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Impuestazo: abogados del grupo autoconvocado ofrecen a vecinos iniciar acciones legales

Insisten en conocer anexos de la ordenanza con los cálculos y fundamentos de los aumentos. “Es información pública”, resalta la abogada Wannesson, y advierte no fue publicada en los medios oficiales.

Luego de la fracasada sesión extraordinaria del pasado martes, el grupo de vecinos autoconvocados contra el impuestazo que promovido por el gobierno municipal, puso a disposición de quienes estén interesados la posibilidad de iniciar acciones legales. “Queda a criterio de cada uno. Nosotros los proveeremos de asistencia legal a través de dos o tres estudios jurídicos que estamos actuando en conjunto y sin cobrar honorarios”, reveló ayer la abogada Zulema Wannesson.

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“Tenemos que brindar al vecino la posibilidad de acceder a la Justicia con el menor costo posible, que es no cobrarle honorarios”, resaltó la abogada Zulema Wannesson.

Al respecto, dejó claro que cada demandante deberá asumir los gastos de justicia (tasa y caja forense). Para contactar al grupo, se puede ingresar a la red social Facebook y buscarlo como Vecinos Autoconvocados. Además, están conformados dos grupos de WhatsApp donde se informan novedades.

“Tenemos que brindar al vecino la posibilidad de acceder a la Justicia con el menor costo posible, que es no cobrarle honorarios”, resaltó la letrada en diálogo con NORTE al confirmar la posibilidad de iniciar acciones legales.

Información pública

Por otra parte, Wannesson reveló que otra opción promovida desde el grupo de autoconvocados es la presentación de reclamos generales, con 2000 firmas, para acceder a los anexos de la Ordenanza Municipal Nº 13.258. Esa norma “tiene un texto que fue publicado por la Municipalidad en la página web, pero con una trampa, porque los aumentos contenidos en esos anexos no fueron difundidos”, resaltó.

Entre la información pública que tampoco está disponible para el común de los habitantes de la ciudad se cuentan los aportes de la Comisión de Hacienda y de los departamentos del Municipio sobre los fundamentos y el cálculo que sustentó los aumentos impositivos.

“Todo debe estar en un expediente que dé lugar a los concejales a aprobar semejante cosa. Es información pública. La gente puede impugnar dictámenes de los departamentos”, explicó la abogada. Al respecto, puso énfasis en el requerimiento hecho al bloque radical. “La concejal Teresa Celada hizo alusión a un conflicto que la quería ensuciar. Dijo que tenía los documentos a la vista porque lo vienen pidiendo desde el Defensor del Pueblo hasta nosotros que interpusimos un reclamo el 13 de enero. Nadie se digna a darnos esa información pública. Le pedí al bloque de concejales radicales y a Carlos Salom, que es la máxima autoridad hoy a cargo del Concejo, que puedan proveernos de los detalles”, señaló.

Wannesson insistió en la necesidad de acceder a esos anexos de la ordenanza tributaria “para conocer el porqué del aumento, ya que no es posible establecer con qué parámetros se aplicó”. “Parece caprichoso. No es un aumento sideral en el microcentro, sino que la gente viene desesperada porque hay 1000 y 2000% en terrenos baldíos. La población necesita saber”, enfatizó.

La letrada subrayó que “esta no es la forma de gobernar”. “Si los abogados quieren hacer una acción legal, necesitan conocer la información”, resaltó.

Las acciones del grupo de vecinos autoconvocados se suman a la acción judicial de la Defensoría del Pueblo Municipal en representación de los contribuyentes.

Único en el país

La integrante del grupo autoconvocado advirtió que los aumentos tributarios en Resistencia “sobrepasaron a todos los aplicados en el país”. Así, mencionó casos de provincias como Córdoba o Buenos Aires que establecieron incrementos impositivos entre 60 y 100%. “Nosotros tenemos entre 500 y 1000%, y es confiscatorio”, señaló.

Wannesson mencionó conceptos del contador Rubén Piceda, ex ministro de Economía del Chaco, en un reportaje radial de las últimas horas, donde indicaba que todo aumento de impuestos debe ser “criterioso y oportuno”. “Tenemos un país en crisis, con desvalorización del peso y salarios atrasados; y en la provincia, el 96% del presupuesto se destina a pagar sueldos. Resistencia es una ciudad que vive de la administración pública. Piceda decía que eso distorsiona toda la actividad del comercio y los servicios”, explicó la letrada.

En ese sentido, resaltó que “los impuestos confiscatorios no llenan las arcas del Estado, si no que hacen que la gente no pueda pagar y se produzca entonces una evasión involuntaria”. “La Municipalidad crea al vecino una situación de indefensión. Hay mucho miedo. Veo un ánimo adverso a estas decisiones y espero que las autoridades reflexionen, que se busquen soluciones criteriosas”, concluyó.