Fortalecer el acceso de ciudadanos a la Justicia
El acceso a la Justicia es un principio básico del estado de derecho. Se trata de un derecho fundamental que debe garantizarse a todos los ciudadanos, sin distinción. Cuando esto no ocurre, las personas de los sectores más vulnerables de la población no pueden hacer oír su voz y, por lo tanto, no pueden ejercer sus derechos.
En tiempos de crisis económica y social, como los que atraviesa hoy la sociedad argentina, se hace más evidente la diferencia entre quienes pueden contar con un asesoramiento jurídico adecuado y aquellas personas que no pueden pagar un abogado. Por eso merece destacarse la labor que llevan adelante los consultorios jurídicos gratuitos que funcionan en universidades públicas de todo el país, con la colaboración de docentes y estudiantes avanzados de las carreras de Derecho, para brindar asistencia a aquellas personas que, por distintos motivos, necesitan un asesoramiento profesional pero que no tienen recursos para hacer frente a los honorarios de un profesional.
Días atrás, en esta misma columna, se hacía referencia también al problema generado en algunos casos por la falta de intérpretes que sirvan de nexo entre los funcionarios judiciales y las personas de los pueblos indígenas que sólo hablan su lengua materna; y se valoraba la decisión de sumar los esfuerzos de la Universidad Nacional del Nordeste y el Ministerio de Educación del Chaco para dar respuesta a un planteo que hicieron las comunidades originarias de la provincia, a través del Instituto del Aborigen Chaqueño, para avanzar en el diseño de una carrera que prepare y capacite a traductores e intérpretes de lenguas indígenas con una perspectiva jurídica.
“Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho”, advierte el documento titulado “Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebró en Brasilia en marzo del año 2008. Las facultades de Derecho de universidades públicas de todo el país reconocen la importancia de garantizar que todas las personas puedan acceder al servicio de justicia y por eso se pusieron en marcha oficinas de asesoramiento legal gratuito.
En el caso de la Universidad Nacional del Nordeste, debe mencionarse la tarea que lleva adelante la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas a través de la oficina de Patrocinio Jurídico Gratuito que funciona en calle Salta 459 de la ciudad de Corrientes. Según informaron los responsables de esa iniciativa, los estudiantes avanzados participan en todo el proceso de atención de las consultas, redacción de escritos y procuración de las causas judiciales, supervisados en todo momento por los profesores de la facultad. Las consultas más frecuentes, en tanto, tienen que ver con cuestiones de familia; violencia de género, asuntos civiles, de salud y acceso a la educación.
Un dato que no debe pasar por alto es que esta oficina registró un aumento de las consultas, lo que confirma la importancia que tiene este servicio que cumple una valiosa función social en la comunidad. Iniciativas similares se llevan a cabo también en provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el consultorio jurídico gratuito recibió en lo que va del año más de 20 mil consultas. Las autoridades académicas de las facultades de Derecho coinciden en destacar que esta modalidad de trabajo, además de brindar un servicio a la comunidad, tiene también una función pedagógica, ya que permite a los estudiantes realizar prácticas con casos reales.
Es necesario redoblar los esfuerzos para evitar que, por motivos económicos o sociales, las personas encuentren obstáculos para utilizar las herramientas y mecanismos legales establecidos por la ley con el objetivo de que se reconozcan y protejan los derechos de los ciudadanos. De lo que se trata, en definitiva, es de garantizar el acceso más amplio posible a la justicia, de manera tal que exista un trato justo e igualitario para todos, pero especialmente para aquellos sectores de la comunidad que se encuentran viviendo una situación de mayor vulnerabilidad.
