre y su corbata de lazo, extrañamente calma entre la multitud enfervorizada frente al Parlamento, resumía así la petición de millones de trabajadores chilenos que desde hace años protestan contra el sistema de Administradoras de Fondos de Pensión, en castellano jubilación privada, y que en la emergencia de la pandemia requerían disponer anticipadamente de una pequeña parte de lo ahorrado.

Lo que en principio era una petición absolutamente razonable, y que ante los estragos socioeconómicos globales causados por el coronavirus se volvía un imperativo de inmediata ejecución, fue para los trabajadores chilenos una de las más peleadas causas y una asombrosa conquista, mientras sostenían su conmovedora rebelión social en medio de la pandemia. Es que la jubilación privada tiene sus secretos.

A primera vista propende a garantizar el bienestar económico de los trabajadores al fin de su vida laboral mediante el management financiero de profesionales de fuste como lo son los banqueros, aparentemente más eficientes y responsables que los funcionarios públicos. Pero su fin es realmente menos loable. Dos normas básicas lo determinan. Primero, el trabajador está obligado a atesorar entregando su dinero a un banco, al que deberá pagar para que administre sus ahorros.

Segundo, el banco podrá administrar ese peculio invirtiéndolo como mejor le parezca, sea en acciones empresariales, bonos del Estado, o bienes similares. En teoría, tales negocios permitirán que la plata del aportante rinda frutos suficientes para que el banco obtenga ganancias y, décadas más tarde, pague al ahorrista una mensualidad suficiente para mantenerse con dignidad cuando deje la vida laboral. La realidad, naturalmente, no tiene mucho que ver con eso.

En verdad, los ahorros forzados de millones de trabajadores irán a formar una masa de dinero que permitirá la creación de un mercado de capitales nativo en el que empresas locales -o no tanto- puedan financiarse para desarrollar sus negocios sin estar obligadas a acudir exclusivamente a préstamos internacionales. Esa es una de las columnas del modelo chileno que economistas y políticos de toda América Latina han elogiado hasta el cansancio y hasta el agotamiento durante las últimas décadas.

Es el medio que permitió a empresas como Latam, Cencosud, Falabella, y varias más capturar negocios en Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, siguen los nombres. Pero no permitió, ni de lejos, que los trabajadores chilenos aportantes vivieran aproximadamente en forma digna con sus retiros. Cuando quienes debieron ser los primeros pensionistas favorecidos por el sistema comprobaron con alarmada decepción esa realidad, se lanzaron a reclamar la abolición del sistema.

Ya en 2016 y 2017 hubo campañas nacionales con esa consigna, y en 2018 llegaron a concentrar más de un millón de personas en Santiago y otro millón en el resto del país para reclamar el fin de las AFP. Fue entonces cuando se enteraron de que para lograr ese objetivo se requería una reforma constitucional, porque las AFP habían sido establecidas por la Constitución de 1980, redactada e impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet.

Este es uno de los motivos por los que la gran rebelión popular de octubre de 2019 rápidamente levantó la reforma constitucional como su consigna principal. Pero el asunto era aún peor: cuando en plena pandemia, e impedidos por la cuarentena de concurrir a sus empleos, los trabajadores solicitaron el retiro del 10% de sus ahorros para sostener su vida, nuevamente se les informó de que sería necesaria una modificación constitucional por medio de una ley del Parlamento, que debía ser aprobada por el voto de al menos dos tercios de los votos de Diputados y Senadores. Aun así, la ley podía ser vetada por el presidente.

La carrera de obstáculos para impedir cualquier reivindicación popular que tocara el dinero que los bancos consideraban exclusivamente suyo tenía un diseño impecable, constitucional. A todas las limitaciones expuestas, y a las ocultas, y en plena pandemia, solo la sombra y la fuerza de la enorme rebelión de octubre podía superarlas. Y así fue: la coalición de congresistas gubernamentales se rompió en ambas cámaras del Parlamento, y la ley salió, con más de dos tercios de los votos. Y el presidente Piñera no se atrevió vetarla.

LA EDUCACIÓN 

Ya en 2011, la “rebelión de los pingüinos” (alumnos de secundaria, así apodados por sus uniformes) puso sobre la mesa un asunto crucial: solo el nivel primario es gratuito en Chile. El Estado paga solo el 25% de la educación, y el otro 75% es financiado por el estudiante. A partir del nivel medio, el Estado fomenta la educación privada, y las escuelas pueden cobrar cuotas que subirán proporcionalmente según el nivel que el establecimiento tenga en un sistema de calificaciones llevado por el propio Estado; mejor calificación, cuota más cara.

Por eso es que el 70% de los estudiantes secundarios chilenos están obligados a pedir un crédito para poder costearse los estudios. En el caso de los universitarios, la cifra llega al 90%. Esto determina un endeudamiento de las familias que se hace más gravoso en la medida que el alumno avance en sus estudios, y un sistema educativo al que la mayoría no podrá acceder jamás.

La LOCE (Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza) fue sancionada por la dictadura de Pinochet días antes de entregar el poder a los civiles a fines de los años ’80, y perdura hasta la fecha, si no con ese nombre, sin duda con ese mismo espíritu. Contra esa alta valla constitucional se estrellaron las colosales movilizaciones estudiantiles de 2011, que duraron casi seis meses en el segundo año de la primera presidencia de Sebastián Piñera, cuyo gobierno maniobró de todas las formas para impedir cualquier modificación real del sistema, aunque lo pagó con la pérdida del poder un par de años después.

