La violencia sexual en la infancia también se ve en los merenderos

La realidad que atraviesa al servicio que hoy prestan comedores y merenderos fue uno de los temas convocantes en el primer encuentro regional de mujeres y cuerpos disidentes que finalizó este sábado en Presidencia Roque Sáenz Peña.

En el plenario de las mujeres barriales -el viernes 13, en el centro cultural municipal- dos cocineras narraron con dureza cómo hacen frente a tanta adversidad.

“Fuimos a comer a lo de un vecino cuando ya no teníamos otra alternativa”, contó una de las participantes, mamá de ocho chicos y separada de un hombre que la violentó durante los siete años que estuvieron en pareja. Su relato recorrió varias situaciones de violencia -personales y ajenas- que involucraban a niños en el barrio Matadero. En esa misma comunidad el femicidio a golpes de una joven de 25 años -madre de tres niños pequeños- había provocado conmoción en 2017.

En lo cotidiano

“En una casa donde se daba de comer a los chicos vi cómo les hablaban mal o se aprovechaban de ellos de otras formas”, describió una de las mujeres. Después se supo que quien entonces se encargaba de administrar el servicio fue acusado por haber abusado a dos hijastras.

“Esto nos muestra la importancia de unirnos y trabajar en comunidad para asegurar educación sexual integral, y para exigir una mayor presencia del Estado con alimentos, trabajo, vivienda digna para las mamás”, señaló otra de las participantes en la sala del excine Español. 

Trabajo voluntario

A las dificultades individuales se suma la precariedad de recursos que administran. Otra de las cocineras que intervino contó que con los fondos que pueden gestionar no alcanza, entonces necesitan completar con donaciones, colectas del momento y manos voluntarias para amasar panes, torta parrilla o algún otro alimento.

Entre las voces de la plenaria se oyó a referentes de conocidas organizaciones territoriales como La Garganta Poderosa, el movimiento Evita, Darío Santillán, o la agrupación local Scalabrini Ortiz, de este último aclararon que sin administrar merenderos acompañan con otras acciones en los puntos donde falta todo.  

En la ruralidad

“Necesitamos que haya más espacios de igualdad de oportunidades y de acceso a más espacios de decisión”, enunciaron dos trabajadoras del INTA en la ronda de exposiciones sobre política partidaria y sindicalismo.

Pese a que una mujer ocupa el puesto más encumbrado en el Centro Regional Chaco-Formosa (Diana Piedra) hay cifras que evidencian una tendencia distinta. La presencia de hombres en el INTA llega al 63% en el país y las mujeres al 37%, en la estación experimental Sáenz Peña esa proporción se acentúa con un 75% a 25%.

Donde hay una pareja de trabajadores, el marido está afiliado y la esposa no. Una de las respuestas que les dan es que lo hacen para ahorrar en aportes. “Entonces preguntamos por qué debe recaer en el hombre la decisión sobre cómo se gasta el dinero y sobre la defensa de derechos laborales”, expusieron dos trabajadoras del sector.

La participación de las mujeres es baja y cuando se indagan las razones se advierte que en general en esos espacios no está bien visto que lo hagan.

“Vemos una estigmatización sobre las que tienen hijos y en general se asume que en el trabajo deben encargarse siempre de preparar el café o de redactar las actas; por eso alentamos talleres entre nosotras para generar una valoración técnica antes que por género”, invitaron.

Justicia y medios

“La pérdida de confianza en instituciones como la Justicia lleva a muchas personas y organizaciones a acudir a los medios de comunicación para denunciar o a las redes para escraches”, fue una de las observaciones de las participantes en el conversatorio sobre comunicación.   

En relación con los femicidios o casos de violencia hacia mujeres o personas trans, se lamentó que las fotografías de las víctimas tengan mayor circulación y visibilidad que la de sus autores.

Los señalamientos incluyeron abordajes noticiosos amarillistas, morbosos o que presionan a familiares por una nota sin respetar su dolor. Así como los límites en las funciones de comunicadores y de agentes públicos; consecuencias y responsabilidad sobre lo que se divulga, anticipa o filtra; y sobre la necesidad de una mayor vinculación con áreas de protección de derechos ya existentes (instituciones de salud, educación y justicia).

La importancia de que se cumpla la ley Micaela (de capacitación en perspectiva de género a trabajadores y funcionarios del Estado) y en el uso de travesticidio, transfemicidio o genocidio para llamar a cada delito según corresponda, fueron otras de las expresiones en la puesta en común.