Funcionarios bajo investigación: un día caliente en el ambiente político y en el judicial

Es que el escándalo suscitado a partir de la investigación judicial sobre funcionarios del actual gobierno había sumado un nuevo capítulo conmocionante en la noche del jueves, cuando se supo que, sorpresivamente, la Justicia provincial había decidido intervenir en el caso y que había ordenado la detención de cuatro de sus protagonistas centrales.

Esa determinación, que se plasmó en los arrestos del exsecretario general de la gobernación Horacio Rey, de su esposa, Susana Fernández, y del subsecretario Roberto Lugo (ver página 8), desnudó a la vez una inesperada puja con la Justicia federal local, que había destapado el caso la semana pasada y que se enteró de las detenciones por los medios. ¿Qué hubo detrás de esa irrupción intempestiva de los fiscales provinciales en el escenario? El interrogante daba lugar ayer a todo tipo de especulaciones.

En paralelo, a media mañana de ayer el gobernador Domingo Peppo, de regreso luego de su viaje oficial a los Estados Unidos y de una estadía breve en Buenos Aires, brindó una conferencia de prensa en la que reiteró su decisión de poner toda la administración a disposición de la investigación judicial y anunció que el Estado será parte querellante en la causa.

Hora después, otra noticia sacudía las redacciones periodísticas: tras un fallido allanamiento en su departamento de las Torres Sarmiento, era arrestado en la vía pública el único prófugo que hasta allí tenía la causa en la Justicia provincial, Ismael Fernández.

Horizonte difuso

Peppo, en su contacto con los medios, se mostró comprometido con la investigación judicial y reiteró que no piensa obstaculizarla. Por eso anunció que dio instrucciones para que el Estado sea parte querellante en el expediente.

El gobernador evitó abrir juicios de valor sobre los colaboradores suyos que ahora están presos, señalando que prefiere aguardar al desenlace de las investigaciones. Además, negó haber detectado señales que le hicieran pensar en que los funcionarios apartados del gabinete podían haber estado enriqueciéndose de manera injustificada. “Si hubiese tenido alertas, hubiera actuado”, afirmó.

Por momentos nervioso, Peppo volvió a afirmar que no avalaría hechos de corrupción en su gestión. “No voy a amparar ningún tipo de hechos delictivos en mi gestión”, sostuvo.

En la ronda de preguntas, cuando lo consultaron por el pedido que le dirigió Aída Ayala, excandidata a gobernadora de Cambiemos, pidiéndole “un paso al costado”, el gobernador criticó a quienes “plantean el rompimiento institucional”.

Ya entrada la siesta, tuvo una buena noticia: la suspensión del congreso provincial del Partido Justicialista, que debía sesionar hoy en Machagai, convocatoria que parecía destinada a convertirse en un foro de fuerte enfrentamiento entre los sectores leales al gobernador y aquellos que hacen una lectura crítica de la situación actual, al punto de plantear la necesidad de que Peppo renuncie a su cargo de presidente del consejo provincial partidario. La cita quedó diferida para mediados de abril.

Entretanto, el gobierno afronta un contexto complicado: el escándalo salpica indudablemente a la administración actual y las derivaciones de las investigaciones (tanto la que abrió la Justicia provincial como la que prosigue el fuero federal) se muestran como de alcances impredecibles. En los últimos días, por ejemplo, diversas fuentes hablan de un posible requerimiento contra un ministro del Poder Ejecutivo.

Y por si faltaran ingredientes, la fisura abierta entre la fiscalía federal y los fiscales provinciales sumó uno más. Desde el entorno de Sabadini, en ese sentido, alguien hacía una pregunta capciosa ayer: “¿Tan rápido obtuvieron (los fiscales provinciales) información como para disponer las detenciones, o ya la tenían desde antes y la rescataron ahora que actuábamos nosotros?”.