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Causa PIMP: la Cámara Federal de Apelaciones ratificó procesamientos y prisiones preventivas

Incluye a Aída Ayala y Jacinto Sampayo. Primero los jueces respondieron a los planteos comunes presentados por los abogados. Luego avanzaron con las cuestiones particulares. Finalmente definieron mantener las acusaciones. 

En un fallo de 99 páginas, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó los procesamientos y prisiones preventivas dictadas por la jueza federal Zunilda Niremperger contra los imputados de la causa número 138, conocida como Lavado II.

A su vez el fallo podría permitir que se avancen con las detenciones de algunos imputados. Una de ellas es la diputada nacional Aída Ayala que hasta ahora no pudo ser arrestada por sus fueros.

De igual manera, el lunes desde el Ministerio Público Fiscal pedirán a la magistrada que detenga a los imputados con prisión preventiva pero que aún gozan de la libertad y que envíe el fallo a la Cámara de Diputados de la Nación, donde hay un proceso de desafuero contra ella.

En términos generales la sentencia ratifica el trabajo realizado por Niremperger también expone las conclusiones a las que arribaron Eduardo Belforte, María Delfina Denogens y Rocío Alcalá.

A su vez es posible se aclare sobre la situación de una de las imputadas que en su momento consiguió el beneficio de la excarcelación y por lo tanto no le correspondería la prisión preventiva.

En el caso de Facundo Sampayo, la alzada también confirmó la falta de mérito que en su momento fue dictado por la jueza. Sin embargo, su padre, el secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo, continuará con la prisión domiciliaria, un beneficio importante tomando en cuenta que hoy gran parte de los imputados en las causas Lavado I y II están detenidos en la cárcel federal U7.

Los abogados consultados indicaron que analizarán el fallo para presentar en los próximos días la apelación ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

LA CONFIRMACIÓN

En la sentencia se puede observar que en una parte los magistrados analizaron los planteos comunes presentados por los defensores y luego estudiaron los reclamos particulares. Finalmente confirmaron los procesamientos.

A su vez los magistrados comenzaron mencionando: “Estimamos pertinente efectuar algunas consideraciones en relación a la competencia federal para entender en los hechos objeto de investigación en estas actuaciones. En rigor, sólo hemos tomado conocimiento por los medios periodísticos de un planteo formulado en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, desconociendo el estado actual de trámite del mismo”.

De igual manera plantearon que “la Corte Nacional tiene establecido que, ante la existencia de contingencias procesales de las que podrían generarse eventuales pronunciamientos por parte del tribunal de alzada de la jurisdicción en que se suscitaron, corresponde abocarse a ellas con carácter previo a discernir la competencia”.

Luego explicaron que “corresponde el examen de los agravios vertidos por cada una de las defensas, lo que a efectos de optimizar la exposición se realizará en forma global respecto de los vertidos de modo coincidente en los planteos formulados, para luego efectuar un tratamiento pormenorizado de la situación de cada imputado en particular”.

“Concretamente se advierte un denominador común en los agravios de las defensas técnicas, cual es la queja referida tanto a la arbitrariedad de la sentencia como a la valoración probatoria que realizara la Juzgadora”, indicaron.

“Cabe puntualizar que la sentencia supera el test de fundamentación a tenor del art. 123 del CPPN ya que contiene un extenso análisis de la normativa en función del marco fáctico de autos”, manifestaron. “Por lo demás no se advierte que el resolutorio se encuentre infundado, inmotivado o no se ajuste a las reglas de la sana crítica racional, no advirtiéndose fisuras en las argumentaciones vertidas por la jueza a quo, que adolezcan de un vicio pasible de ser tratado con particularidad”, relataron.

“Con respecto a la estimación probatoria verificada por la jueza, la que fuera objeto de crítica por la mayoría de las defensas técnicas, debe remarcarse que los argumentos de los recurrentes se centran en una oposición con la evaluación de las probanzas efectuadas en la instancia de grado y, en relación con ello, la mera disconformidad u opinión contraria a lo decidido, no constituye un agravio que merezca especial respuesta de cara al principio que rige la materia, cual es el sistema de la sana crítica racional”, expusieron.

A su vez los magistrados también trataron la cuestión de la denuncia anónima. “Configura un punto de inicio válido para la pesquisa, tratándose de una información de alcance restringidoque sirve de plataforma de lanzamiento para la investigación de un posible delito, como ocurrió en la especie”, se observa en la sentencia.

EL CASO AYALA

A la hora de examinar la situación de Ayala, los jueces afirmaron que “advertimos que surge insito del accionar develado el acuerdo de voluntades entre quienes controlaban en los hechos los designios del ente comunal (Ayala y Sampayo), siendo que la entonces intendente no podía desconocer el cúmulo de maniobras desplegadas a los fines de la concreción de múltiples empresas que, posteriormente, serían beneficiadas con numerosos contratos y adjudicaciones millonarias con aquél”.

“Sin desconocer la falta de los resultados de la prueba ya ordenada y el estado en investigación en pleno desarrollo, entendemos que existen en autos elementos suficientes para tener por corroborada de momento con el grado de convicción requerida en esta instancia procesal la hipótesis investigada, la vinculación de Aída Ayala con la misma”, expresaron.

Sobre Alejandro Fischer los magistrados no hicieron lugar, en primer término negaron, a un planteo sobre un “ne bis in ídem”. Y más adelante indicaron que “no está demás señalar que la hipótesis en desarrollo encuentra apoyo en las constancias agregadas a la causa y sus anexos documentales que tenemos a la vista surgiendo claramente las modalidades utilizadas y sujetos intervinientes a través del análisis efectuado por la Juzgadora en los acápites VI, ‘Evolución Patrimonial de los Imputados’ y VII ‘Acerca del Lavado de Activos’ de los considerandos del decisorio venido a conocimiento, a cuyos términos nos remitimos dada su extensión.