No se detiene la destrucción de empleo en la industria
El empleo registrado en la actividad industrial en todo el país alcanzó en febrero pasado su nivel más bajo en los últimos siete años. Así se desprende de las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación que confirman que en el segundo mes de este año hubo una reducción de 2400 empleos formales en este sector de la economía respecto al mes anterior. Pero el panorama es mucho más serio si se compara con febrero de 2017 y se comprueba que en un año se perdieron 16.800 puestos industriales.
Las cifras surgen tras un análisis de los datos del sistema previsional que confirman lo que, en rigor, a esta altura no debe sorprender a nadie: las políticas de apertura comercial que impulsa la Casa Rosada desde 2015 generan una lenta pero sostenida pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial que, a este ritmo, retrocedió a los niveles de empleo sectorial que había a mediados de 2010. Es que el controvertido proceso de apertura de las importaciones sumado al permanente deterioro del poder adquisitivo de los salarios se transformaron en un combo letal para la industria argentina, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias que, para colmo, sufren los efectos de una descomunal suba de tarifas de la energía y de una pesada carga tributaria que hacen imposible competir con países como China que inunda el mercado con productos fabricados con subsidios energéticos. Es que, según un informe del Fondo Monetario Internacional, los subsidios a la energía en el gigante asiático llegan a un 20 por ciento en proporción a su PBI, y no es el único caso en el mundo.
Si bien es cierto que los datos de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino muestran que la caída del empleo industrial es compensada con la incorporación de trabajadores en actividades vinculadas a los servicios, no es menos cierto que estas actividades se caracterizan por tener salarios más bajos. Especialistas del Instituto de Trabajo y Economía observan que, en realidad, no se está frente a un resultado no deseado de la aplicación de ciertas políticas macroeconómicas, sino que el país sobrelleva el funcionamiento normal del modelo propuesto por el gobierno nacional y que se traduce en un proceso de precarización laboral lento pero sostenido donde vuelven a florecer sectores como los cuentrapropistas y trabajadores no registrados que se caracterizan por la inestabilidad laboral y los bajos ingresos.
A esto debe agregarse el hecho de que, según un sondeo realizado por la Universidad Torcuato Di Tella, también se desplomó la confianza del consumidor, ya que el índice que mide esa confianza cayó un 13,2 por ciento en abril. Debe recordarse que se trata de un indicador económico que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía y sobre su situación financiera personal, por lo que es de esperar que esta caída se traduzca en una mayor reducción del consumo interno, una variable que afecta en forma directa a las pequeñas y medianas empresas. Es evidente que el consumo masivo sigue mostrando una enorme debilidad por lo que es poco probable que se produzca un crecimiento del mercado interno en lo que resta del año. Si a esto se suman las fuertes presiones del gobierno nacional sobre las paritarias y la barrera infranqueable que significa el proceso inflacionario que impide la recuperación de los ingresos de los sectores más vulnerables de la población, entonces es poco probable que se recupere una economía que tampoco recibe la ayuda de las anunciadas inversiones que nunca llegan. Y es difícil que esas inversiones lleguen a un país en el que los propios integrantes del gobierno nacional admiten que conservan sus ahorros en el exterior, lo que demuestra la poca confianza que tienen en los resultados de la actual gestión nacional.
