Fiscal del caso Maira Benítez agiliza gestiones con Nación para arribo de perros rastreadores
Con un ritmo expeditivo tal como lo pretende la querella y a 17 meses de la desaparición de la joven de Villa Ángela, una de las fiscales avanza para que a la brevedad los perros de Bomberos de Punta Alta regresen para nuevas pericias. Hoy a las 9 habrá una marcha en Resistencia.
La reunión de la semana pasada entre el procurador Jorge Canteros y el abogado Pablo Vianello que representa a Antonia Morán, madre de la joven de 18 años desparecida ha dado sus primeras derivaciones con el pedido de la fiscal Gisela Oñuk al ministerio de Justicia de la nación de disponer la logística para el traslado del K9 de la ciudad bonaerense de Punta Alta.
Es que para la querella la presencia de los perros rastreadores en lugares que pronto dará a conocer Vianello es fundamental para lograr nuevas medias de pruebas en su pista de que a Maira la asesinaron los que están detenidos y sus encubridores libres.
La novedad de las gestiones llegan el mismo día que se cumplen 17 meses que la mamá de una niña fue vista por última vez el 17 de diciembre de 2016. Desde que Vianello se encargó de representar legalmente a Morán la causa regresó al fuero ordinario quedando atrás la primera hipótesis del Ministerio Público de que Maira cayó en una red de trata y se afianza cada vez más que Rodrigo Silva, su padre Catalino Silva y Gabriel Cáceres sean juzgados en principio por homicidio y después en el juicio se los acuse de femicidio. Claro para eso deberá conformar las pruebas que aporte la querella a las dos fiscales Oñuk y Silvana Rinaldis. También están en el radar de las dos investigadoras, Sergio Coria, Ramón Cáceres y Belén Ledesma, que se encuentran imputados pero en libertad, pero de prosperar estar frente a un asesinato, las condiciones de todos se modificará abruptamente.
Mientras hoy a las 9 está convocada una marcha en Resistencia de la que será parte la madre de Benítez, quien ha manifestado conformidad con la línea investigativa de Vianello que busca llevar a debate a todos los sospechosos porque para demostrar que el caso responde a un crimen y no es necesario para esa posibilidad, la existencia del cuerpo, idéntica postura a la adoptada por la Justicia federal de Sáenz Peña cuando debió expedirse sobre la competencia.
