AMIA: el Estado no pedirá penas para los fiscales acusados de encubrimiento
En el tramo decisivo del juicio por encubrimiento del atentado contra la AMIA, los abogados querellantes que representan al Estado cambiaron hoy a último momento el alegato final y no pidieron penas para los exfiscales acusados.
En este juicio, que está a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) y repasa la actuación de miembros de la Justicia y del Gobierno tras el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, están en el banquillo de acusados el ex presidente Carlos Menem, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el entonces director de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex juez Juan José Galeano, entre otros.
En una de las últimas audiencias del proceso, los abogados que representan al Estado cambiaron de postura y decidieron no solicitar condenas para los ex funcionarios del Ministerio Público Eamon Mullen y José Barbaccia -lo que no fue consensuado con el equipo de la querella-, al entender que no hay elementos para pensar que hubieran cometido delitos.
Puntualmente, a ellos se los responsabiliza por no seguir la denominada “Pista Siria” durante sus actuaciones en la causa que buscaba esclarecer el atentado, en ese entonces encarada por el juez Galeano, finalmente destituido.
La agrupación Memoria Activa cuestionó este giro de los representantes del Estado y denunció que el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, le ordenó al titular de la Unidad de Investigación AMIA, Mario Cimadevilla, “revocar el poder” del abogado Enrique Ventos, quien iba a encabezar el alegato final tras la feria judicial.
Esta entidad asegura que el letrado tenía planeado mantener el pedido de penas para Mullen y Barbaccia, pero señalan que en su lugar fue designado José Console, que también trabaja como secretario del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors.
Asimismo, Memoria Activa destacó que el año pasado la abogada querellante Mariana Stilman renunció a su tarea en este expediente e insistió en que el grupo de profesionales nunca acordó quitarle la responsabilidad a los dos fiscales en cuestión.
La propia Stilman manifestó a través de su cuenta de Twitter que “es mentira que las conclusiones que dice haber presentado Console son las conclusiones de la mayoría del equipo”.
En diciembre pasado, los fiscales de la Unidad AMIA habían pedido 4 años de cárcel para Menem; 13 para Galeano; 6 para el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y para el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, un año de prisión en suspenso.
En tanto, para Mullen y Barbaccia habían solicitado penas de 8 años de prisión, a lo que ahora no adhirieron los querellantes.
Durante muchos años, el Estado sostuvo que el juez Galeano no ordenó medidas inmediatas para determinar si existían vínculos entre el atentado y el ciudadano sirio Alberto Jacinto Kanoore Edul, propietario de la empresa de volquetes Santa Rita, uno de los cuales fue hallado en la puerta de la mutual judía tras la explosión.
De hecho, en el domicilio de Kanoore Edul se encontró luego una agenda con el nombre y la dirección del por entonces agregado cultural de la embajada de Irán Moshen Rabbani, así como también de sus contactos con el vendedor de autos Carlos Alberto Telleldín, uno de los principales implicados en la investigación.
Rabbani es el principal funcionario de la embajada iraní por el que pesa orden de captura internacional en relación con el atentado a la AMIA en el que murieron 85 personas.
Kanoore Edul, en tanto, tenía vínculos cercanos con el entonces presidente Carlos Menem: su padre incluso había sido recibido por el mandatario en la Casa Rosada.
El juicio oral comenzó en agosto de 2015 y está a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel.
Además de la pista siria, durante las audiencias se ventiló el pago ilegal de 400 mil dólares a Telleldín que Galeano le solicitó a la SIDE para que el principal sospechoso en el tramo inicial de la investigación involucrara en el atentado a cuatro oficiales de la Policía Bonaerense.
Los supuestos delitos cometidos son los de peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, coacción, encubrimiento, destrucción de medios de prueba y falsedad ideológica de documento público.
Las últimas palabras de los acusados y el veredicto que se calcula para mediados de 2018.
Fuente: NA.
