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Se cayó otro montaje del Gobierno

Ordenan detener al prefecto acusado de asesinar a Rafael Nahuel

La Cámara Federal de General Roca cuestionó al Ministerio de Seguridad por practicar una “defensa irrestricta de las fuerzas de seguridad bajo investigación judicial”.

   Viedma, 15 (Télam y NA) – La Cámara ordenó la prisión preventiva del prefecto Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros de Prefectura, a quien se acusa de asesinar de un disparo al joven Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017 en la localidad de Villa Mascardi. Fuentes judiciales explicaron que Pintos está imputado por “homicidio agravado”, lo que descarta el anterior fallo del juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, que había considerado “exceso en la legítima defensa”. 

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La Cámara federal determinó que no hubo “emboscada”, ni “ataque” por parte los manifestantes, sino que los gendarmes los “persiguieron” y balearon con proyectiles de plomo.

   La Cámara, conformada por Mariano Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreiro, revocó los procesamientos a los otros cuatro miembros del Albatros, Carlos Sosa, Sergio García, Juan Obregón y Sergio Cavia, y les dictó “falta de mérito”. El tribunal descartó la clausura de la instrucción y ordenó que las actuaciones “sean remitidas la fiscalía para que se completen otros peritajes antes de que se avance hacia el juicio oral”.

   El camarista Barreiro remarcó en el fallo que “es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos, ni las decisiones de los magistrados”, deploró.

   “Antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando -mediáticamente- que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”, añadió Barreiro.

   El 25 de noviembre de 2017, dos días después del desalojo de la comunidad Winkul Mapu del predio que ocupaba en la localidad de Villa Mascardi, en Río Negro, el grupo Albatros de la Prefectura ingresó con orden de desalojar. El joven Nahuel, de 21 años, que participaba del reclamo junto con su tía, María Nahuel, y su prima, Micaela Johana Colhuan, fue baleado por la espalda y murió. Según la Prefectura, los efectivos patrullaban el lugar cuando fueron “atacados” por los manifestantes “emboscados”, y “ejercieron su defensa”. La fuerza de seguridad efectuó entre 114 y 129 disparos con munición de plomo.

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