Un acto de enorme gravedad institucional

El estado de derecho democrático de distintos países de la región ha sufrido nuevas
formas de desestabilización en los últimos. En ese contexto regional, la sociedad argentina
debe aprender de los errores del pasado y defender los principios de legitimidad
democrática, es decir, el respeto a la investidura de las autoridades elegidas por el
voto popular y a las reglas de sucesión pacífica del poder.
La presencia de vehículos de la policía bonaerense con sirenas encendidas rodeando
la Quinta de Olivos y uniformados portando sus armas reglamentarias están muy
lejos de la disciplina y de la observancia de las leyes que en todas las sociedades democráticas
son los elementos constitutivos de las fuerzas de seguridad a las que el
Estado les proporciona elementos para proteger a la ciudadanía. Si bien los reclamos
de mejoras salariales y de condiciones de trabajo planteados por los uniformados corresponden
que sean atendidos, los mismos deben canalizarse siempre en un marco
de respeto por las instituciones y las formas democráticas. Toda otra forma que implique,
de una manera u otra, la portación de armas y el uso de vehículos o recursos
que el propio Estado pone a disposición de la fuerza policial atentan contra el orden
constitucional y la forma de vida que la sociedad argentina eligió hace ya 37 años.
Si hay algo que debe quedar en claro es que en la Argentina existen razones históricas
para defender la democracia: a partir de las atrocidades cometidas por la última
dictadura cívico militar que tuvo en sus manos los destinos del país entre 1976 y 1983,
la ciudadanía eligió dejar atrás, definitivamente, los golpes de Estado, exigir el respeto
a los derechos humanos y no aceptar las amenazas al orden constitucional, a los derechos
y libertades individuales. Por esa poderosa razón, son inaceptables las actitudes
desafiantes y de amedrentamiento de una fuerza policial que tengan como fin poner
en riesgo el estado de derecho.
El llamativo silencio de algunos líderes de la oposición contrasta con el amplio repudio
que recibió la protesta policial realizada frente a la residencia presidencial de
Olivos y frente a la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires en el centro
de la ciudad de La Plata donde incluso algunos de los manifestantes prendieron fuego
a cubiertas. Entre los llamados a los uniformados a deponer esta reprochable actitud
se destaca, por todo lo que representa, la declaración del Consejo Interuniversitario
Nacional, que agrupa a rectoras y rectores de universidades públicas de todo el país:
“Llamamos a deponer cualquier actitud de amedrentamiento de inmediato, porque
entendemos que son inaceptables en democracia ya que, sin dudas, atentan contra
el orden constitucional”, señala el documento de las autoridades universitarias.

El régimen democrático que se instaló en el país a partir de 1983 ha mostrado a lo largo
de todo estos años que, más allá de ciertas deficiencias institucionales, la sociedad
argentina ha madurado y cuenta con los suficientes anticuerpos como para rechazar,
con herramientas legales, levantamientos, sediciones, insurrecciones y otras amenazas
que se presenten en un futuro contra la estabilidad y la legitimidad democráticas.

La subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, el ya mencionado respeto a
las reglas de sucesión pacífica, así como la alternancia de representaciones políticas
en el poder desde el año 83 hasta estos días, revelan la existencia de una voluntad popular
que adhiere mayoritariamente a lo que, en cada elección, dictaminan las urnas
en el marco de una democracia pluralista.
El rotundo rechazo a cualquier tipo de amenazas al sistema democrático, como el
que se volvió a expresar estos días a lo largo y ancho del país desde distintos sectores,
es sin dudas un mensaje claro para quienes, incluso en medio de una pandemia, por
motivos inconfesables siguen alentando divisiones, fogoneando conflictos y apostando
al permanente desencuentro de los argentinos.