El desborde de la guardia wichí
El serio incidente protagonizado por la Guardia Comunitaria Indígena Washek, en un puesto de control que esa misma organización emplazó en cercanías de la localidad de El Sauzalito —donde fueron amenazados efectivos de la Policía del Chaco—, pone de relieve la gravedad de una situación que no es nueva y que debe ser atendida por los poderes de un Estado que, aunque resulte obvio recordar, es el único que ejerce en forma legítima el monopolio de la fuerza pública.
El episodio que se registró la semana pasada se suma a otros no menos graves protagonizados en otras ocasiones por el mismo grupo de personas que integran la Guardia Comunitaria Indígena a las que, claro está, les asiste el derecho a expresar sus reclamos. Pero la intención de llamar la atención de la opinión de la ciudadanía o de peticionar a las autoridades por problemas en esa zona del territorio chaqueño no justifica, bajo ningún argumento, arrogarse funciones de seguridad pública que sólo el Estado controla, con mecanismos administrativos y operativos creados para ese fin, en el marco de un orden constitucional que debe preservarse y respetarse.
Se espera que en el transcurso de la jornada de mañana miércoles llegue a la provincia la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien –según informó el gobernador, Jorge Capitanich- anunciará la rápida puesta en marcha de un operativo de Gendarmería Nacional en la zona de El Sauzalito, como respuesta a la situación planteada en esa zona de la provincia.
Cabe recordar que esta guardia comunitaria indígena tiene sus orígenes, según señalan sus propios integrantes, en la intención de proteger las tierras en la zona de El Impenetrable. Los miembros de esta organización pertenecen a la comunidad originaria wichí que, a través de comunicados, remarcó que el Concejo Deliberante del municipio de la localidad de El Sauzalito reconoció a la organización y declaró a través de una ordenanza del año 2018 “de interés municipal” tanto la creación de la Guardia Comunitaria como el Cuerpo de Bomberos del Pueblo Wichí de las localidades de El Sauzalito, Wichí El Pintado, Tartagal, Sauzal, El Vizcacheral, Tres Pozos, Cevillar y Fortín Belgrano. Pero ese reconocimiento no implica desconocer, por parte del grupo que integra la guardia comunitaria, que la manifestación de una disconformidad o la intención de colaborar con el orden no puede ni debe derivar en amenazas e intimaciones a efectivos de la Policía ni a ciudadanos que transitan por el lugar. El propio jefe de la Comisaría de El Sauzalito informó de la tensa situación que padecieron integrantes de la fuerza que el jueves de la semana pasada llegaron al lugar donde ocurrieron los incidentes ante un llamado que alertó que la Guardia Comunitaria Wichí había impedido la circulación de una camioneta en un operativo de control de vehículos que esa organización comenzó a realizar en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid19, con el propósito de monitorear el ingreso de personas de otros lugares a esa zona de la provincia.
Como se dijo, este incidente se suma a otros, como el ocurrido en marzo del año pasado cuando una docente de un colegio intercultural bilingüe de Wichí El Pintado denunció ante las autoridades que miembros de la guardia comunitaria habían tomado el establecimiento y que algunos de ellos portaban armas. Casi al mismo tiempo se publicaron fotos en redes sociales que mostraban a integrantes del grupo con uniformes mimetizados de tipo militar. Por otra parte, luego del incidente que tuvo lugar la semana pasada cerca de El Sauzalito se difundió un video grabado con un celular por la persona que conducía la camioneta a la que la guardia interceptó (que luego se supo que llevaba 23 envoltorios con hojas de coca) donde se puede observar que un joven uniformado intenta intimidar a la conductora del vehículo. Según informó la Policía, la guardia intentaba apoderarse en forma ilegítima de este cargamento, hasta que la intervención de un fiscal logró que sean las fuerzas policiales las que finalmente se hagan cargo del procedimiento. Si, efectivamente, como argumentaron integrantes de la Guardia Comunitaria Indígena, la intención era evitar el ingreso de alguna sustancia ilícita, la forma en que se está conduciendo esa organización y los desbordes que pueden cometer sus miembros puede derivar en una situación más grave aún, por lo que es de esperar que una rápida y oportuna intervención de las autoridades gubernamentales permita resolver este serio problema.
