La deforestación transforma al Amazonas en un polvorín

   Altamira, 24 (AFP) - Con el fusil al hombro y gesto triste, Tatji Arara carga enormes troncos en un tajo abierto en la selva por traficantes de madera del estado de Pará, en el corazón de la Amazonia brasileña, donde se multiplican conflictos por la tierra. “Estoy aquí desde pequeño y nunca vi nada igual. Cada día cortan más árboles”, lamenta este cacique de 41 años, y asegura que “la deforestación aumentó” desde que el presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, llegó al poder el 1° de enero. El mandatario dijo, alto y claro durante su campaña, que no entregaría “ni un centímetro más” de tierras para reservas indígenas.

   “Bolsonaro puso muchas culebras en la cabeza del pueblo. Muchos dicen que ahora que ganó, va a tomar la tierra de los indígenas, pero no lo vamos a permitir”, afirma Tatji Arara, vestido con una bermuda y una camiseta del Flamengo. “Si la extracción ilegal de madera continúa, nuestros guerreros dicen que pueden llegar con sus arcos y flechas y puede haber muertos. El indígena puede morir protegiendo el territorio, pero también puede matar”, advierte.

   El desmonte aumentó 54% en enero -primer mes de gobierno de Bolsonaro- respecto de 2018. En carta enviada en febrero a la fiscalía local, los arara afirmaron que la tribu estudiaba la posibilidad de “hacer justicia con sus propias manos”, evocando un ritual ancestral que consiste en fabricar una suerte de flauta, denominada Tididi, “con el cráneo de los invasores”. Miles de indígenas participan desde este miércoles hasta el viernes en Brasilia en la marcha anual por sus derechos, este año centrada en denunciar las políticas de Bolsonaro.

“No entienden nada”

   Las tierras arara están en Altamira, municipio más grande que Portugal, de unos 110.000 habitantes. Las comunidades ancestrales se vieron fuertemente afectadas por la faraónica hidroeléctrica de Belo Monte, la tercera más grande del mundo, iniciada durante el gobierno de Luis Inacio “Lula” da Silva. Cientos de personas fueron desplazadas y el ecosistema local se vio gravemente afectado.

   Fue también en Altamira que el régimen militar (1964-85) inauguró en 1970 la carretera Transamazónica. Inconclusa, esta ruta que buscaba atravesar “el pulmón del planeta” de extremo a extremo dejó una cicatriz de más de 4.000 km a través de la jungla. La placa que conmemora la inauguración fue instalada junto a un verdadero monumento a la deforestación: la base de un enorme árbol talado de castaño de Brasil (Bertholletia Excelsa).

   Este árbol, uno de los más imponentes de la floresta, produce castañas y su recolección es una de las principales fuentes de ingreso de Tatji Arara. Cuando el cacique ve un bidón de 200 litros de diésel abandonado en un claro, su sangre hierve: le dispara con su fusil y el combustible se esparce por el suelo. Unos 500 metros más lejos, le apunta a un camión azul –medio calcinado- que servía para el transporte de madera. El vehículo fue incendiado en febrero por unos 60 indígenas.

   A partir de la Transamazónica, aun sin asfaltar y convertida en un camino de tierra roja, los traficantes de madera se adentraron varios kilómetros en la selva. Equipados de maquinaria pesada, devastan la vegetación a su paso y ni siquiera se apuran a llevar su botín, porque a menudo esperan que los troncos sean cortados para llevárselos discretamente otro día. “Cuando los sorprendemos, dicen que esta tierra no tiene dueño, que el indígena es burro y no entienda nada, porque quiere tener mucha tierra y no cultiva soja”, cuenta Tatji Arara.

“Escalada de tensiones”

   En Brasil, los 566 territorios indígenas delimitados representan el 13% de la inmensa superficie del territorio nacional. El derecho de los pueblos ancestrales a la tierra fue reconocido por la Constitución de 1988. La ley prohíbe cualquier actividad que amenace el modo de vida de las poblaciones, principalmente la explotación minera y la tala de árboles.

   Pero el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, dio a entender a inicios de marzo –en encuentro con inversionistas mineros en Canadá- que el gobierno de Bolsonaro pondría fin a esas restricciones, que, según él,  “favorecen las actividades ilegales”. “Presenciamos una escalada de tensiones y los indígenas son, a menudo, obligados a sustituir al poder público, cuyos  efectivos son muy limitados”, lamenta el fiscal local Adriano Augusto Lanna de Oliveira, que teme un baño de sangre en la región.

   “No es deseable que los indígenas actúen como policías o como organismo ambiental, porque muchas veces esas confrontaciones acaban diezmando a los pueblos indígenas”, afirma el fiscal de Altamira, Paulo Henrique Cardoso. Los conflictos por la tierra en esta región ya dejaron muchas víctimas entre los defensores de los derechos humanos, como Dorothy Stang, monja estadounidense asesinada en 2005.

“Sangre y lágrimas”

   “Altamira es una ciudad anegada por la sangre y las lágrimas”, declara Antonia Melo, de 69 años, coordinadora de las asociaciones “Xingu vivo para sempre”. “Lamentablemente, todo lo que ya estaba mal por el proyecto de Belo Monte, que acarreó impactos irreversibles, está poniéndose peor”, lamenta. “Bolsonaro ganó incitando al odio y a la violencia. Ahora, los ocupantes ilegales de tierras, los taladores y los hacendados muestran su poder”, denunció.

   El 12 de marzo, el ministro de la Secretaria del Gobierno, Carlos Alberto dos Santos Cruz, se reunió en Altamira con jefes indígenas y prometió que pediría a Brasilia refuerzos policiales y ayuda a los organismos ambientales para luchar contra la tala ilegal. Santos Cruz negó que el discurso de Bolsonaro estimule las incursiones en tierras indígenas.