La pérdida constante de puestos de trabajo
La industria metalúrgica de todo el país lleva 24 meses consecutivos con caída en la producción y registra en la actualidad un desplome del 22 por ciento por debajo del nivel alcanzado en 2011.
Semejante contracción de la actividad impactó de lleno en el empleo del sector, que es uno de los más castigados por las políticas económicas del gobierno nacional. Según estimaciones de entidades empresariales, en los últimos años la actividad perdió 25.440 puestos de trabajo. Pero no es la única que sufre las consecuencias de la combinación de aumentos de costos de producción con caída de la demanda.
La industria textil también acusó el golpe: perdió en los últimos cuatro años más del 30 por ciento del nivel de actividad y casi 23 mil puestos de trabajo, mientras que el uso de la capacidad instalada se encuentra en la actualidad por debajo del 50 por ciento.
Está claro que la generación de empleo no fue, precisamente, una variable que pueda exhibir con orgullo la administración del presidente Macri. Es que a los datos aportados por las industrias metalúrgica y textil, deben sumarse las cifras del Indec que revelan que al primer trimestre de 2019 había en la Argentina casi 4,8 millones de trabajadores no registrados, es decir, personas que no reciben aportes jubilatorios y carecen de cobertura social.
En un documento difundido por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, la entidad alertó sobre la grave crisis que afecta al sector señalando que el uso de la capacidad instalada de esa industria en todo el país no supera el 55 por ciento.
Para hacer frente a ese preocupante escenario, con casi la mitad de las máquinas paradas, la asociación elaboró una serie de propuestas que tienen como objetivo promover el desarrollo de una industria metalúrgica avanzada de aquí al año 2023. Como primeras medidas, se plantea la necesidad de recomponer el financiamiento a tasas competitivas, promover el crecimiento del mercado interno para potenciar las exportaciones y suspender los embargos por 120 días.
Cabe recordar que más de 25 mil empresas forman parte del entramado productivo de la industria metalúrgica argentina. La mayoría de esas empresas son pequeñas y medianas y generan cerca de 300 mil empleos directos. Se calcula que el sector metalúrgico aporta el 18 por ciento del valor agregado industrial y, además, exporta productos por 3.700 millones de dólares, aunque se estima que si se alentara un mayor uso de la capacidad instalada de las empresas con políticas de estímulo al sector, esa cifra podría triplicarse.
El documento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos plantea también la necesidad de garantizar líneas de crédito con tasas razonables para capital de trabajo, en bancos públicos y privados (las tasas actuales hacen que cualquier emprendimiento productivo resulte inviable) y de fomentar la innovación y a la industria denominada 4.0. En ese sentido, se observa que países como Estados Unidos, Alemania y China aplican programas estatales de política industrial, con gastos en investigación y desarrollo de hasta el tres por ciento del PBI.
La industria textil, por su parte, también padece los desaciertos de las políticas impulsadas por el gobierno nacional desde 2015: entre el tercer trimestre de ese año e igual período de 2018 el sector perdió 26.200 empleos en toda la cadena, mientras que la capacidad ociosa de la industria se acerca al 70 por ciento y el nivel de actividad mantuvo una pronunciada caída en el último año.
No exagera la Federación de Industriales Textiles de la Argentina cuando advierte que la situación es de extrema gravedad y alerta que, ante este oscuro panorama, muchas empresas prefieren invertir en Brasil antes que en la Argentina.
Pero eso no es todo. Un estudio realizado por el Barómetro de la Deuda Social Infantil de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el impacto que sufrió el mercado laboral por la recesión durante la segunda mitad de 2018 y la primera parte de este año hizo que aumentara la cantidad de chicos de 17 años que se vieron obligados a salir a trabajar o a realizar tareas domésticas intensivas, abandonando o dedicando menos tiempo a sus estudios.
Es de esperar que, más allá de los resultados que arrojen las urnas el próximo 27 de octubre, la próxima gestión nacional tenga entre sus prioridades la erradicación del empleo infantil y la creación de puestos de trabajo que respeten los principios y derechos laborales fundamentales.
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