Ahora, la realidad

Pero la historia enseña que ese desenlace feliz no aparece con la facilidad de una película Disney y que en su lugar asoma una vieja enemiga nuestra: la realidad. A menos que haya mucho dinero para taparla, como ocurrió con Carlos Menem -tras la debacle económica del alfonsinismo- merced a créditos internacionales y privatizaciones, o con Néstor Kirchner luego del colapso de 2001/2002 y el inédito boom de los commodities. La magia existe, pero cuesta muchísima plata. 

LA NUEVA SOLIDARIDAD

Lo malo de la realidad es que uno bien puede ignorarla, pero ella no lo ignora a uno. Y las cosas no sucederán según lo que nosotros arbitrariamente deseemos que ocurra, sino de acuerdo con lo que ella dictamine. Alberto Fernández y Jorge Capitanich lo saben, y están actuando en consecuencia.

El nuevo presidente había dicho durante la campaña electoral que con dejar de pagar los intereses de las Leliq bastaba para aumentarles un 20% los haberes a jubilados y pensionados. Pero ahora, ya instalado en la Casa Rosada, se olvidó de los bancos y le pidió al Congreso una “ley de solidaridad” que congela por seis meses las jubilaciones, excepto las de menos de 19.068 pesos (a las que con las remuneraciones de diciembre y enero les pagarán un bono de 5000 pesos o menos, según el monto que perciban actualmente). Los potentados que ganan 19.069 pesos o más son unos tres millones de personas. Para ellos habrá aumentos por decreto con variaciones seguramente inferiores a los índices inflacionarios, ya que el objetivo del congelamiento previsional es parte de un fuerte ajuste fiscal que incluye un apriete de clavijas en impuestos que pagan las clases media y alta. Más las nuevas retenciones al campo y la carga tributaria al atesoramiento y compras en dólares.

¿Qué hay a cambio? De momento, un plus de 2000 pesos durante dos meses para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el bono jubilatorio selectivo, una moratoria impositiva para pymes (pero no la largamente reclamada reducción de la presión fiscal), la colocación en el freezer por medio año de las tarifas de servicios y la implementación de una tarjeta alimentaria para las familias que cobran la AUH o pensiones por discapacidad.

“Cuando vallan el Congreso es porque van a votar algo contra el pueblo”, había tuiteado Agustín Rossi en 2017, cuando se iba a votar la nueva ecuación de cálculo de los aumentos jubilatorios. La ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” se aprobó en un Parlamento nuevamente rodeado de cercas e incluyó -vueltas de la vida- la desactivación de aquella fórmula previsional, que hubiese significado para todos los pasivos una mejora del 28% al cabo del primer semestre de 2020.

EL PAGO CHICO

En el Chaco, Jorge Capitanich asumió su tercer mandato y constató lo que ya sabía o intuía: las cuentas del Estado provincial están en llamas. No es para menos: en los doce años de gestión que lleva el Frente Chaco Merece Más prácticamente se duplicó la cantidad de empleados públicos provinciales.

Pero además, el nuevo gobierno contabiliza que los pases a planta de los últimos cuatro meses de gestión de Domingo Peppo fueron unos 4.300 y calcula que la deuda actual del Chaco se multiplicó casi por ocho en el mandato anterior: ronda los 47.000 millones de pesos, suma en la cual un 17% sería deuda flotante. Un pasivo muy superior al que Capitanich menciona haber dejado en diciembre de 2015, de 6054 millones.

En un artículo publicado en NORTE, el exministro de Economía Eduardo Aguilar estimó que en 2020 los ingresos mensuales de coparticipación federal que tendrá el Chaco (descontando vencimientos de deuda y participación municipal, en un escenario de 35% de inflación anual y cero variación en los niveles de consumo popular) estarán en promedio en el orden de los 6500 millones. Si la masa salarial estatal mensual era de unos 5000 millones en noviembre, la conclusión es que aun ocupando la totalidad del ingreso coparticipado en mejorar sueldos, eso no alcanzaría para una recomposición que equipare aumentos salariales con variación inflacionaria.

