Estiman que cerca de 7.000 trabajadores se van a adherir al retiro voluntario
El ministro de Gobierno, Martín Nievas, valoró el proyecto de Retiro Voluntario para los agentes de la administración pública impulsado por el Poder Ejecutivo provincial y estimó una adhesión de entre seis y siete mil trabajadores al beneficio luego de la promulgación de la norma.
La iniciativa surge en el marco del Convenio de Responsabilidad Fiscal firmado entre la Provincia y la Nación a fines del año pasado, en un intento por alivianar la pesada carga que representan los sueldos de los empleados públicos en una provincia donde ese sector cuenta con un volumen poco recomendable.

Con el ajuste ya en marcha, Nieva explicó en declaraciones a Radio Libertad que “en principio, la intención es brindarle la posibilidad de retiro a los empleados de la administración pública, ya que muchos manifiestan este deseo, por motivos que van desde su salud hasta la necesidad de dedicarse plenamente a otras actividades”.
Dependiendo de la edad y otras variables, los empleados recibirán entre el 50% y el 80% del salario que perciben actualmente.
SIN PRISA NI PAUSA
Respecto del trámite parlamentario de la ley, Nievas estimó que tras el ingreso formal del proyecto durante la jornada de este miércoles, el proyecto se abordará en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Legislación General. “Seguramente habrá consultas, tratamiento y también aportes que surgirán del debate, así que no tenemos planteado un tiempo específico”, avizoró.
A la par, Nievas remarcó que “una vez promulgada la norma, los agentes públicos tendrán un plazo de 60 días para adherirse al retiro voluntario, con la petición correspondiente”.
Cabe destacar que, al contrario de lo que ocurre en el derecho administrativo, la falta de respuesta al pedido se considerará como aprobado el retiro voluntario, salvo expresa manifestación de rechazo por parte de la autoridad competente, tanto por la pertenencia al escalafón 5, que corresponde a los docentes; como al escalafón 8, que incluye al personal de seguridad; como por necesidad manifiesta de la administración pública.
GARANTÍA DE COBRO
“Este retiro es voluntario y se puede adherir quine así lo desee, no es compulsivo”, recalcó Nievas y añadió que “el trabajador seguirá haciendo los aportes al sistema de seguridad social y a la obra social, recalculado a lo que se va a cobrar, que obviamente será menos”. Este proceso culminará cuando el agente cumpla con los requisitos de edad y aportes para transformarse en jubilado.
También es importante tener en cuenta que la suma mensual se podrá reactualizar. De esta manera, según explicó el ministro de Gobierno, el trabajador que “la proporcionalidad irá variando porque, poco a poco, se va aproximando al 82%” que implica la jubilación.
La provincia cuenta con antecedentes no del todo convincentes. De hecho, un proceso anterior en la Legislatura provincial generó un primer impacto positivo, con el retiro de unos 300 empleados, pero los cargos se repusieron rápidamente e incluso se sumaron otros nuevos, con lo cual, no se cumplió el principal objetivo.
Nievas consideró en este sentido que “tenemos que cumplir la ley, el temor de repetir la historia está siempre, pero la norma establece que los cargos deben eliminarse automáticamente”. “Tenemos que comprender la finalidad de la norma que es restringir el nivel de gastos y por eso no tendrá mucho sentid crear nuevos cargos que bastardearían el espíritu de la ley”, argumentó.
En principio, el retiro voluntario regirá para el personal de la administración pública, mientras que los poderes legislativo y judicial tendrán que adherirse a la norma para poner en marcha un proceso similar.
Una herramienta para los trabajadores
El diputado provincial del Partido Justicialista, Ricardo Sánchez, salió a respaldar la decisión del gobernador, Domingo Peppo, de impulsar la ley de Retiro Voluntario, cuyo proyecto de ley fue enviado recientemente a la Legislatura provincial, y consideró que será una “herramienta importante” que estará a disposición de los empleados públicos que, por decisión propia, decidan utilizarla.
“A través de encuestas y otros medios de consulta, se ha notado que una gran cantidad de agentes desean retirarse de empleo público, por razones particulares o laborales, pero no tienen el instrumento para viabilizar este deseo, que les permitiría encarar otras etapas de su vida”, explicó el legislador y advirtió que “esto se enlaza además con el Convenio de Responsabilidad Fiscal, celebrado entre las provincias y la Nación el 16 de noviembre del año pasado”.
En ese marco, Sánchez puntualizó que lo primero a tener en cuenta, “para evitar cualquier crítica política tendenciosa “, es que se trata de un sistema “voluntario” con lo cual será una herramienta que estará a disposición del trabajador y será éste quien decida utilizarla o no.










