Dilema de todos los gobiernos: ¿negocios financieros o nivel de vida de los pueblos?

   La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) había exigido a lo largo de todo el conflicto que se anulara el decreto de los tarifazos y que renunciaran los dos ministros responsables de la represión antes de iniciar cualquier negociación. El sábado por la noche rebajó sus condiciones y aceptó el diálogo con Moreno a condición de que fuera público y emitido por tv, y que la ONU, Amnistía Internacional y la Iglesia participaran de la negociación.

   En el intervalo, la acción de las fuerzas de seguridad dejaba unas siete personas muertas, más de 1.300 heridas y un número similar detenido, según la Defensoría del Pueblo, entidad de derechos humanos que monitorizó el conflicto. A pesar de ello, el gobierno incrementó la represión el domingo, y recién después confirmó la negociación. El gobierno de Moreno empleaba la oferta de diálogo como herramienta para desmovilizar a los indígenas, y también a los huelguistas en las ciudades y en los campos petroleros. 

  Las masivas asambleas de los indígenas llegados a Quito, reunidos en dependencias universitarias y en la Casa de la Cultura, votaban entre tanto acentuar las medidas de fuerza para quebrar el “paquetazo” del gobierno, al punto de “cerrar las llaves de los pozos” petroleros. Al mismo tiempo, Moreno recibía el respaldo del FMI, de algunos gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de Macri, y de los EEUU.

   Internamente, Moreno era apuntalado por los dos partidos socialcristianos y el CREO, que aprobaron la represión y el estado de sitio. Por su lado, la “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa buscaba situar a su exiliado jefe como protagonista político dentro del conflicto. Esto era rechazado masivamente por la Conaie, que fuera reprimida muy duramente durante su gobierno, y por varios sindicatos urbanos, a los que Correa había quitado la personería.

   Todas estas tensiones cruzadas dejan una imagen de derrota parcial del gobierno, pero de empantanamiento para todas las fuerzas en disputa. Queda sin resolución momentánea el acuerdo con el FMI que exigió el “paquetazo”, que no solo duplicaba el precio de los combustibles: las reformas laboral y jubilatoria, los despidos de empleados públicos, y las consabidas reducciones de los presupuestos de salud y educación.

   Quedó claro una vez más que, en todo el mundo, el mecanismo preferido para iniciar ajustes estructurales pasa por el incremento del precio de las tarifas, lo que permite garantizar ganancias a las petroleras y recaudación a los gobiernos al mismo tiempo. Contra esta práctica ya irrumpieron los camioneros en Brasil, con una huelga de un mes que paralizó la economía e hizo caer un punto el PBI en 2018. También los “Chalecos Amarillos” conmovieron a Francia y al mundo luchando contra tarifazos en los combustibles.

   La confluencia más espontánea que organizada de trabajadores urbanos, indígenas y campesinos en estas jornadas en Ecuador constituye una severa advertencia para el gobierno de ese país, pero sobre todo para el FMI, e incluso para otros gobiernos latinoamericanos.