La amnistía y el voto por su vigencia en Uruguay

   El Congreso había sancionado durante la presidencia de Julio María Sanguinetti la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, conocida como Ley de Caducidad y llamada Ley de Impunidad por las organizaciones rechazaban el olvido de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura 1973-1985. 

   La amnistía suponía para la flamante gestión Sanguinetti una salida a un problema inminente: los militares ya habían anunciado que desobedecerían cualquier llamado de la Justicia, por lo que primero se planteó que fuera la Justicia Militar la que juzgara esos crímenes y, más tarde, se impulsó que lo hiciera directamente la Corte Suprema.

   Como ninguna variante terminaba de resolver el problema, el gobierno del Partido Colorado jugó la carta más fuerte: el 20 de diciembre presentó el proyecto de amnistía en el Congreso, el 21 lo votó el Senado y un día después Diputados. Lo aprobaron los colorados y algunos blancos. Casi en simultáneo, organizaciones defensoras de los derechos humanos lanzaron una campaña para lograr un referendo, mecanismo contemplado por la Constitución.

   Familiares de Detenidos-Desaparecidos, la central PIT-CNT, estudiantes, el Frente Amplio y sectores blancos se comprometieron a recolectar el apoyo del 25% del padrón, poco más de 500.000 firmas. Se conformó la Comisión Nacional Pro Referéndum, encabezada por Matilde Rodríguez Larreta y Elisa Dellepiane, viudas de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, dos muertos emblemáticos.

   “Fue un esfuerzo sin precedentes de parte de los familiares, sobrevivientes, activistas de derechos humanos, sindicatos y la sociedad en su conjunto, con el apoyo de algunos sectores políticos, que permitió instalar el tema del pasado reciente”, reseñó Francesca Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford especializada en el Plan Cóndor.

   A fines de 1987 se entregaron más de 600.000 rúbricas, como fin de una enorme tarea militante que recorrió pueblos, fábricas, universidades y empresas. A último momento, la Corte Electoral pidió después ratificar casi 20.000 firmas y con mucho esfuerzo se logró. El 16 de abril de 1989 se convocó a votar. Gobierno y medios hicieron fuerte campaña en favor del voto “amarillo”, que buscaba mantener la Ley de Caducidad.

   El voto “verde” era para derogar la iniciativa. Votaron “amarillo” 1.018.856 uruguayos (57%) y 777.221 votaron verde (43%). Montevideo se pronunció por voltear la norma, pero el interior jugó fuerte por su vigencia. El resultado abrió la puerta a varios años de impunidad. A la distancia, Javier Tassino, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, consideró que el resultado de aquella primera consulta estuvo relacionado con el hecho de que “fue enseguida de la salida democrática” y pegó el discurso de quienes decían que “si ganaba el Sí, volvía la dictadura”.

   Hubo otra consulta en 2009, varios intentos parlamentarios y recién en 2011 el Congreso sancionó una norma de “restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985”, que catalogó esos delitos como de lesa humanidad. Pero aquella primera consulta fue una verdadera bisagra en Uruguay.

   “El principal logro fue que se armó una coalición muy amplia y heterogénea, unidos por el objetivo común de lograr verdad y justicia, y restablecer la nueva democracia sobre esa base”, evaluó Lessa. “Uruguay es un país muy estructurado alrededor de tradiciones políticas y la campaña instaló la búsqueda de verdad y justicia para toda la sociedad. Más allá del resultado, que sin duda impactó negativamente, el referendo es un hito casi fundacional para la sociedad civil”, remarcó.