Vialidad Nacional bajo la lupa de la AGN
La Dirección Nacional de Vialidad, en forma más que llamativa, no respondió a los reiterados requerimientos que le hizo la Auditoría General de la Nación (AGN) para que envíe la documentación que, tal como lo establece el marco normativo vigente, debe ser auditada por el organismo de control público. Por ese incumplimiento, la AGN presentó ante la Justicia un amparo contra el Ministerio de Transporte para poner en evidencia la reticencia del organismo vial para informar, como corresponde, sobre su situación económica, financiera, operativa y patrimonial.
El amparo, presentado por la Auditoría General de la Nación ante la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre -titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 11-, dice textualmente: “Motiva esta presentación la conducta reticente de la Dirección Nacional de Vialidad para brindar en tiempo y forma la información que se le solicitó de manera reiterada” y agrega que Vialidad Nacional “no ha cumplido con la entrega de toda la información que le fue requerida”, por lo que “de ninguna manera se puede ejercer la función de control asignada a este órgano por la Constitución Nacional si no se cuenta con la totalidad de lo requerido”. Según el escrito presentado en sede judicial, la Dirección Nacional de Vialidad no responde los pedidos formales que, en tiempo y forma, le hizo el organismo encargado del control externo de las dependencias y los fondos públicos para que entregue documentación e información que es clave para conocer la gestión económica, financiera, patrimonial y operativas realizadas a lo largo de 2018 por el organismo vial.
No está de más recordar que la Auditoría General de la Nación es un órgano con rango constitucional, que asiste al Congreso de la Nación en el control público, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia en el Estado nacional, bandera que fue levantada por los dirigentes de Cambiemos incluso antes de llegar a la Casa Rosda, pero que a juzgar por la lamentable actuación de la Oficina Anticorrupción con Laura Alonso al frente de ese organismo (la funcionaria había reconocido en abril pasado que la dependencia a su cargo no era querellante en ninguna de las causas contra el Gobierno nacional y sus funcionarios) y con esta actitud reticente y llamativa de Vialidad Nacional, hoy parece que la transparencia declamada, sobre todo por el núcleo duro del macrismo, perseguía solo fines electorales. Vale señalar también que la semana pasada la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo con el que la Justicia ordenó a la Oficina Anticorrupción entregar información a la Auditoría General de la Nación que oportunamente le había sido exigida en el marco de lo que establecen las leyes vigentes. En rigor, la AGN había pedido a Alonso el listado de denuncias presentadas por el organismo anticorrupción ante la Justicia. A esto debe sumarse una actitud similar de las autoridades de Vialidad Nacional que no envían la documentación que se le solicitó para investigar distintas denuncias en la construcción de rutas, lo que da lugar a pensar que el organismo vial se resiste a ser auditado. Pero eso no es todo. Tanto la Federación que nuclea a empleados de Vialidad Nacional (Fepevina) como el Sindicato de Trabajadores de Vialidad (STV) ya habían denunciado maniobras poco transparentes en la construcción de rutas y autopistas y hasta un informe interno que mostró que de los 2800 kilómetros de autopistas prometidas por la administración Macri apenas se ejecutó un tres por ciento.
Según la presentación ante la Justicia que hizo la Auditoría General de la Nación, el primer pedido de informes del organismo de contralor a Vialidad Nacional se hizo el 20 de diciembre del año pasado, y se le otorgó un plazo de diez días para responder, pero el 4 de enero Vialidad solicitó una prórroga y en los primeros días de febrero siguiente solo cumplió en forma parcial con la entrega de la documentación. De esa manera, no se puede conocer al día de hoy el detalle de las obras en curso y las que permanecen con saldo al 31 de diciembre de 2018; ni los certificados de obras; tampoco el listado de los terrenos utilizados para las obras; ni la nómina del personal, por citar solo unos pocos ejemplos de la información que no se envió a la AGN.
Es de esperar que, finalmente, Vialidad Nacional no siga negándose a brindar la información solicitada por la AGN, ya que se trata de datos sobre recursos que son públicos y que, por lo tanto, son de interés para toda la ciudadanía.
