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Se recurrirá a la Corte por la inconstitucionalidad de la ley de Emergencia Económica

El fallo sólo se aplica en los expedientes que incluyen cobro de honorarios pero el proceso de acuerdos no se detendrá: ya aceptaron 1050 actores con una erogación de unos 1200 millones de pesos.

El fiscal de Estado, Luis Meza adelantó que la provincia recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para “defender” los intereses del Chaco, frente a un nuevo fallo adverso del Superior Tribunal de Justicia (STJ) generado en un expediente de acreedores judiciales que involucra el cobro de honorarios para abogados, y que pone en riesgo recursos genuinos y derivados de la coparticipación federal. Por otra parte, valoró los más de 1000 acuerdos alcanzados con trabajadores de la Justicia, que significaron la erogación de unos 1200 millones de pesos. 

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“Tengo fundadas esperanzas, pero cualquier situación adversa resentirá los recursos del Estado provincial”, dijo el fiscal de Estado, Luis Meza, al dar cuenta de un nuevo fallo adverso del STJ contra la ley de emergencia.

”Estamos trabajando intensamente y vamos a depender de la decisión de la Corte Suprema. Tengo fundadas esperanzas, pero cualquier situación adversa resentirá los recursos del Estado provincial”, advirtió en declaraciones a radio Universidad, y dijo que hay otras causas con honorarios importantes que generan reclamos en la Justicia contra el Estado chaqueño. Uno de esos casos es un reclamo de honorarios por 72 millones de pesos.

Meza explicó que existen dos causas. Dijo así que el fallo de inconstitucionalidad del STJ fue originado en un pedido de acreedores judiciales. “Hay otra causa que, por honorarios judiciales, fue a la Corte Suprema. Y hubo un embargo en otra causa por montos bastante siderales. Hemos logrado suspenderlos en base a un planteamiento que hizo la Fiscalía en diciembre de 2017, en virtud del cual tuvimos suerte y el juez suspendió la medida hasta que se tramite el incidente”, repasó.

Según alertó, toda esa situación acarrea “una gran incertidumbre porque están en juego montos importantes vinculados a recursos del Estado provincial, porque la mayoría están dirigidos al pago de sueldos de la Administración Pública”.

La Ley de Emergencia Económica fue promulgada por el Decreto 2092, que reglamentó la Ley 7751. El último fallo del STJ que la declaró inconstitucional obliga a embargar fondos públicos, desde la recaudación de ATP hasta coparticipación federal. “Estamos sorprendidos”, expuso Meza, para luego recordar que la ley se sancionó hace muy poco tiempo.

Más de mil convenios

“La Fiscalía de Estado, en defensa de los intereses de los chaqueños, está llevando adelante un trabajo arduo”, aseguró. Mencionó así los acuerdos forjados por la gestión de gobierno para resolver un problema de varias décadas con los empleados judiciales que reclamaron ante la Justicia no haber sido abarcados por la Ley de Enganche. Precisamente para cumplir con esa obligación, el Ejecutivo tomó un crédito en el exterior, recursos que se siguen aplicando para el pago a los acreedores que firman los acuerdos.

”Hemos celebrado más de mil acuerdos. Entonces pensamos que es evidente lo útil que fue la ley de emergencia en ese contexto, porque se está solucionando un problema de la gente; pero por otro lado tenemos un problema cuando sale un fallo de estas características, donde declara inconstitucional la ley”, contrastó Meza.

Destacó así el trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda, Fiduciaria del Norte, el Nuevo Banco del Chaco y la Fiscalía de Estado. “Estamos resolviendo los problemas con esta normativa legal. Hay un consentimiento amplio de los acreedores. Esto facilitó el funcionamiento económico de la provincia”, subrayó.

”Estamos preocupados. La idea es solucionar el problema de la gente y tratar de pagar, porque queremos cerrar este capítulo de vieja data y proteger a los servicios esenciales del Estado, porque el nacimiento de la ley fue precisamente para eso, porque se venían embargos a la coparticipación y los problemas para todos los chaqueños”, repasó el letrado.

Luego, recordó que los dos fallos adversos fueron “con la intervención de la doctora Grillo (Isabel, integrante del STJ), y con la conformación de un STJ ad-hoc que se formó por sorteo”. “Estos pronunciamientos van a recaer en el ámbito de los litigantes de esa causa, si son adversos en la Corte; pero no se ampliarán a los demás litigantes con los que seguiremos buscando acuerdos”, aclaró Meza, y dijo que reactivada la actividad judicial continuará el diálogo para llegar a más convenios.

”Nuestra idea es pagar lo más rápido que se pueda. Esa es la directiva del gobernador del Chaco, terminar con este capítulo porque el dinero está. Resta la colaboración de la gente que falta y que aún no solucionó su problema”, marcó, y recordó que el pago íntegro tiene un costo mayor y se hace en un determinado plazo.

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