Otra víctima de los agrotóxicos
La noticia del fallecimiento de la maestra Ana Zabaloy, directora de una escuela rural de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, causó una profunda consternación en la comunidad educativa de todo el país. Víctima del uso de agroquímicos, la docente fue la cara visible de una incansable lucha para que no se fumigara con venenos en áreas cercanas a las escuelas.
La muerte de Zabaloy se suma a la del trabajador rural y fumigador Fabián Tomasi ocurrida en septiembre del año pasado en la localidad entrerriana de Basavilbaso, y a la de otras personas cuyas historias no son tan conocidas pero que tienen en común la aplicación de herbicidas como el glifosato en zonas de cultivos. Tomasi murió luego de padecer una polineuropatía tóxica metabólica severa, que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso y que, según los especialistas, tenía directa relación con su exposición a los agroquímicos. La docente bonaerense falleció de cáncer, enfermedad que también fue generada por la exposición a venenos, en este caso empleados en las zonas de producción cercanas a la escuela rural número 11 donde trabajaba. Según explicaron allegados a la maestra, antes de que se le detectara la enfermedad había sufrido una parestesia facial y un severo problema de insuficiencia respiratoria.
Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio‘, asegura que el problema de los agrotóxicos afecta a más de 12 millones de argentinos que viven en 14 provincias donde se aplica un modelo productivo que tiene como único objetivo incrementar las ganancias, sin reconocer su responsabilidad sobre las graves consecuencias que tiene para la salud humana el uso de peligrosos productos químicos. En ese libro se denuncian casos de cáncer de pulmón, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, diabetes, atrofia, intoxicaciones, alergias y leucemias que se detectaron en poblaciones que viven cerca de las zonas fumigadas.
Por su parte, desde la Red Universitaria de Ambiente y Salud, que nuclea a médicos de pueblos fumigados, se advierte que en nuestro país se utilizan cada año 240.000 toneladas de glifosato en agricultura industrial. Un informe el Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados alertaba, ya en 2010, que por entonces lo que más alarmaba a los médicos de las localidades afectadas por los agrotóxicos eran dos observaciones principales: en primer lugar una mayor cantidad de recién nacidos que presentaban malformaciones congénitas y muchos más abortos espontáneos que los que habitualmente se producían en sus poblaciones de pacientes; y en segundo lugar una mayor detección de cánceres en niños y adultos, y enfermedades severas como púrpuras, hepatopatías tóxicas y trastornos neurológicos. El mismo documento señala que los médicos destacaron que ellos atienden, en general, desde hace más de 25 años a las mismas poblaciones, pero lo que encuentran en los últimos años “es absolutamente inusual y lo vinculan directamente a las fumigaciones sistemáticas con plaguicidas”. ¿Cambió algo en los últimos años? Los más críticos del modelo actual de agronegocios aseguran que, salvo la aprobación de un puñado de ordenanzas y leyes que ponen límites a la fumigación en zonas rurales y urbanas, el problema de fondo sigue sin resolverse. En ese sentido, los allegados de la maestra Zabaloy recuerdan que luchó incansablemente contra las fumigaciones en las cercanías de las escuelas rurales y que, incluso, colaboró con una organización gremial que nuclea a docentes bonaerenses para impulsar la sanción de una ordenanza que limita el uso de agrotóxicos en San Antonio de Areco. Pero a pesar de la vigencia de esa norma, la propia docente denunció en octubre de 2015 que no respetaban las prohibiciones y fumigaban en horario escolar, colocando a los niños y a los docentes en una situación de extrema peligrosidad para la salud. También en esa oportunidad, la maestra rural dijo que se empleaban sustancias tóxicas que estaban prohibidas en otros países.
En Estados Unidos, por ejemplo, también crece el rechazo al empleo de agrotóxicos. En abril pasado, un jurado de California condenó a Monsanto, la multinacional productora de agroquímicos y biotecnología para la agricultura, a pagar 80 millones de dólares por no haber informado los riesgos para la salud de quienes tenían contacto directo con su herbicida Roundup. Ante las numerosas evidencias que hay sobre la peligrosidad de estos productos, es de esperar que se adopten medidas que garanticen la protección de la salud de la población para que no se produzcan más muertes ni se contraigan enfermedades por la exposición a estas sustancias químicas.
