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Abogados de Acuña ratificaron que la comuna no renegoció el convenio con la empresa PIMP

Los abogados del imputado Rolando Acuña, Adrián Maximiliano Gaitán y Mario Hipólito Argarate, expusieron sobre la causa Pimp que no existió una concesión sino que hubo un contrato de alquiler.

También negaron los sobreprecios y finalmente definieron que a la fecha no existe una renegociación contractual.

Para reafirmar que solo existió un contrato de alquiler recordaron lo dicho por Henry Fernando Novo que en abril declaró: “Lo primero que quiero aclarar es que la contratación de Pimp es un contrato de alquiler de 21 camiones, 100 contenedores y una camioneta. De ninguna manera es una concesión de servicio público como he escuchado”.

Agregaron lo indicado por Alicia Ogara y finalmente citaron lo que dijo Jorge Capitanich: “en el caso se aplica el régimen de contratación que puede ser a través de contratación directa, licitación, en general siempre hacemos por vía de licitación”.

Ese día se le preguntó si pasó por el Concejo. El intendente respondió que no porque el régimen establece que no es necesario que pase por el Concejo municipal.

“Estoy hablando en el caso de alquiler de camiones, son atribuciones del Departamento Ejecutivo”.

A su vez “en las declaraciones que prestó Novo se puede determinar que no existieron sobreprecios. En esa época ya se pagaba aproximadamente un poco más de 120.000 aproximadamente por camión compactador alquilado de forma individual a diversos contratistas que el municipio alquilaba, el cual es un precio equivalente al que da 2.600.000 al dividir 21 equipos, con el cual estimo ya que quedaría desestimado que pudiera haber un sobreprecio cuando es lo mismo que venía pagando el municipio por camión”, destacaron.

Finalmente los abogados reiteraron que no se concretó la renegociación contractual. En cambio, el fiscal federal Patricio Sabadini, en el requerimiento donde se pidió la detención de Acuña, dijo que “la renegociación que significó para la firma PIMP S.A. un incremento considerable de costos y todo esto sin ninguna contraprestación extra por parte del municipio”, detallaron.

“Conforme lo expuesto de las certificaciones aportadas a la causa por esta defensa se demuestra que el precio que la actual gestión de la Municipalidad de Resistencia está pagando a la empresa PIMP por el mismo servicio y en virtud del mismo contrato de la Licitación 10/2014 es de $2.710.385,18 por quincena ascendiendo el mismo en forma mensual a la suma de $5.420.770,36, es decir más del doble de lo acordado en el año 2014”, determinaron.

“Conforme lo expuesto por varios testigos quedó claro que la supuesta renegociación solo fue un acta de acuerdo, lo que jurídicamente es insuficiente para otorgar efectos jurídicos‘” informaron.

ALCANCES DEL FALLO DE CASACIÓN

A su vez los abogados replicaron una publicación de la edición digital del día 13 de junio referida a fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Más concretamente mencionaron que es “erróneo y falaz expresar que el fallo de Casación determinará que Acuña regrese a prisión dado que también está procesado con preventiva pero no cuenta con los mismos fueros que la diputada nacional”.

“El fallo no tiene los alcances y consecuencias que se mencionaron en la nota. Esta errónea información acarrea daños morales y psicológicos a quienes los padecen, familiares y conocidos”, expresaron en la réplica que solicitaron.

“Tal como se menciona en forma clara en el fallo, respecto a que no se analiza sobre las condiciones que hacen al derecho a encarcelar a una persona sometida a proceso penal, nada refieren respecto de los presupuestos de la prisión preventiva o las condiciones personales de Acuña, esas cuestiones no están en tela de juicio en el presente resolutorio, simplemente se hace lugar a los fines de que la Cámara Federal de Apelaciones vuelva a dictar un pronunciamiento integrado, es decir incluyendo las resoluciones de la Juez Federal”, mencionaron los abogados.