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Crisis en Paraguay

Un “pacto entreguista” con Brasil por Itaipú diezma al gobierno de Abdo

Renunciaron el ministro de Relaciones Exteriores; el embajador en Brasil; el director de Itaipú; y dos presidentes de la empresa eléctrica estatal.

Renunciantes. Canciller Castiglione, embajador Saguier, director de Itaipú Alderete y presidente de la Ande Jiménez.

   Asunción, 29 (Con informaciones de ABC, La Nación y Última Hora) – La Presidencia paraguaya informó que el primer mandatario Mario Abdo Benítez aceptó la renuncia de cuatro involucrados en la firma de un “Acta Bilateral” sobre uso y contratación de la energía de Itaipú con Brasil. Dejaron sus cargos el embajador en Brasilia, Hugo Saguier; el canciller Luis Castiglioni; el director de Itaipú, José Alderete; y el titular de la empresa eléctrica estatal (Ande), Alcides Jiménez. Antes, había renunciado otro presidente de la Ande, Mario Ferreira.

   La crisis desatada por lo que la opinión pública y la prensa llamaron “pacto entreguista” ya había obligado la semana pasada al presidente Abdo Benítez a cancelar una importante visita de Estado a Turquía. Un portavoz de la Presidencia señaló que el presidente se reunió este lunes con los cuatro funcionarios renunciantes y aceptó sus dimisiones.

   En el transcurso de la semana se anunciarán los nombres de los reemplazantes de los cuatro altos funcionarios, agregó la Presidencia. Este lunes el jefe de la Cancillería debía informar al Congreso sobre la cuestionada “Acta Bilateral”, pero tras su renuncia deberá aguardarse el nombramiento del nuevo ministro de Exteriores.

Los puntos del “pacto entreguista”

   El “Acta Bilateral” fue firmada el 24 de mayo pasado, pero su existencia trascendió extraoficialmente días después, y esa fue la primera causa de la crisis: el gobierno no había informado de un acto público tan trascendente para los intereses del país. De inmediato, opositores, medios, algunos oficialistas, y sobre todo la opinión pública cuestionaron fuertemente varios puntos.

   El principal era el punto “C”, que en enrevesado lenguaje jurídico hacía referencia a la eventual “cesión de energía vinculada” entre la eléctrica estatal paraguaya Ande y su par brasileña, Eletrobras, y la forma de contabilizar y facturar esa energía. La norma implicaba “de mínima, un sobrecosto superior a los u$s 250 millones para la Ande”, por lo que el documento final preveía “un monto compensatorio de u$s 180 millones que Itaipú subsidiaría” a la estatal paraguaya para reducir ese déficit.

    Para más escándalo, “el término cesión de energía vinculada no figura en el Tratado de Itaipú”, la ley suprema que rige la administración binacional compartida de la gigantesca represa. En cambio, es una fórmula habitual en el negocio eléctrico brasileño. El detalle hizo sospechar a la oposición paraguaya que el acuerdo del 24 de mayo fue redactado por la Cancillería brasileña contemplando solo los intereses de su país y firmado –aún no se sabe por qué motivos- por los representantes del Paraguay, hoy renunciantes.

Grave perjuicio a Paraguay

   El “Acta Bilateral” deja de lado el acuerdo de  2007, que le permitía a la Ande usar libremente el excedente de generación que habitualmente tiene y vende a Brasil. La nueva redacción condiciona al Paraguay para obtener eventuales cesiones de electricidad extra, y lo somete al funcionamiento del sistema interconectado brasileño, o a pagar más cara la energía (de allí el multimillonario déficit previsto para la Ande).

   La batahola no cesó de expandirse a medida que se conocían todos los detalles, porque “el acuerdo redactado por Itamaraty” podría “extenderse hasta 2023 e inclusive rebasarlo”, según la prensa paraguaya. El domingo, antes de verse obligado a presentar su renuncia, el canciller Luis Castiglioni informó que pidió a su par brasileño “que se dejara sin efecto el Acta Bilateral”.

   El precipitado retroceso del gobierno paraguayo y las renuncias en serie de altos funcionarios no asegura el fin de la crisis. Los eventuales perjuicios de mantener o derogar el “Acta Bilateral” y las sanciones penales que podrían corresponder a los responsables (desde “perjuicio al patrimonio público” hasta “traición a la patria” fueron puestas sobre la mesa) serán las próximas cuestiones que exigirán satisfacción de parte del gobierno.

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