Durante aquellas movilizaciones, toda una generación de jóvenes chilenos conoció la represión gubernamental, en sus formas de balas, gases y “guanacos” (carros lanzaagua) y también de militares y policías infiltrados entre los manifestantes para “levantar” activistas, lanzar bombas molotov, y provocar disturbios que facilitaran la acción de los Carabineros. Un estudiante de 16 años fue muerto por una bala 9 mm que tras largas investigaciones, dos meses después, la institución policial militarizada reconoció como propia.

El desgaste del gobierno de Piñera, puesto en evidencia por el uso intensivo de muchos recursos legales, algunos ilegales y otros inconfesables para el sostenimiento del negocio educativo, llevaría al primer presidente derechista electo por voto popular desde Alessandri en la década del ’50 a dejar el poder con fuerte desprestigio.

Pero tanto él, como su sucesora Bachelet, en su segundo gobierno, lograron sostener con una maraña de leyes la disposición constitucional que favorece la educación privada. Los estudiantes fueron derrotados, y volverían a perder en luchas posteriores que no fueron tan intensas como la de 2011. Pero en todas las ocasiones aprendieron cosas que en 2019-2020 iban a servirles para tomar mejores decisiones.

LOS MAPUCHE

Los asesinatos de Camilo Catrillanca en 2018 y Alejandro Treuquil este año enmarcaron el retorno de la política de “pacificación” del pinochetismo a lo que para las empresas agroforestales chilenas y mutinacionales es “su” latifundio patagónico.

Como en las décadas del 70 y el 80, volvieron los montajes con títulos de propiedad falsificados, las acusaciones de “terrorismo”, los testigos falsos, los procesos judiciales a la sombra de las tropas de Carabineros, violentos desalojos y hasta el despliegue de nuevas unidades militares en el sur. En la pausa de la rebelión popular obligada por el coronavirus, Piñera encontró un buen objeto con el que olvidar la derrota de las AFP.

Reemplazó a buena parte de su gabinete, y puso como ministro del interior a Víctor Pérez Varela, senador por la región del Bio-bio y exalcalde de Los Ángeles, al sur de Concepción, nombrado por el propio Pinochet en la década del 80. El ministro Pérez Varela debutó en el cargo a fines de julio de 2020 con la consigna que el mismo Piñera había aplicado a los manifestantes en octubre de 2019: “Estamos en guerra con un enemigo poderoso”.

Si el presidente no se había atrevido en aquel momento a dar detalles sobre el oponente, el ministro no vaciló: “Estamos enfrentando grupos violentos organizados con financiamiento y bastante poder de fuego, y hay indicios de que el narcotráfico actúa en ese tipo de grupos”.

Su primer viaje fuera de Santiago fue a la Araucania, donde decenas de presos políticos mapuche llevaban adelante una huelga de hambre y sus familiares tomaban los edificios de siete municipios para reclamar que se atendieran los pedidos de los presos.

El ministro se negó a reconocer que hubiera presos políticos, repudió a los ocupantes de los municipios y anunció que podía apelar a la Ley Antiterrorista, que permite la militarización dela región. Solo horas después de la visita de Pérez Varela, esos edificios públicos fueron asaltados por grupos de civiles racistas armados que apalearon y vejaron a las mujeres y niños mapuche que protagonizaban las tomas. La “Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía” (APRA) se adjudicó los hechos. Y era solo el comienzo de la “nueva gestión”.

LA HISTORIA ACELERÓ

Entre el 18 de octubre de 2019 y el 25 de octubre de 2020, una vertiginosa sucesión de hechos sacudió a Chile y a toda América latina. Desde decenas de miles de niños de los primeros años del secundario que se saltaron los molinetes del subterráneo para eludir un tarifazo al grito de “No son 30 pesos, son 30 años”, hasta la mayor manifestación masiva de la historia del país, con dos millones de movilizados en Santiago y otros cuatro millones en el resto del territorio.

Desde Cecilia Morel, esposa del presidente Piñera llamando “invasión alienígena” a las manifestaciones populares, hasta más de cinco meses de lucha callejera contra los Carabineros, que dejaron más de 30 muertos, miles de heridos, cientos de presos políticos y la novedosa innovación represiva del régimen: el disparo de balas de goma a la cabeza, con el saldo de más de 400 personas que perdieron uno o los dos ojos.

Desde el acelerado desprestigio del gobierno, que el primer día dijo que no estaba contemplado ningún tipo de subsidio al transporte de los estudiantes, una semana después retrotraía los precios del subte, y un mes después cedía al reclamo de un referéndum sobre reforma constitucional, hasta la asombrosa victoria parcial contra las AFP en medio de las restricciones de la pandemia.

El primer experimento global de ofensiva capitalista total contra la economía de los trabajadores y las clases populares se hizo en Chile con Pinochet, antes que en Inglaterra con Thatcher y en EEUU con Reagan. Lo que luego se conoció a nivel mundial como “neoliberalismo”, en Chile fue el “pinochetismo”.

Y fue muy exitoso, al punto de imponerse como ejemplo del “deber ser” para las clases dirigentes de todo el continente. El pueblo chileno va este domingo a las urnas contra 30 años de continuidad del pinochetismo plasmados en la constitución de 1980 y sus modificaciones posteriores. Y sabe que es solo un paso más entre los infinitos obstáculos que encontrará en su larga marcha hacia la justicia.