Denuncian vaciamiento y desfinanciamiento del Senasa y de Agricultura Familiar
Trabajadores del Senasa y de la Secretaría de Agricultura Familiar continúan con un intenso plan de lucha en todas las dependencias del país con el objetivo visibilizar la compleja situación que atraviesan desde hace algo más de dos años, momento en que se inició lo que consideran un plan de “vaciamiento y desfinanciamiento” de esos organismos por parte del Estado Nacional.
En el Chaco, el proceso caló hondo: entre ambos, suman unos 37 trabajadores despedidos, varios de ellos con entre 10 y 20 años de servicio; condiciones laborales cada vez más precarias, falta de recursos para cumplir con las tareas y eliminación de las barreras sanitarias; entre otras consecuencias.
En el Senasa, los trabajadores nucleados en ATE realizaron un paro de actividades y hasta el mediodía de ayer se encontraban a la expectativa de la audiencia convocada en Buenos Aires convocadas por las autoridades del Ministerio de Agroindustria, y de la que participarían también las autoridades del organismo. En tanto, en Agricultura Familiar los empleados declararon el estado de alerta y asamblea permanente, mientras monitorean los resultados de la mesa de negociación abierta la semana pasada y que tendrá una nueva reunión este viernes. “La intención es que los compañeros despedidos vuelvan a trabajar, pero sabemos que es difícil: hay un plan de achicamiento del Estado al que el Gobierno no está dispuesto a renunciar”, explicaron los trabajadores.
SIN BARRERAS
Según los datos que manejan los empleados del SENASA, el Chaco contaba en 2015 con 4 barreras fito-sanitarias, que se encargaban del control en el ingreso de ganado en pie, carne, lácteos, frutas y hortalizas; de las cuales hoy sólo queda en pie una de ellas, que se encuentra en la zona del peaje del puente General Belgrano. En el marco de este proceso, perdieron su fuente de trabajo 10 personas, que se suman a otros 10 (entre personal de las barreras y administrativos) que corrieron similar suerte en los últimos 24 meses. Si bien la relación con la patronal de todos los cesanteados era precaria, algunos trabajaron con contratos por más de 10 años o más, y muchos de ellos realizaban tareas altamente calificadas, como el ingeniero Carlos Amarilla, quien era certificante de exportación de arroz.
“Se trata de minimizar aduciendo que son contratos que no se continúan, pero en la Regional Chaco-Formosa del Senasa, el 80% trabaja en estas condiciones, así que lo que hay acá es una clara intención de achicar el Estado y eso hace más difícil que podamos lograr que los despedidos recuperen sus fuentes de trabajo”, apuntó el delegado de ATE, Luis Meza. La medida de fuerza en la sede provincial del organismo continuará hasta el viernes. “Queremos hacer visible esa situación porque se están poniendo cuestiones sanitarias muy importantes, que tendrá consecuencias directas sobre la salud de la población”, subrayó.
MÁS DESPIDOS
En Agricultura Familiar, la situación no es menos compleja. Este año, cuatro trabajadores han perdido su fuente de ingresos y se suman a los 13 despedidos a lo largo de 2016. Las cesantías en esta Secretaría del Ministerio de Agroindustria de la Nación no sólo implican la feroz consecuencia de dejar a la familia de los trabajadores sin sustento, sino también el desamparo de los pequeños y microproductores con los que se articula desde esta dependencia.
“Hablan livianamente de contratos que no se renuevan, pero ocultan que hay relaciones laborales objetivamente establecidas, con trabajadores con más de 20 años de servicio, como la compañera despedida la semana pasada que ingresó en 1996”, repudió el delegado de ATE en la oficina de Agricultura Familiar en Chaco, Marcelo Ruesta y agregó: “pero además estos contratos que son anuales y de renovación automática se están rescindiendo y eso es más grave aún”. Los trabajadores continuarán en asamblea permanente y definirán antes de mañana, día en paro nacional convocado por ATE, las acciones por seguir para exponer ante la comunidad la difícil situación actual.
