El acceso a los datos públicos
El modelo de burocracia de los Estados, característicos del siglo XX, viene sufriendo modificaciones en todo el mundo por los cambios que se producen en la economía, la política y la cultura por el impacto de las nuevas tecnologías. Es por eso que en los últimos años en muchos países se comenzó a trabajar con un nuevo abordaje de la cuestión pública, donde la atención se centra en el ciudadano. Desde esa perspectiva, se planteó la necesidad de modernizar el Estado y promover el acceso a los datos de gestión de los distintos gobiernos.
En nuestro país, el Ejecutivo nacional emitió un decreto que puso en marcha el Plan de Apertura de Datos, a través del cual el gobierno central se comprometi ó a publicar ciertos datos en formato abierto, es decir que se pudiesen bajar y trabajar para poder analizarlos y sacar conclusiones a partir de ellos. El decreto, que es del año 2016, explicaba que el gobierno nacional se comprometía a abrir los datos al público para que la ciudadanía pudiera conocer detalles de contrataciones y licitaciones, y el personal que se desempeña en la órbita estatal y sus salarios, entre otras cosas. El Ejecutivo nacional también exigió a cada ministerio que se comprometiera a publicar sus datos.
Sin embargo, de acuerdo con un relevamiento de Chequeado, un sitio web argentino que verifica la veracidad de discursos de políticos y de informes de medios locales, contrastándolos con fuentes primarias y con la opinión de especialistas, si se consideran esos compromisos asumidos por el Gobierno nacional, solo una minoría de organismos públicos cumplieron con la promesa de abrir la totalidad de la información.
Un informe publicado por Chequeado.com recuerda que el plazo para cumplir con esos compromisos venció el 31 de diciembre de 2017 y señala que si bien se registraron avances en la publicación de información en estos primeros dos años de la gestión nacional de Cambiemos, ya que hoy es posible acceder a través de la plataforma Presupuesto Abierto elaborada por el Ministerio de Hacienda de la Nación a más información sobre los fondos disponibles de lo que se podía antes con el Sitio del Ciudadano, por ejemplo con información a nivel provincial, y además se pueden descargar en formato abierto las declaraciones juradas de los funcionarios, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando sólo era posible acceder a través de documentos en formato PDF; también es cierto que en otras áreas no se cumplió del todo con lo prometido.
Según la investigación de Chequeado, en el caso del registro de personas contratadas por el Estado nacional, sólo hay datos del año 2015, es decir que son datos con más de dos años de retraso. Algo similar ocurre con el caso de las contrataciones del Estado, para las cuales sólo hay datos hasta 2016, a pesar de que se prometió una actualización cada medio año. Por otra parte, el informe de Chequeado observa que hay diferencias marcadas entre los distintos organismos: mientras el Ministerio de Hacienda puso a disposición del público una aplicación que permite a acceder de forma directa a la información y reutilizarla para distintos fines, el Ministerio de Desarrollo Social sigue sin publicar datos, salvo un mapa con las dependencias que tiene en el país. Pero eso no es todo, también se comprobó que algunos ministerios nacionales lanzaron sus propios sitios de datos abiertos, aunque no todos cumplen con los estándares de publicación establecidos por el Ministerio de Modernización. El Ministerio de Transporte de la Nación, por ejemplo, publica datos de subsidios, la cantidad de viajes en los diferentes tipos de transporte, entre otros, pero advierte que “su exactitud no se encuentra certificada por este Ministerio”. En este sentido, el informe de Chequeado advierte que esta situación hace dudar de la confiabilidad de los datos.
En este punto, cabe aclarar que lo que se busca con la apertura de los datos públicos es que los distintos sectores de la sociedad puedan reutilizar esos datos y generar nueva información. No está de más recordar, además, que la Constitución Nacional garantiza tanto el principio de publicidad de los actos de Gobierno como el derecho de acceso a la información pública, por lo que es de esperar que se cumplan con las promesas de apertura de datos para que la información pública esté al alcance de todos los ciudadanos.
