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El hambre no es todo

Esta semana comenzará en el Chaco la distribución de las nuevas tarjetas alimentarias, lanzadas por la administración de Alberto Fernández. De acuerdo a lo que se informó oficialmente, en la provincia los plásticos del programa Alimentar serán 66.499 tarjetas, con un cupo mensual de gasto de 4.000 pesos para beneficiarios con un solo hijo a cargo, y 6.000 para dos o más hijos.

Las tarjetas de fines sociales, como se sabe, no son un recurso nuevo. En el Chaco reemplazarán a las viejas tarjetas alimentarias que estaban en poder de más de 90.000 personas y que sufrieron una desactualización entre dramática y desopilante de sus poderes de compra. Arrancaron más de una década atrás con un crédito mensual de 50 pesos, por entonces respetable, y tuvieron a partir de allí actualizaciones tan miserables que hicieron que hasta el año pasado su cupo renovable fuese de 190 pesos. Con veinte segundos de permanencia dentro de un supermercado cualquier familia ya tenía agotado su margen.

El nuevo programa no se diferencia en mucho del anterior en lo instrumental, pero sí, y mucho, en sus efectos prácticos, porque permitirá a los beneficiarios un aprovisionamiento mucho mayor que la tarjeta anterior.

Un punto de partida

El gobierno de Alberto Fernández se encargó de aclarar más de una vez que la medida es sólo una parte de un paquete de acciones dirigido a combatir la pobreza y buscar la reactivación de la economía. Un plan integral que sigue sin estar a la vista, a pesar de que el presidente ya lleva casi un mes y medio en el poder y sabía desde la noche del 11 de agosto del año pasado que su destino era la Casa Rosada.

Es razonable que, mientras tanto, se deje en claro que la nueva acción asistencial del Estado es un punto de partida. Será importante que lo tengan en claro los propios funcionarios, porque en nuestro país los puntapiés iniciales suelen convertirse en partidos enteros, lo transitorio ocupa el lugar de lo permanente y las emergencias perduran por decenios.

En el caso de la pobreza, la advertencia vale doble. Porque en ese terreno hay una peligrosa tendencia a creer (o hacer creer) que todo se resuelve con sólo mejorar ingresos. Eso no es así para los hombres, mujeres y niños en situación de pobreza crónica, una condición que les impide mejorar su calidad de vida aunque el entorno económico prospere.

“La idea de pobreza crónica alude a condiciones de vida permanentemente bajas, a carencias persistentes que no pueden ser superadas aun en períodos de alto empleo y mayor prosperidad económica general. La pobreza crónica está caracterizada por cierta inelasticidad a los beneficios del crecimiento económico y de las políticas públicas inclusivas. Esa pobreza estructural constituye un ‘núcleo duro’: personas y hogares con características (baja educación, bajo capital social, localizadas en áreas de baja productividad, etcétera) que les impiden superar un umbral de pobreza, aun bajo condiciones económicas favorables a la reducción de la pobreza agregada”, dice un estudio de octubre del año pasado publicado por investigadores de la Universidad de La Plata (“Pobreza crónica en datos de corte transversal: estimaciones para Argentina”, de Leonardo Gasparini, Pablo Gluzmann y Leopoldo Tornarolli).

En el podio

Basándose en datos censales y de la Encuesta Permanente de Hogares, los autores de ese trabajo sitúan al Chaco en el podio de los distritos con peores índices de pobreza crónica (diferenciándose de la medición de pobreza por ingresos que realiza el Indec), sólo superado por Corrientes y por encima de Santiago del Estero. Formosa aparece en cuarto lugar. Nuestra provincia figura con el 26,1% de su población en situación de pobreza crónica. Es decir que más de la mitad de quienes son pobres en el Chaco, lo son de un modo estructural.

¿Qué significa? Que más de un cuarto de millón de chaqueños está condenado a no salir de sus condiciones de necesidad crítica ni aun cuando la deseada recuperación económica llegue y múltiples fuentes de empleo calificado se abran alrededor. A eso podrán capitalizarlo otros, pero no ellos. Su realidad necesita de otras cosas para ser transformada, y aun así los resultados se verían recién al cabo de muchos años. En cambio, los pobres de ingresos, esos que descendieron en la escala social por la pérdida de un empleo o por alguna otra razón circunstancial pero que poseen capacidades para recuperar su posicionamiento anterior, sí tienen la posibilidad de ser rescatados del naufragio si se modifica el contexto general o si al menos cambiase su suerte. La diferencia entre unos y otros no es menor.

