Acceso al conocimiento y la cultura en el siglo XXI
Las tecnologías de información y comunicación han logrado un desarrollo extraordinario en este siglo XXI, permitiendo que el mundo entero esté cada vez más interconectado. Pero a pesar de esos avances, las desigualdades y la pobreza siguen siendo los mayores obstáculos para que las familias que sufren esas injusticias tengan acceso a la educación, al conocimiento y la cultura.
Esto es lo que tuvo cuenta el gobierno nacional al declarar “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, a través de un decreto de necesidad y urgencia.
El ámbito educativo fue uno de los más afectados por la pandemia de Covid-19, que provocó trastornos sin precedentes en la escolarización en todo el mundo. En los países con altos niveles de desigualdad, como la Argentina, la brecha digital entre los que tienen acceso a buenos servicios de banda ancha y a dos o más computadoras en el hogar y los que no tienen ni una cosa ni la otra dejó a estos últimos al margen de los beneficios que ofrecen la combinación de tecnología, hardware, software y conectividad. En las distintas regiones del país se reproducen las desigualdades estructurales en el acceso a datos, que no son otra cosa que la materia prima del siglo XXI.
Esta semana, al anunciar la decisión de establecer planes de prestación básica, universal y obligatoria para las familias de menores ingresos, en el marco de la medida que declaró servicios públicos a Internet, telefonía y TV paga, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, destacó que “la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar”. También recordó que durante la gestión de Cambiemos, “mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 se había derogado gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
En rigor, la Constitución Nacional, en su artículo 42, establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. En ese sentido, el presidente Fernández remarcó que el derecho humano al acceso a las tecnologías de la información y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado “para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables”. Por otra parte, el primer mandatario justificó la decisión de extender el congelamiento de los aumentos de estos servicios basándose en el nuevo escenario generado por la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Argentina necesita erradicar las desigualdades estructurales y para eso es necesario garantizar el acceso a las tecnologías a toda la población, especialmente las de sectores más desfavorecidos. La llamada brecha digital refleja las desigualdades que existen en las distintas jurisdicciones del país. La decisión del gobierno nacional es clave para ampliar los beneficios de una mayor conectividad a amplios sectores de la ciudadanía. En estos tiempos en los que el mundo experimenta -desde hace varias décadas- transformaciones que dejarán atrás la vieja sociedad industrial, es necesario que cada vez más ciudadanos tengan acceso a servicios que le permitan ser parte de la nueva sociedad de la información.
Expertos de distintos organismos internacionales coinciden en señalar que las tecnologías de la información y la comunicación son un factor que no deben estar ausentes a la hora de diseñar políticas públicas y estrategias de desarrollo. No se trata aquí de tener una fe ciega en estas herramientas del mundo digital, sino de destacar la importancia fundamental que tienen en una sociedad cada vez más exigente en materia de conocimientos. Por eso es necesario garantizar el acceso a servicios de telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. Como bien señaló el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, al opinar sobre la declaración de servicio público esencial de estos servicios, “el acceso a datos es sinónimo de igualdad”.
