Incumplimientos agravan el déficit habitacional
Se calcula que más de 40.000 familias chaqueñas carecen de una vivienda propia, y por lo tanto deben alquilar o vivir bajo un techo compartido que muchas veces presenta condiciones inadecuadas de habitabilidad. Para hacer frente a ese déficit se creó en el Chaco el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, organismo que a través de distintos programas de construcción y planes de financiamiento hizo posible que muchos chaqueños cumplan el sueño de la casa propia. Pero para que el sistema funcione en forma adecuada, es necesario que los que ya resultaron beneficiados cumplan en tiempo y forma con el pago de las cuotas.
Sin embargo, esto que resulta tan obvio, es decir, que el que tuvo la suerte de acceder a una vivienda construida y financiada por el Estado con fondos públicos cumpla con el pago de las cuotas para que de esa manera lo que recauda el Instituto de Vivienda pueda ser destinado a la construcción de nuevas viviendas y así reducir el déficit habitacional en la provincia, parece que no ha sido comprendido cabalmente por muchos. En efecto, según las autoridades del organismo provincial de vivienda en la actualidad se registran alrededor de 20.000 beneficiarios que no cumplen con la obligación de tener las cuotas al día. Se trata de un número muy alto de morosos y, lo que es peor, la mayoría de los que se encuentran en esta situación de incumplimiento cuenta con capacidad de pago suficiente para afrontar las cuotas que se les fijan por sus casas. Así se pudo comprobar a través de los controles que realizó el Instituto de Vivienda a través de visitas personales que se hicieron a fin de tomar conocimiento de la situación de cada uno de los beneficiarios morosos. Cabe recordar que el organismo envía notificaciones en forma periódica a quienes están atrasados en el pago de las cuotas, pero lamentablemente muchos ni siquiera responden a esos llamados de atención, lo que revela una desidia que resulta difícil de entender cuando no existe ninguna causa aparente que justifique el incumplimiento. El problema es que esta actitud de desinterés se traduce en un perjuicio para las casi 40.000 familias chaqueñas que, al verse imposibilitadas de construir su casa con recursos propios, encuentran en los programas de construcción de viviendas impulsados por el Estado una salida viable a la falta de techo propio. En otras palabras, los morosos que están en condiciones de pagar la cuota en tiempo y forma no hacen otra cosa que desfinanciar la construcción de viviendas nuevas y perjudicando a una amplia franja de la población que todavía no cuenta con un techo propio.
Frente a este problema, se aprobó el proyecto de ley 1211/18 de autoría del diputado Juan José Bergia del bloque del NEPAR, que crea el Certificado de deuda y título ejecutivo para cobro de acreencias del Instituto de Vivienda respecto de deudores morosos de cuotas de unidades habitacionales.
El presente proyecto y su eventual sanción vienen a subsanar una histórica laguna legal de 40 años que impidió a la provincia del Chaco contar con una herramienta para combatir en serio la morosidad en materia de cuota de viviendas adjudicadas por el instituto.
Este proyecto fue analizado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, cuyos integrantes escucharon de las propias autoridades del Instituto de Vivienda del Chaco una detallada descripción de la situación. Cabe destacar que la iniciativa del diputado Bergia recibió oportunamente el asesoramiento de técnicos y letrados del organismo provincial que plantearon distintas alternativas para superar algunos vacíos que existen en la legislación actual como lo es la imposibilidad de contar con un medio que resulte disuasivo para todos aquellos que han podido acceder a una vivienda construida y financiada por el Estado, y que no cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones.
Acaso sea necesario aclarar que el espíritu del proyecto se basa en un principio de equidad, de dar y exigir a cada uno lo que le corresponde, es decir que el que resultó beneficiario de una vivienda construida y financiada con fondos públicos y tiene sobrada capacidad de pago, cumpla con su obligación.
El proyecto establece el emplazamiento previo por 180 días para que morosos tengan posibilidad de regularizar su situación y reprogramar su deuda. Como última instancia, fracasada la posibilidad de acuerdo y vencidos plazos de la moratoria, se iniciarán acciones legales para el cobro de la deuda. No es una ejecución hipotecaria. Es la ejecución de la deuda de cuotas y actúa sobre bienes personales, en primer término sueldo y luego otros bienes que resulten ejecutables.
Tras la presentación del proyecto, han comenzado a presentarse gran número de familias para regularizar su situación.
Está claro que esta ley era a todas luces necesaria, ya que resultaba imperioso para el Estado contar con una herramienta para recuperar lo que se invirtió y también para los chaqueños que se anotaron y aún no accedieron a una vivienda social, a causa de quebrar los morosos principios de solidaridad y afectar la posibilidad de brindar respuestas a los más de 40.000 chaqueños que esperan poder contar con un techo propio.
