Defensores pidieron la libertad de los cuatro exfuncionarios acusados de corrupción
Se demora la prisión domiciliaria para Susana Fernández, supeditada a la historia clínica presentada por su abogado. En tanto, el Equipo Fiscal Especial solicitó informes a diversas áreas del gobierno y otros sectores y recibieron declaraciones testimoniales, además de ordenarse pericial informática sobre los teléfonos secuestrados.
Desde el Ministerio Público Fiscal se comunicó que, en el marco de la investigación a exfuncionarios públicos, se solicitaron informes a Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Tribunal de Cuentas de la Provincia, Fiscalía Federal, Colegio de Escribanos del Chaco, Dirección Unidad de Recursos Humanos del Gobierno, Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, Secretaría General de Gobierno, Dirección General de Recursos Humanos Jurisdicción II, Fiduciaria del Norte, Secretaría de Comunicación y Medios, entre otros.
En ese marco, el equipo de fiscales compuesto por Graciela Griffith Barreto, Nélida Villalba y Lucio Otero se ocuparon de recolectar pruebas de una posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Horacio Rey, Roberto Lugo, Susana Fernández e Ismael Fernández.
El 13 de marzo, el fiscal federal Patricio Sabadini alertó sobre la presunta infracción a las leyes 27.769 y 26.683, dando lugar al fuero ordinario para que investigue los denominados “delitos precedentes” que son de competencia provincial.
Ante la evidencia, los fiscales dispusieron la aprehensión de las cuatro personas investigadas, dos días más tarde.
El pasado lunes los fiscales tomaron declaración a tres de los imputados y difirió para el día siguiente la exposición de Lugo, quien solicitó que le exhibieran toda la prueba incorporada en la causa. Su declaración fue postergada, además para garantizar su ejercicio de defensa y dado lo avanzado de la hora.
Los defensores de los cuatro imputados solicitaron la libertad de sus defendidos, pedido pendiente, dado que restan producirse pruebas y aún no venció el plazo de diez días hábiles, que figura en el artículo 334 del Código Procesal Penal, y comienza desde la declaración de imputado para dictar la prisión preventiva.
También queda pendiente resolver la solicitud de prisión domiciliaria para Susana Fernández, para lo cual los fiscales deben esperar que la defensora de la imputada presente la historia clínica requerida, a raíz del informe elaborado por su médica personal en la que detalla su estado de salud.