Por otro lado, la composición de la población con pobreza crónica es distinta a la que surge de una medición por ingresos. Por ejemplo, el 47,9 por ciento de los pobres crónicos son chicos menores de 15 años (según la corrección de mediciones que proponen Galmarini, Gluzmann y Tornarolli). Esa franja etaria, en cambio, ocupa el 38 por ciento del universo de pobres por ingresos.

Hay otras diferencias interesantes. Entre los pobres estructurales el tamaño promedio del grupo familiar es de 6,1 integrantes, incluyendo una media de 2,5 niños menores de 12 años. En la franja poblacional “no vulnerable” (personas que tienen consolidado un buen pasar económico), el promedio es inferior a 2, con una media de 0,3 niños. Entre los pobres crónicos, además, en los grupos familiares hay un adulto con empleo por cada 4,3 integrantes. En los no vulnerables ese índice baja a 1,3.

“La población pobre crónica tiene un perfil educativo claramente inferior al resto –suma el documento de los investigadores de la UNLP-. Para los grupos etarios adultos la diferencia entre pobres crónicos y no vulnerables es de alrededor de diez años de educación. Esa brecha se reduce algo para los más jóvenes. Otra vez, es interesante marcar la diferencia entre pobres crónicos y pobres por ingreso corriente: los años de educación promedio son 7 en el segundo caso, y solo 5.7 en el primero. Casi el 70% de los pobres crónicos tienen un nivel educativo bajo (menos de 9 años de educación) y prácticamente nadie un nivel superior (más de 12). El gradiente se invierte para los no vulnerables: el 91% de los adultos en ese grupo tienen nivel educativo superior”.

Camino largo

No hace falta una inteligencia superior para comprender que esta realidad no se puede modificar con una, dos o tres medidas aisladas, por voluminosas o intensas que sean. Se necesita mucho de aquello que se fue brindando de manera deficiente durante generaciones. Fundamentalmente, salud y educación, dos servicios que implosionaron en cámara lenta y a la vista de todos.

Las escuelas públicas son, en general, un simulacro. Aunque lo habitual sea verlo vestido de “conflicto docente”, el colapso educativo es mucho más que eso, al punto de que por no aceptar el derrumbe de la calidad de la enseñanza se ha optado por descalificar a las pruebas externas de evaluación que nos cantan la justa: los colegios no están preparando a los chicos ni siquiera para lo más elemental que exigen el mercado laboral o los estudios superiores. Es verdad que conspiran la desintegración familiar, la adicción a las nuevas tecnologías y otros factores conocidos, pero lo mismo sucede en todo el mundo y la realidad de los egresados no es la misma que aquí. El problema es que corregir esto demanda apagarles las velas a algunos santos principios del singular progresismo local, ponerse los pantalones largos y dar las batallas que haya que dar.

El mismo proceso de decadencia viven los servicios de salud, tanto lo privados como los del Estado. Lo que se ve en los hospitales  y en los centros sanitarios es, más que falta de recursos, desidia. Una pérdida de noción del concepto de lo prioritario. Desorganización y deshumanización, como ya advertía, desde hace mucho, el irreemplazable Rolando Núñez desde su Centro de Estudios Nelson Mandela.

Elegir los caminos cortos, los golpes de efecto y las acciones superficiales fueron un común denominador casi inquebrantrable desde la restauración del Estado de Derecho en 1983. Y hemos tropezados varias veces con las mismas piedras. Ni siquiera los estallidos de 1989 y 2001 nos enseñaron a esquivarlas. No nos importó: siempre hay un otro a quien cargarle las culpas.

Llevamos andados 36 años de democracia. El Chaco fue gobernado, durante ese período, cuatro años por Acción Chaqueña, doce por el radicalismo y veinte por el peronismo, que ahora sumará cuatro más. Hay sayos para todos y cada cual conoce su talle. A ponérselos y a caminar, esta vez eligiendo el camino largo.

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