Marcela Losardo repudió el accionar de los policías en Fontana

Buenos Aires, 3 (Télam) - "No hay espacio para la represión ilegal cometida por fuerzas de seguridad ni para la impunidad", aseveró la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y a la vez sostuvo que "la violencia institucional es una práctica ilegal y la protección de los pueblos indígenas son políticas centrales de nuestra gestión".

En declaraciones a la agencia Télam, Losardo afirmó que "en nuestro gobierno no hay espacio para la represión ilegal cometida por las fuerzas de seguridad. No vamos a tolerar situaciones como la ocurrida en la localidad chaqueña de Fontana, donde policías provinciales torturaron y golpearon a una familia de la comunidad Toba Qom, en cuya casa irrumpieron sin orden de allanamiento".

"Repudio y condenó enérgicamente este hecho, porque es un gravísimo acto de violencia y discriminación, una violación a los derechos humanos mediante una violencia institucional que no tiene lugar en el país que estamos construyendo", añadió.

Además, la ministra valoró "la actuación del gobierno de Chaco y de la policía provincial, al apartar a los efectivos de la Comisaría tercera que protagonizaron este accionar violento e ilegal".

"Es importante destacar que la administración provincial decidió ser querellante en la causa. La sanción política y judicial es la mejor acción para erradicar estos ataques a las comunidades aborígenes y evitar que se repitan", amplió Losardo a esta agencia.

Añadió que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de su cartera, "requirió al Ministerio de Seguridad chaqueño la inmediata intervención de la Comisaría tercera y la separación preventiva de los policías que estuvieron en funciones la noche del operativo".

"Se solicitó también que la comunidad Toba Qom participe de la investigación sumaria y que se garantice la atención médica y psicológica a las víctimas y de sus familias. Esperamos que la justicia chaqueña trabaje con celeridad", aseveró la funcionaria.

Afirmó también que "tenemos un compromiso con el Estado de Derecho y con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Nuestro ministerio, trabaja contra la violencia institucional. En este gobierno no hay lugar para la impunidad".

En cuanto a los policías acusados por el hecho, dijo que "deberán cumplir la pena que eventualmente les corresponda por cometer delitos con la rigurosidad que les cabe a funcionarios públicos, a los que la sociedad les entregó la responsabilidad de protegerla y ellos evidentemente no cumplieron"