Políticas de ajuste para los más vulnerables
Las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional siguen avanzando sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Mientras el salario se desploma a niveles que colocan a la amplia mayoría de las familias argentinas en una situación de angustia e incertidumbre, no cesan los despidos ni los recortes en el gasto social.
Ni siquiera las pensiones otorgadas a personas con discapacidad se salvan de la impiadosa tijera de funcionarios que consideran que la pérdida de derechos ajenos es todo un logro digno de un país del primer mundo.
Según publicó un diario de alcance nacional, que está lejos de ser crítico de la gestión del presidente Macri, en la reciente visita a Wall Street que hizo el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, para llevar “tranquilidad” a grandes inversionistas, el funcionario destacó como un logro la caída del salario real de los argentinos e incluso lo calificó como una “mejora” para la economía del país.
Con esa misma lógica se podría decir también que es todo un avance el fuerte ajuste en el gasto social que lleva, entre otras cosas, a adeudar el pago de las pensiones por discapacidad, a cerca de 100.000 personas entre niños y adultos, correspondientes a los últimos seis meses y alrededor de 20 por ciento de tres meses del año pasado.
Quienes no coinciden con esa lógica perversa son las personas que días atrás se manifestaron frente al Congreso de la Nación para reclamar que se ponga freno a los recortes que se aplican a estas pensiones.
Distintas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad ya venían advirtiendo sobre el retroceso que se observa en materia de inclusión social. Así, por ejemplo, las luces de alerta ya se encendieron hace exactamente un año, es decir en septiembre de 2017 cuando se creó por decreto del Ejecutivo nacional la Agencia Nacional de Discapacidad y, a la vez, se suprimió la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
Entonces se planteó la necesidad de mejorar las políticas de inclusión, pero como era de esperar lo único que se hizo fue aplicar medidas que dificultaron aún más el acceso al beneficio por parte de muchas personas con discapacidad. El fuerte ajuste que se aplica ahora a la atención de personas con discapacidad prácticamente no hace distinciones: afecta a pacientes, profesionales de la salud y también a transportistas que prestan servicios especiales.
Pero eso no es todo. En otro sector, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina anunció, a través de un comunicado, que “debido a la falta de respuestas ante reiterados reclamos de pago al Estado nacional, unos 200 centros de diálisis del sector privado de la salud dejarán de incorporar nuevos pacientes que están en el programa Incluir Salud”.
La drástica medida, que fue adoptada a raíz de la deuda millonaria que mantiene el Estado nacional con estos prestadores, lamentablemente afectará a pacientes de todo el país. Por su parte, desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales, que nuclea a prestadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, se denunció la deuda que mantienen con ese sector la Agencia Nacional de Discapacidad (ex Programa Federal Incluir Salud) y el Pami.
Según señalaron representantes de la asociación regional, el mismo problema está presente en todo el país. “Esto, más que un problema económico, es un problema ético”, señalaron desde la asociación que nuclea a los prestadores, tras explicar que todas las autoridades nacionales con las que hablaron les dijeron que se llegó a esta situación por falta de presupuesto.
Lo que debe decirse también es que no hay presupuesto porque el programa económico que lleva adelante el gobierno nacional no contempla ninguna posibilidad de desarrollo productivo, con tasas de interés al 60 por ciento que pulverizan cualquier intento de reactivación de la economía, mientras se destina casi el 20 por ciento del gasto nacional al pago de intereses de la deuda externa.
