Retroceso en materia de derechos humanos
En su reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que abarca 159 países, la organización Amnistía Internacional dedica un capítulo a la Argentina en el que realiza una fuerte crítica al Gobierno nacional por el discurso de mano dura que se alienta desde la Casa Rosada y los graves retrocesos que se registraron en el país en relación a estos derechos mínimos y fundamentales que ningún Estado debe violar.
El documento en cuestión denuncia, entre otras cosas, la represión desmedida que hubo en diciembre del año pasado en la manifestación en contra de la reforma previsional que impulsó la administración Cambiemos y que dejó un saldo de más un centenar de heridos y detenidos. Según Amnistía Internacional, que tomó en cuenta la denuncia de familiares de las personas que fueron encarceladas en esa jornada, al menos cinco todavía permanecen privadas de la libertad pese a que no se presentaron pruebas contundentes en su contra que ameriten la detención. A los señalamientos por la violencia policial de ese día, la organización internacional de Derechos Humanos agrega su preocupación por la muerte en circunstancias aún no esclarecidas del joven Santiago Maldonado, y observa que la aparición del cuerpo del artesano no significa que el caso esté cerrado, ya que el joven había desaparecido en un contexto de represión de Gendarmería que no se veía desde hace muchos años. Por otra parte, el informe también dedica párrafos a los reclamos no resueltos por las comunidades indígenas, que volvieron a la luz pública a partir de las exigencias de mapuches en el sur del país. En ese sentido, Amnistía Internacional denuncia que la administración Macri tiene un doble discurso, ya que por un lado extendi ó la prórroga de la ley 26.160, que impide el desalojo de las comunidades de pueblos originarios, pero por otro demoniza a los mapuches porque impiden el desarrollo económico de proyectos redituables para el Gobierno, como Vaca Muerta. Advierte, a la vez, la ‘demonización‘ de los líderes sociales y organizaciones de derechos humanos, en una maniobra para que la sociedad crea que sus denuncias no son ciertas. Según Amnistía Internacional, este tipo de maniobras es alimentado por la difusión de noticias falsas, una modalidad que encuentra un terreno fértil en las redes sociales y en comunicadores alineados con esta estrategia oficial. Por su parte, la directora de Amnistía Internacional en el país, Mariela Belski, dijo que en la Argentina hay una regresión en materia de derechos humanos y denunció que se alienta un discurso de mano dura en torno a la protesta social. También remarcó que, lamentablemente, se observa una tendencia preocupante en relación a la criminalización de la protesta social y de la libertad de expresión.
Ante este retroceso, es importante recordar el contexto socio histórico en el que se originaron los Derechos Humanos. Surgen luego de los crímenes cometidos por el fascismo y el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en esos años cuando la comunidad internacional entendió que era necesario contar con una instancia supranacional que velara que los Estados garantizaran ciertos derechos mínimos a los ciudadanos, lo que allanó el camino al surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas.
En 1948 hubo un acuerdo internacional sobre los derechos mínimos que ningún Estado podría violar, y ese consenso se plasmó en lo que fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vale recordar que esta declaración establece el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la salud, al trabajo y a la educación, entre muchos otros. Debe aclararse que la Declaración Universal de Derechos Humanos destaca el principio de integralidad de ese conjunto de derechos, es decir, un derecho no puede garantizarse en su totalidad si no se garantizan los demás. Así, el derecho a la libertad de pensamiento, por ejemplo, no está completo sin el derecho a la libertad de expresión. Los derechos humanos son, además, universales. Esto quiere decir que son inherentes a la condición humana: todas las personas son titulares y no pueden argumentarse, para justificar su violación, diferencias políticas, sociales o culturales, ni de características individuales relacionadas con el sexo, la etnia, el color de la piel, el idioma, la religión, posición económica, opinión política o de cualquier otra índole.
La Argentina se ha comprometido a cumplirlos ante la comunidad internacional, a través de la firma y ratificación de pactos, tratados y convenciones. No respetar ese compromiso también es aislarse del mundo.
