Por las documentaciones oficiales, posible alteración de pruebas o fuga, se detuvo a los exfuncionarios
Duras imputaciones formalizaron ayer los tres fiscales de la provincia al tomar por primera vez contacto con la prensa, tras las detenciones del exsecretario general de la gobernación Horacio Rey, el exsubsecretario de Comercio Roberto Lugo, la exsecretaria privada del gobernador Susana Fernández y el extitular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye, Ismael Fernández. Todos serán indagados el lunes por la mañana, acusados de violación deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de fondos, tráfico de influencias y el que podría dejarlos en prisión hasta el juicio, asociación ilícita
El procurador general, Jorge Canteros; el adjunto, Miguel Fonteina; el director de la Oficina de Política Criminal, Mirbel Valussi y los miembros del equipo fiscal constituido especialmente para la fiscal de cámara Graciela Griffith Barreto, y los de investigaciones Lucio Otero y Nélida Villalba, recibieron ayer por la tarde a la prensa ávida de conocer los alcances de las medidas de la restricción de la libertad de los exfuncionarios provinciales.
Griffith Barreto, explicó que “se han pedido documentaciones a todos los organismos públicos que tienen vinculación con actividades de ellos, como han sido dado de alta en la administración pública, las declaraciones juradas personales, las actividades, los funciones que cumplieron en la actividad económica, fue todo lo que motivó que el día miércoles, tengamos el mínimo de pruebas por el cual acreditamos la existencia de delito de nivel provincial”.
Las acusaciones
Por otro lado, la coordinadora de la investigación dijo “nosotros tenemos una serie de delitos que ellos cometen en el ejercicio de la función: violación deberes de funcionarios públicos, el deber de observar todas las leyes que uno tiene como funcionario, también abuso de autoridad porque dentro de sus funciones además de no cumplir hacen un ejercicio abusivo y cometen un ilícito, también se ha determinado de acuerdo a las primeras documentación que nos llegó y se sigue colectando, la existencia de negociaciones incompatibles con la administración pública, donde hay contratos y pagos que vinculan a familiares directos con relación a las decisiones que ellos tomaban en la parte económica, además malversación de caudales públicos”.
También tráfico de influencias
Mientras la fiscal Villalba agregó que son “investigados por tráfico de influencias y una vez que el lunes les tomemos declaración de imputados, tal vez podamos sumarle asociación ilícita”. Por otro lado, acerca de avanzar con nuevas detenciones del entorno del gobierno provincial, la fiscal número 5, aclaró: “Por ahora lo que tenemos es todo de las áreas de Horacio Rey y Roberto Lugo”. Se requirió documentación a contaduría general, tesorería general, personería jurídica, área de recursos humanos donde se solicitó cuáles eran los cargos que ostentaban los sospechosos y los haberes mensuales que percibían”.
Evitar que escapen o eliminen información
En tanto el fiscal número 13, Lucio Otero, agradeció a su par federal Patricio Sabadini por aportar toda las pruebas iniciales para arrancar esta investigación y estamos todos los días en contacto”. “Esto va en ascendente y vamos a investigar hasta donde tengamos que investigar y quiero dejar en claro a la sociedad que nadie nos ha llamado para presionarnos ni a favor o en contra, porque en esta investigación estamos siendo lo más transparente y garantista hasta donde la ley nos permite para estas personas que están detenidas, que por el poder de mando que tenían, podían alterar pruebas o darse a la fuga”.
“Peppo abrió las puertas de la casa de gobierno a los fiscales”
El jefe de los fiscales Jorge Canteros resaltó que “el gobernador Domingo Peppo abrió las puertas de la casa de gobierno a los fiscales. En dos días juntaron documentación que muchas veces cuesta meses conseguir. Hubo una enorme colaboración desde las órdenes impartidas por el gobernador y por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Daniel Capitanich, mientras duró la ausencia del primero”.
Valoró también “la enorme colaboración de investigaciones complejas que, en menos de 20 horas, detuvo a las cuatro personas sobre las que pesaba orden de detención”.
Respeto a las garantías
“Tenemos un enorme respeto por las garantías constitucionales y presumimos la inocencia de la gente involucrada” y aseguró que “solamente que, por los lugares que ocupan, que pueden entorpecer la investigación (hasta hace poco eran funcionarios públicos) los fiscales ordenaron la detención”. Por otra parte, señaló que “hasta ayer ( por el jueves) eran funcionarios públicos, por eso los fiscales ordena la detención”.
