Boleto: fuerte cuestionamiento al estudio de costos del Gobierno
El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, junto al asesor técnico Daniel Retamozo, realizaron una conferencia para explicitar los ítems que, según su propio análisis, contienen datos erróneos en el estudio de costos que realizó la Subsecretaría de Transporte de la Provincia para el cálculo del precio del boleto de colectivos interurbanos.
“En el estudio de Costos presentado por la provincia la compensación por subsidios corresponde solo al aporte nacional, aunque públicamente se ha mencionado la existencia de subsidios provinciales de los cuales no existe información alguna”, destacó el ingeniero Retamozo al marcar el primer dato incierto en el cálculo. Además resaltó que “falta de determinación de los parámetros fundamentales que se consideran para el cálculo de la tarifa”.

Puntos de conflicto
Según la Defensoría, los únicos datos precisos con los que se cuentan son los subsidios totales nacionales, recaudación total y kilómetros totales recorridos por las unidades afectadas al transporte público en el período de febrero 2017 a enero 2018. Estos datos son comprobables y figuran en los registros de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
En base a eso, señala que el valor que se toma como compensación de subsidios nacionales es de $14,80388. A su vez apunta que debe existir un equilibrio entre los ingresos por kilómetros y el costo total por kilómetro, sin embargo en el estudio de costos en esos ítems y de acuerdo a las variables comprobables hay una diferencia de $4,60 que debe cubrirse con el incremento de la tarifa, esto considerando que se mantendrá el ingreso por subsidios del período anterior.
“Esto significa que a si hay 1,96 pasajeros por cada kilómetro, repartimos el déficit del sistema de $/km 4,60 entre ellos, de lo que resulta que debe incrementarse la tarifa en $2,35”, precisó.
A esto Retamozo agregó que “esos $ 2,35 de incremento por cada pasajero sumados a los $8,54 que actualmente se abona por el servicio, dan como resultado que la tarifa debería ser de $10,89”.
Más cuestionamientos
Por otro lado, el ingeniero remarcó que hasta el momento la mencionada Subsecretaría no ha aportado datos a la Defensoría del Pueblo acerca del subsidio provincial por el cual la tarifa actual es de $8,54.
Así también cuestionó la ausencia de cálculos e información acerca de la “empresa tipo” uno de los principales parámetros del estudio que resulta erróneo: “La Subsecretaría de Transporte de la Provincia no aporta cálculo de la Empresa Tipo consignando directamente que la misma tiene 22 coches. No se sabe de dónde surge esa cantidad de coches que luego incide en todo el cálculo”.
Según Retamozo, del estudio de costos que envía la Cámara de Empresarios de Transporte Automotor del Chaco a la Defensoría del Pueblo, se desprende que la empresa tipo contaría con 14,56 coches y los cálculos de Retamozo indican que lo apropiado sería calcular con 14 coches de acuerdo a lo que indica la Resolución 37/13 para el cálculo de acuerdo a la flota y la cantidad de líneas que circulan en el servicio interurbano. “Esto indica que La Subsecretaría de Transporte de la Provincia realiza su estudio de costos con datos erróneos”, remarcó.
También Retamozo sostiene que en los papeles puede verificarse que “las empresas del medio no cuentan con el personal que se consigna en los estudios de costos, elevando considerablemente los costos finales”. “Considerando la misma estructura de Costos que aplica la Subsecretaría de Transporte de la Provincia y con las consideraciones respecto de la cantidad de personal indicadas, llegamos a que el costo podría descender a $10,12 y que aún podría variar dependiendo de los datos y condiciones contractuales a evaluar, cuando se aporte a la Defensoría del Pueblo la totalidad de la información solicitada”, advirtió.
Finalmente, Corregido marcó que “estos fundamentos que surgen tras el análisis de la documental que presentó la Subsecretaría de Transporte de la provincia confirman que esa dependencia no cumple con los requisitos de haber entregado información oportuna, veraz y completa como indica la ley de Acceso a la Información Pública”. “Esto no permite la efectiva tutela de los derechos establecidos en la ley de Audiencias Públicas de la Provincia del Chaco”, concluyó.










