Denuncian “causa paralizada”

   Sectores de la comunidad judía y familiares de las víctimas coinciden en cuestionar al procurador general Eduardo Casal y al fiscal Sebastián Basso (designado en diciembre de 2018, séptimo funcionario del Ministerio Público que conduce la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA, desde la muerte del fiscal Nisman en enero de 2015).

   La gestión de la causa y de la Unidad Fiscal inaugurada en 2004 siempre fue motivo de divergencias entre familiares, dirigentes de la comunidad y de la AMIA. La gestión Nisman, reivindicada por dirigentes y algunos familiares, motivó fuertes críticas de Memoria Activa y Apemia. Los sucesores del polémico fiscal, sin embargo, fueron elogiados por algunos familiares, mientras recibían críticas por parte de la dirigencia de la mutual y abogados.

   Hoy, en tanto, la coincidencia es unánime: Casal y Basso son cuestionados por todas las partes. Memoria Activa critica a Basso por sus vínculos familiares con la fallecida jueza Luisa Riva Aramayo, quien fuera investigada en la causa por el encubrimiento. Basso, que nunca se reunió hasta ahora con los familiares, sí lo hizo con dirigentes y abogados de AMIA. Según dijo al diario Perfil el abogado de la mutual Miguel Bronfman, “La causa está paralizada y necesita impulso. Basso no tiene culpa de ser nuevo, pero es su responsabilidad y la de Casal que asuma a tiempo parcial. Quedamos muy preocupados porque sigue a cargo de su otra fiscalía, con lo que su dedicación va a ser parcial, en el mejor de los casos”. Bronfman remarca que “muchos aspectos pendientes”, especialmente la “conexión local”.

   Memoria Activa y Apemia, por su parte, denuncian que se pretende “vaciar” la Unidad Fiscal AMIA. Junto a 18J, otra organización de familiares y amigos de víctimas, impulsaron el juicio por encubrimiento que en marzo emitió veredicto: se señaló la existencia de un plan de desvío de la investigación, en el que participaban funcionarios judiciales, agentes de fuerzas de seguridad, y autoridades civiles. Las organizaciones de familiares también han sido muy críticas del ministro de Justicia, Germán Garavano, por sus “maniobras para proteger a los exfiscales” Eamon Mullen y José Barbaccia.