La Corte no cumple con la ley Micaela

“Es cierto que el Poder Judicial (de la Nación) hace muchos años tiene una política de género. Eso está fuera de la discusión”, aclaró Gómez Alcorta, pero recordó que la Ley Micaela “obliga a las máximas autoridades de los tres poderes a que los capacite el Ministerio de las Mujeres”. Explicó además que el 10 de enero pasado, el presidente Alberto Fernández se capacitó con todo el Gabinete nacional, que en marzo se capacitó a senadores y en mayo a diputados nacionales. “Intentamos hacerlo con la Corte Suprema y, frente a la falta de respuestas, el 23 de junio le mandé una carta al presidente Carlos Rosenkrantz”, explicó la ministra. “Le dije que era una obligación el tener que capacitarlos, pasaron tres meses de esa nota y de la obligación legal que tienen de capacitarse no tuvimos respuesta”, reveló Gómez Alcorta.

La observación de la ministra no es menor: según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora sí que nos ven”, en lo va del año se registraron 199 femicidios en todo el país. De manera que no deja de preocupar que las máximas autoridades de uno de los poderes del Estado nacional no alcancen a dimensionar la gravedad del problema que se manifiesta en la multiplicación de estos asesinatos, que son la máxima expresión de la violencia hacia la mujer.

Como se dijo, la ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La norma (que lleva ese nombre para recordar a Micaela García, una joven de la provincia de Entre Ríos de 21 años que participaba en forma activa en el movimiento #Niunamenos, que fue víctima de femicidio) cumplió en enero pasado un año de vigencia.

En el Chaco las capacitaciones obligatorias comenzaron en marzo y el personal del Poder Ejecutivo provincial fue el primero en recibir los cursos de formación en la temática. La vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la primera mujer en ocupar ese cargo en la provincia, fue la encargada en ese momento de anunciar el inicio de la capacitación. Su interés en la temática no fue circunstancial: es autora de la ley 27.499 (ley Micaela), norma que impulsó cuando cumplió funciones como legisladora en la Cámara de Diputados de la Nación.

Vale recordar, además, que en mayo del año pasado, la provincia del Chaco adhirió a esa ley nacional bajo el nombre de “ley Natalia”, en homenaje a la joven chaqueña Natalia Samaniego, que fue asesinada por su pareja en 2018, en la ciudad de Posadas, Misiones.

La semana pasada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que la Ley Micaela permite a quienes se capacitan revisar ciertos conceptos (en rigor, utilizó el término “deconstruirse”) para entender los efectos nocivos de la violencia de género y expresó su preocupación porque en el Estado federal “el Poder Ejecutivo y Legislativo la aplican, pero lamentablemente el Poder Judicial no”. Lo dijo durante la presentación del programa Acompañar, una iniciativa que se enmarca en el Plan Nacional de lucha contra la violencia de género. En respuesta a esas declaraciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un comunicado en el que aseguró que “lidera desde el año 2010 la capacitación en perspectiva de género en el Poder Judicial”. Además, recordó que el máximo tribunal puso en marcha la Oficina de la Mujer y un “modelo ejemplar de atención a víctimas de violencia a nivel mundial, a través de la Oficina de Violencia Doméstica que funciona desde el año 2008”. Desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se respondió que si bien es cierto que el Poder Judicial de la Nación hace muchos años tiene una política de género, la Ley Micaela obliga a las máximas autoridades de los tres poderes a que los capacite el ministerio de las Mujeres. Y sobre ese tema, la ministra Gómez Alcorta reiteró que la única máxima autoridad que aún no cumplió con la Ley Micaela es la Corte.