Y ello, por supuesto, sin contar con que la única función del Estado no es (o no debería ser) cumplir con las remuneraciones de sus agentes. Por el contrario, el sistema sanitario público pide a los gritos una potente inyección de recursos. Ni hablar de la educación o de los requerimientos de infraestructura básica.

Los movimientos sociales también meten presión. El desalojo con la fuerza policial de la manifestación que se había instalado frente a Casa de Gobierno, el jueves por la tarde, mostró que Capitanich no había hablado al vacío cuando un día antes, en conferencia de prensa, había solicitado “tiempo”, “paz social” y “una tregua” al universo de sectores que demandan algún tipo de asistencia oficial.

En la mañana del mismo jueves, por Radio Libertad, la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, había anunciado: “Cambió la lógica de la relación entre el gobierno y los movimientos sociales”. Y habló de un “protocolo de petición ante las autoridades” en proceso de elaboración “por directiva del gobernador”.

“No hay razón para cortar, porque estamos escuchando los reclamos”, dijo, dejando en claro que en la nueva gestión “no se van a permitir cortes de manera deliberada”. Exactamente lo que sucedería por la tarde.

El sacudón político que generó el operativo policial (que se ejecutó con la cobertura de un oficio de la Justicia de Faltas) fue inmediato. Los movimientos sociales (aun los más funcionales al gobierno) salieron a repudiar la represión y algunos a pedir también la renuncia de Zalazar, la integrante más jugada del gabinete de Capitanich: para aceptar el cargo dejó atrás una carrera de 32 años en el Poder Judicial y un cargo de jueza de Cámara. Desde la coalición gobernante, el diputado Rodolfo Schwartz, del PTP-PCR y la Corriente Clasista Combativa, acusó al Poder Ejecutivo de medir el clima social “con un termómetro de madera”.

ACUERDO Y TREGUA

La situación derivó en la reunión de Capitanich con referentes de 14 agrupaciones piqueteras con las cuales se acordó una “tregua social” de tres meses. El informe oficial sobre el encuentro no dedica una palabra a los hechos del jueves, pero sí expone que el gobierno, a cambio, ofreció una pronta instrumentación de la tarjeta alimentaria nacional en el Chaco (se habla de la tercera semana de enero, con un cupo de gasto de 4000 pesos por cada plástico, lo que implicará la llegada a la provincia de fondos sociales por 3600 millones de pesos), acciones del área de Economía Popular para generar trabajo vinculado con esa ayuda y el regreso de un flujo financiero para cooperativas de viviendas.

“Déjennos trabajar, lo único que pedimos es tiempo”, había dicho el gobernador en su conferencia del miércoles. El planteo con los movimientos sociales fue el mismo. Días antes había logrado desactivar una protesta de la Unión de Trabajadores Judiciales y meter una conciliación en el conflicto con UPCP. En pocas semanas más será el turno de negociar con los gremios docentes para evitar el clásico paro de inicio de clases y luego de eso estará la larga fila del resto de sindicatos del sector público por las paritarias del año. Y todas las demás demandas de una sociedad golpeada por tantos años de achique y empobrecimiento.

Como un arquero en pleno entrenamiento, Capitanich ataja un pelotazo y no termina de hacerlo que ya tiene otro más lanzado a quemarropa hacia el rincón opuesto del arco. Sabe que de aquí en más buena parte de su rutina será esa, en una provincia en la que los sectores menos productivos no quieren desprenderse de la costumbre de estar por encima del resto.

Más allá de todo eso, la clave, para un distrito tan vulnerable como el Chaco, sigue siendo que las políticas nacionales consigan pronto hacer andar la economía.

Mientras tanto, y sin que pueda saberse cuánto puede llegar a durar aquella espera por vientos a favor, la sábana es corta y la realidad es demasiado larga.